La Constitución de EE UU ha sobrevivido, con 27 reformas, durante más de dos siglos. Los colombianos hicimos más de 30 constituciones en el mismo tiempo, y la última, de 1991, tiene ya 35 reformas vigentes. En este momento hay varias reformas más en trámite, para suprimir la vicepresidencia, prohibir el aborto y la muerte asistida, impedir que los extranjeros compren tierra, y muchas más.
 
Podría pensarse que esta facilidad para cambiar las normas fundamentales, las bases del edificio político, indica que nuestras constituciones son muy malas, mientras que la de EE UU es muy buena. Sin embargo, esto es poco probable. La Constitución norteamericana tiene instituciones y normas que cualquier experto colombiano vería como insensatas. En estos momentos, puede llevar a que el sistema fiscal se vuelva inmanejable, con efectos graves sobre la deuda pública: la Constitución no prevé cómo resolver un conflicto entre el presidente y el Congreso sobre esto.
 
Más extraña es la forma de elegir Presidente: los ciudadanos votan por unos electores, que pueden votar por el que quieran. En ciertas ocasiones, como en el 2002, el presidente elegido tuvo menos votos que el perdedor, y eso que el ganador había recibido un buen número de votos fraudulentos.
 
En resumen, es una Constitución imprecisa y vaga, que desde su aprobación tuvo que ser interpretada, a veces en sentidos diferentes, para poderse aplicar en casos de duda o conflicto. Nuestras constituciones, por el contrario, son detalladas y previsivas, y tratan de resolver de antemano todos los conflictos imaginables.
 
Lo curioso es que nuestras constituciones tan cuidadosas no hayan creado un sistema político que funcione bien. En el siglo XIX las guerras civiles fueron el mecanismo preferido para que la oposición tratara de ganar el derecho a gobernar. Y en el siglo XX, después de un periodo de relativa paz pero pocas oportunidades de triunfo para los que no estaban en el gobierno, nuestra vida política ha estado marcada por más de cincuenta años de violencia y por una gran desconfianza en la legitimidad del sistema. Mientras tanto, la imperfecta Constitución de EE UU no impide que lleven siglo y medio de paz interna, y que los ciudadanos sientan que el sistema funciona, a pesar de todos sus defectos.
 
La razón es simple: la Constitución de EE UU fija reglas de juego, pero lo que vayan  a hacer los gobiernos lo decide la sociedad a través de su debate político. Nosotros queremos, por el contrario, que la Constitución, y no la voluntad popular expresada en el Gobierno y el Congreso, resuelva los problemas y garantice la vida y el bienestar de todos. No creemos mucho en la sociedad, ni en la política, ni en los gobiernos. Una política, para ser buena, debe dejar de ser de gobierno y volverse política de Estado, es decir salir del mundo fluido del debate social.
 
Lo importante, en un caso, es la sociedad civil: ella puede cambiar, y la Constitución se acomoda a lo que quieran las nuevas fuerzas sociales. Nosotros pensamos que es la sociedad la que debe moldearse siguiendo una Constitución y unas leyes ideales. En EE UU, como no estaban de acuerdo en muchas cosas, hicieron una Constitución de compromiso, que se centraba en fijar reglas para la toma de decisiones. Nosotros queremos que la Constitución diga cómo debemos cambiar, como va a ser el “estado social de derecho” en el que viviremos, y hasta de quién podemos reírnos.
 
Como no somos buenos para lograr compromisos, queremos que todos los conflictos estén previstos, que todo posible choque de trenes sea anticipado, que toda eventualidad en la salud o los gestos de un vicepresidente esté calculada. Queremos una Constitución perfecta, y la cambiamos cada que en algún detalle se descuadra del sueño ilusorio que la forma.

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ámbito Jurídico, 6 de octubre de 2012