Un libro reciente, inteligente y original, ha estudiado en detalle un problema central de la cultura colombiana: la tendencia a incumplir las normas, reglas o leyes que rigen la convivencia social. En Normas de Papel: la cultura del incumplimiento de reglas, Mauricio García y un amplio grupo de colaboradores analizan por ejemplo la tendencia de muchos taxistas a violar las reglas de tránsito; muestran qué hace que en algunos sitios se respete la fila, pero en otros sea frecuente que alguien se cuele; analizan por qué los estudiantes de la Nacional y de los Andes tienen una visión diferente en relación con el fraude académico (es alto el número de alumnos que considera aceptable apropiarse de textos ajenos o incluir a un zángano en un trabajo de grupo); intentan aclarar por qué vemos con simpatía a los que traen gasolina de contrabando.

Estos son solo unos casos de los muchos analizados en un libro que busca las razones del incumplimiento de las reglas hasta en las letras de las canciones que le gustan a la gente, y que además trata de analizar las razones históricas, éticas o pragmáticas que lo explican.

El tema es complejo e importante, y sin duda hay relación entre la tendencia a aceptar el incumplimiento menor de la norma y la frecuencia de violaciones más graves. Si en la universidad está bien comprar libros piratas (y las mismas universidades del país los publican) y mucho profesor trata de ascender en el escalafón plagiando trabajos ajenos, no es de extrañar que en el país la idea del empresario exitoso se confunda en muchos casos con la contratación tramposa con el estado y con el uso de influencias para hacer negocios brillantes. Y sabemos cómo se justifica en muchos casos la impunidad: si un delito es muy frecuente, es injusto sancionar sólo a unos pocos. En un caso grave y reciente: aunque la constitución define la vida como un derecho fundamental, para muchos compatriotas los paramilitares fueron delincuentes meritorios, que no respetaban las normas legales ni religiosas porque tenían una justificación superior.

No entran los autores, excepto de paso, en algo muy frecuente: que las autoridades mismas promuevan en diversas formas la cultura del incumplimiento. Todos hemos visto como la incompetencia administrativa, con la que se puede contar en casi todos los casos de montaje apresurado y mal contratado de sistemas complejos de gestión, lleva al fracaso de las normas. El predial de Bogotá, el RUNT, la PILA, son ejemplos de cómo, después de que el ciudadano ha sido amenazado con drásticas sanciones si no cumple su obligación a tiempo, se entera de que algo falló y que habrá una nueva fecha límite.

Por eso muchos no corrimos a cambiar la cédula el año pasado: estaba tan mal organizado el proceso, había unas filas tan absurdas, que era fijo que habría un nuevo plazo. Y los choferes de servicio público de Bogotá ya han descubierto que recibirán nuevos plazos, descuentos y amnistías cada vez que incumplan el pago de sus multas.

Igual de dañina es la tendencia a combatir el incumplimiento de las normas haciendo nuevas leyes. Todo gobierno entrega su capital político a los congresistas en el primer año, convencido de que si no cambia las leyes vigentes, en vez de cumplirlas, no tendrá recursos ni normas adecuadas para administrar el país.

Y como no se castiga a homicidas o violadores de niños, se hace una ley para que la amenaza de la pena crezca, aunque disminuya la probabilidad de su cumplimiento. Un ejercicio dañino, que hace 400 años describía con precisión don Quijote de la Mancha:
“No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espanta, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella.”

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ambito Jurídico No. 295, 15 de abril de 2010