En noviembre de 1991 el presidente César Gaviria ordenó crear un sistema de identificación de NN y registro de desaparecidos, para disminuir el número de desaparecidos y el de muertos enterrados sin saber su nombre. La idea, sugerida por la Dirección de Instrucción Criminal,  era simple y brillante: la probabilidad de que los 1000 o 2000 “desaparecidos” anuales hubieran sido escondidos por los criminales y estuvieran vivos, era baja: los delincuentes, paramilitares, militares y policías desviados cogían a alguien a escondidas para matarlo, a veces después de torturarlo y cuestionarlo, y escondían el cadáver, lo echaban a un río o lo dejaban donde nadie lo conociera para demorar la investigación del homicidio. Una autoridad que encuentra un cadáver sin documentos, que nadie reclama, lo entierra como NN, y si es diligente, manda las huellas dactilares a la Registraduría para recibir, meses después, el nombre de la víctima, lo que raras veces servía para algo, pues tampoco le decía nada al investigador.

Por lo tanto, si la lista de los desaparecidos podía coincidir en gran parte con la de NN, lo lógico era tener bases de datos detalladas y completas, y compararlas entre sí. Para evitar la demora al buscar el nombre a partir de las huellas, se debía comenzar por los desaparecidos: quienes denunciaran una desaparición, debían dar todos los datos que permitieran identificar un NN: cédula, rasgos físicos, placas dentales, etc. La entidad que manejara las listas, que serían públicas, pediría las huellas a Registraduría, que en pocos minutos las encontraría. Cuando apareciera un NN, se tomarían fotos y datos comparables y se verificarían las huellas inmediatamente con la base de desaparecidos, lo que facilitaba la investigación, mientras los familiares que buscaban a sus desaparecidos podrían revisar las fotos y datos de todos los NN enterrados en el país.

El sistema, diseñado con todo detalle con el apoyo de varias entidades públicas y privadas, no se aplicó inmediatamente: el Registrador se negó a participar en el proyecto y a mandar las huellas pedidas, a menos que la ley se lo ordenara, pues la desaparición no era delito. El director del DAS apoyó con entusiasmo la idea, con la condición de que esa entidad controlara las listas; el director de la Policía opinó lo mismo y no se pusieron de acuerdo. El presidente recomendó proponer la tarea a la Fiscalía, que empezaría a existir unos meses después. Así se hizo y entre 1992 y 1993 la Fiscalía y Decypol en Medellín, pusieron en marcha el mecanismo, que produjo resultados inmediatos. Time sacó una crónica entusiasta y Semana narró como la fiscalía, con sus expertos, había inventado la solución perfecta. Finalmente se superaría el trágico escándalo de no saber a quien se entierra y de que los familiares deban perseguir el fantasma del desaparecido, probablemente ya muerto, sin lograr la dolorosa certeza de saber que pasó, ni poder arreglar los asuntos legales.

El sistema se abandonó algún tiempo después, por lo que parece. Resucitó de nuevo en 2006, cuando el presidente Uribe volvió a decretar que se crearan esas bases de datos. La Fiscalía se dio cuenta, al empezar a desenterrar fosas comunes, que le habrían servido mucho los datos de los desaparecidos de los últimos veinte años, y se asignó a Medicina Legal el registro único correspondiente, poniendo otra vez en marcha un sistema varias veces desaparecido, y que se siguió usando poco, como lo muestran los falsos positivos, enterrados en 2008 como NN, sin verificar las bases de datos.

Ahora, el Ministerio del Interior anuncia que harán otra vez lo mismo, con Medicina Legal y Registraduría, aunque, a juzgar por lo que informan los medios, las cosas siguen confusas: dicen que no enterrarán a ningún NN (utópico), creen que muchos casos esto se debe a que la gente no saca cédula (inexacto) y no hablan de la Fiscalía, que se apresuró a contar lo que hace. Si ignoran el pasado, es probable que tengan que volver a aprender lo que ya se sabía, pero es urgente que lo hagan y no importa que repitan por cuarta vez la historia, si esto ayuda a las víctimas y a sus familias.

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ambito Jurídico No. 311, 29 de noviembre de 2010
 
PD. Según una nota reciente de El Tiempo,. en 2003 el gobierno de USA regaló 4 millones de dólares para organizar un sistema de información sobre secuestrados. 
Según otra nota del 16 de este mes, en la Fiscalía hay ahora una "nueva unidad de desaparecidos" que "comenzará con 35.000 casos de desaparición forzada, que estaban regados por todo el país"!
Medicina Legal tiene una buena base de datos que permite que una persona averigüe si una persona que busca y que pudo estar como NN ha sido identificada. No parece –al menos no lo encontré- que exista un sistema por el cual yo pueda, si tengo algunos datos pero no el nombre, hacer una búsqueda que contribuya a identificar a la persona que busco.