La vida en una sociedad moderna esta ordenada por una amplia red de reglas y normas, desde las que prohíben matar o robar hasta las que indican que hay que manejar por la derecha o no dejar las llaves del agua abierta. Cada sociedad, según su tradición y sus creencias, trata de lograr que sus habitantes sigan las reglas de juego. Algunas buscan ante todo que las personas actúen bien: refuerzan la educación o la conciencia de que el cumplimiento de las normas es conveniente; otras dan énfasis a la prohibición y el castigo.

Un ejemplo de esto puede ser lo ocurrido en Holanda, desde hace unos años, para proteger la salud de los meseros, se prohibió el cigarrillo en restaurantes y cafés. En muchos cafés es ilegal prender un tabaco, pero se puede fumar marihuana, lo que subraya como en el sistema de control social holandés las prohibiciones son pocas y buscan reducir los daños a la sociedad, sin interferir mucho la libertad de las personas. Hay pocos policías, dedicados sobre todo a luchar contra la delincuencia profesional. Se espera que la gente cumpla las reglas de vida cotidiana (no botar basuras o ensuciar sitios públicos, respetar las normas de tránsito o de salud, pagar en el metro o los buses) porque creen en ellas, han sido educadas para respetarlas, y son sancionados en forma leve pero implacable si las violan.

Algo similar ocurre en Alemania, un país que, contra la imagen habitual, es poco autoritario en la vida diaria: en Berlín, por ejemplo, los trenes y el transporte público no tienen barreras ni vigilantes y aparentemente uno puede usarlos sin pagar un tiquete ni pasar un control. Allí prefieren no gastar policías ni vigilantes para verificar que todos tengan un tiquete, pero, como en Holanda, un control ocasional permite sancionar con multas fuertes, que se aplican inexorablemente, a quienes hayan entrado al tren sin pagarlo. Es difícil ver un policía en las calles, en los parques o en los sistemas de transporte público.

El sistema, por supuesto, funciona y tiene resultados aceptables: en comparación con Colombia, no hay muchos homicidios, atracos violentos, robos de viviendas o vehículos. La policía y la justicia son eficaces en frenar esos delitos, mientras que dejan a la regulación social, a la educación, a la familia y a los ciudadanos la mayor parte del control de la conducta cotidiana. Y no hacen falta muchos policías: los países nórdicos, Alemania o los Países Bajos tienen menos de la mitad de los policías por habitante que tiene Colombia, donde con frecuencia se atribuye la alta delincuencia a que hay pocos policías.

En nuestros países rige una lógica en parte opuesta: hacemos más reglas y normas de las que estamos dispuestos a cumplir, definimos más conductas como delitos y les señalamos en el papel sanciones penales muy fuertes, pero poco aplicadas. Como la prevención moral funciona poco, tratamos de tener un policía en cada esquina, para que vigile a los ciudadanos y evite que contravengan las normas de convivencia social. Complicamos y hacemos difícil la aplicación de las sanciones leves, como las multas y las detenciones breves, pero gastamos una parte exorbitante de la energía de la policía en reprimir y controlar conductas triviales, lo que les impide ser más eficaces en la lucha contra la delincuencia grave, que finalmente es la que hace inseguro el país.

Mejorar el cumplimiento de la ley en Colombia requiere una revisión integral de la lógica con la que se busca regular la sociedad. Una sociedad que aprende a manejar bien su vida diaria, que respeta el medio ambiente, que piensa en los demás al hacer una fila o manejar un carro, puede también tener más éxito para quitar espacio a los delitos más graves. No es fácil cambiar la orientación global de un país o una cultura, pero la experiencia muestra que los colombianos aprenden. Reconstruir la convivencia social, después de años de desorden, es posible, pero valdría la pena intentar una política coherente, en la que se trate de mirar al mismo tiempo la educación, las reglas de convivencia ciudadana y las políticas de seguridad y lucha contra el crimen.

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ambito Jurídico No. 307, 4 de octubre de 2010