En junio de este año el Congreso de EE UU supo que el FBI había usado algunas veces aviones no tripulados, o zánganos, como los llaman en inglés (drones), dentro del territorio norteamericano. Los senadores, republicanos y demócratas, estuvieron de acuerdo en rechazar esto. Como lo señaló uno de los congresistas, aunque el zumbido de los zánganos puede ayudar a la seguridad, lo que los ciudadanos esperan ante todo de su gobierno es que proteja sus derechos constitucionales, como la intimidad.
 
La respuesta del Senado está muy influida por las recientes revelaciones de E. Snowden sobre la supervisión de internet por el gobierno de EE UU. Sabemos que las agencias de seguridad de ese país han recogido información privada –correos electrónicos y conversaciones digitales– en todo el mundo. Pero como esas chuzadas digitales se hacen a extranjeros, la reacción en EE UU no ha sido tan fuerte como la que provocaría la grabación de llamadas privadas de ciudadanos del país. Recoger las conversaciones de chinos o árabes o de funcionarios de gobiernos latinoamericanos (Colombia ha estado entre las víctimas), y acumularlas para analizarlas usando técnicas de manejo de información digitales puede parecer útil, pero vigilar, sin orden judicial, a los norteamericanos, viola en forma patente la Constitución de ese país.
 
A mediados de agosto, la Alcaldía de Bogotá informó que haría pruebas de estos zánganos para vigilar la ciudad, y nadie parece haberse preocupado. Mientras en EE UU los congresistas pidieron que se suspendiera el uso de los avioncitos mientras se definían con claridad las reglas para que no violaran los derechos a la intimidad, aquí no se ha discutido nada sobre esto. ¿Tiene derecho un alcalde a poner a volar los zánganos sobre las casas de los habitantes de cualquier ciudad y filmar lo que hacen en sus patios y terrazas, en zonas que son privadas? ¿No se necesita una orden judicial específica para filmar un espacio privado? ¿Cómo se va a garantizar que esta información no se va a usar contra los ciudadanos?
 
Una cámara en una calle o en un centro comercial está en un espacio público. Aunque hay argumentos contra una vigilancia omnipresente, quienes están en la calle o un parque saben que están en un sitio público y que hay cámaras que los filman, para cobrarles multas o ver si atracan a un transeúnte. Pero la Constitución nos dice que existe un derecho a la vida privada, y este debe poder ejercerse sin restricciones indebidas entre las paredes de la propia casa.
 
La tendencia a formar una sociedad policial, con el hermano mayor que nos vigila y lleva de la mano, es muy fuerte entre nosotros. Hace años se anunció que se filmarían los colegios de Bogotá, para evitar conductas indebidas de estudiantes o profesores. Supongo, pues no he vuelto a ver nada al respecto, que la absurda y totalitaria idea se abandonó, aunque, por la poca sensibilidad ante estos asuntos, no sería raro que se haga y nadie diga nada. Parece que los que chillan cuando los chuzan son los periodistas, los jueces y los políticos de oposición, pero la gente común se ha ido acostumbrando a que la graben y filmen sin restricciones. El ambiente de las redes sociales, con el exhibicionismo con que muchos comparten libremente su vida privada, parece extenderse a todo, y ya es raro que alguien se preocupe por defender su intimidad.
 
Pero esto es grave: la democracia supone que el ciudadano, débil frente al Estado, tiene la garantía legal de que las entidades públicas no se enteran de su vida privada y no pueden usar información sobre ella para acosarlo en ninguna forma ni en ningún ámbito, penal, tributario o administrativo. El senador Petro rechazó las chuzadas y seguimientos ilegales. El alcalde Petro debe seguir ese ejemplo.
 

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ámbito Jurídico No. 377, 2 de septiembre de 2013