Ignacio Torres Giraldo fue un aguerrido defensor obrero de comienzos del siglo XX, promotor de la huelga bananera de 1928 y fundador del Partido Socialista Revolucionario, que se convirtió en el Partido Comunista de Colombia y se afilió a la internacional comunista. Los rusos, para recibirlo, obligaron a Torres Giraldo a confesar los errores políticos del partido. En un revelador libro, Liquidando el Pasado, que acaban de publicar Klaus Meshkat y José María Rojas, aparecen los tristes documentos en que Torres se “autocritica” y acepta que “objetivamente” trabajó a favor del “enemigo de clase” y que el partido Socialista Revolucionario actuó como “agente de la burguesía y de los imperialistas”.

Lo lógica era inflexible: lo importante no era mostrar el error, sino convertir al que no estaba totalmente de acuerdo, al disidente, al crítico, en “enemigo” y darle el trato merecido. Alguna consecuencia imprevisible de un acto podía quizás servir al enemigo: esto probaba que el amigo se había vuelto un traidor y debía desenmascararse. Con este argumento los comunistas fusilaron a miles de sus camaradas en Rusia, en 1936 y 1937, y a muchos anarquistas y trotskistas en España.

Esta forma de argumentar se ha vuelto frecuente en Colombia. Para Plinio Apuleyo Mendoza, quien otrora militó en filas estalinistas, “la Fiscalía es la mejor aliada” de las FARC. Muchos afirman que quienes apoyan un intercambio de secuestrados por presos son “intelectuales de las FARC”. Y en un caso extremo, Fernando Londoño Uribe afirmó que el golpe más exitoso de la guerrilla se dio cuando 27 militares “fueron sacrificados... porque supuestamente eran autores de falsos positivos”. ¿Quien dio ese golpe a favor de las FARC, quien sacrificó los militares? Sin duda Londoño se refiere al Presidente y al Ministro de Defensa. Ahora, con ocasión de una sentencia del Consejo de Estado, Guillermo Santos Calderón comenta: “Buen golpe dieron las FARC por medio del Consejo de Estado con la sentencia que prohibió llevar a las áreas de combate a los que prestan servicio militar obligatorio.”

Es razonable pensar que la fiscalía se equivoca, o que el intercambio de secuestrados es inconveniente, o que la sentencia del Consejo de Estado es un error. Lo absurdo es la lógica estalinista de que si alguna acción tiene consecuencias que pueden favorecer a la guerrilla, sus autores son cómplices y agentes de ella, aunque actúen en defensa de las instituciones: sus intenciones no importan y son objetivamente enemigos, traidores y hasta delincuentes. La sentencia sobre servicio militar es discutible. El Consejo de Estado cita la ley de 1993 que dice que “Los soldados reclutados en calidad de conscriptos deben recibir instrucción para realizar actividades de bienestar social en beneficio de la comunidad y tareas para la preservación del medio ambiente y la conservación ecológica” y deduce de allí que no pueden destinarse a labores de combate, pero omite la frase que introduce el texto anterior: “además de su formación militar y demás obligaciones de su condición de soldado”. Al sacar la cita de contexto y quitar parte esencial del texto, el Consejo cambia el sentido a la ley y convierte una obligación secundaria del soldado en su función central. Y contradice la Constitución, que dice que los colombianos “están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. El servicio militar es militar, y para sembrar árboles no hay que “tomar las armas”.

Las implicaciones para la equidad son también graves Que los pobres corran los peligros de la guerra, pues son los que se “regalan” como voluntarios por falta de alternativa laboral, mientras que los demás presten un servicio social y ecológico, sería volver al pasado, a la época en que la justicia y el servicio militar eran para los de ruana.

Pero lo esencial es que el país discuta el tema con calma, sin tergiversaciones y sin convertir la lógica estalinista en la forma predominante de razonamiento.

Jorge Orlando Melo
Publicado en: Ámbito Jurídico, 18 de mayo de 2009