En 2002 los ciudadanos colombianos dejaron de creer en un diálogo ingenuo con las guerrillas y apoyaron con entusiasmo la firmeza con que el presidente Uribe enfrentó las FARC. La nueva política tuvo resultados inmediatos: ya en 2004 los grupos armados eran incapaces de bloquear carreteras, atacar municipios aislados y secuestrar en masa políticos o gente rica.

El éxito surgía de algo real: las mejoras en la capacidad del ejército, su dotación y sus estrategias, sujetas a una supervisión continua y exigente del gobierno. Sobre esta firme base, el gobierno elaboró una estrategia de seguridad que incluía una invocación de principio a la democracia pero, sobre todo, un esfuerzo para aislar los grupos guerrilleros y quitarles el apoyo social o político que alguna vez pudieron tener.

Este proyecto, complejo y no siempre coherente, incluía la negación del conflicto interno; la crítica a la idea de que la guerrilla tuviera motivación política y su caracterización como grupo terrorista, el rechazo a la noción de delito político. Cuando la carta política más fuerte de la guerrilla parecía ser la propuesta de “intercambios humanitarios”, el gobierno rechazó todo diálogo sobre temas distintos a su eventual desarme o el acuerdo sobre las condiciones prácticas para liberar secuestrados. Los grupos partidarios de negociaciones de paz, los organismos de derechos humanos, fueron a veces presentados como partidarios de la guerrilla, traficantes de la subversión o, en último extremo, idiotas útiles que con su blandura daban aliento al terrorismo. Con eso, el gobierno buscaba evitar lo que veía como el peor riesgo: abandonar la firmeza y recaer en el pantano de una negociación pacifista: había que unir el país, monolítica, solidariamente, alrededor de la política oficial.

Mientras que la acción militar ha tenido éxito, no parece que el complemento retórico haya tenido efectos tan positivos, y supone unas simpatías por la guerrilla, dentro y fuera del país, inexistentes hace ya 15 o 20 años: los pocos gestos de apoyo que obtiene los provoca casi siempre la desconfianza que produce un gobierno cuyo control de la legalidad de la acción militar es errático y el horror ante las violaciones de derechos humanos que, aunque bastante disminuidas, todavía se dan en el país. Es una lucha contra un fantasma impotente.

Lo que sí ha tenido es efectos secundarios dañinos. La estrategia de unidad se convirtió en una política del miedo, defensiva y divisiva, que exagera la gravedad del peligro guerrillero y la importancia de los ocasionales apoyos externos que recibe. En este clima, sólo hay amigos y enemigos. El ambiente de debate político, el cumplimiento de la ley, la adopción de reformas políticas, la elección de funcionarios judiciales, la política exterior, han terminado subordinados a la lógica de la confrontación, y los adversarios, en uno y otro lado, se tratan como presuntos criminales, pero se eximen de cumplir ellos mismos la ley por el derecho a la defensa propia. La política de seguridad ciudadana y la política criminal  se han vuelto incoherentes, con penas que ya no tienen relación con la gravedad de los delitos y no disuaden al criminal.

Paradójicamente, los grandes éxitos de la seguridad se trasmutan así en la sensación de que el país está bajo una amenaza inmediata y hasta los observadores internacionales ven otra vez a Colombia, no más cerca de la paz, sino en medio de amenazas inminentes.

Esta retórica del miedo tiene otra ventaja y es que apoya la reelección presidencial, para evitar el gran peligro de un gobierno débil con la guerrilla: quizás esto es lo que la ha mantenido viva. Ojalá apenas se escoja un nuevo gobierno, el que sea, éste advierta y acepte que ya es posible que el país, sobre la base de lo logrado, mantenga y acentúe la firmeza hacia la guerrilla, pero defina un proyecto de seguridad integral, con una política coherente de justicia orientada a desestimular el crimen, una política de cultura ciudadana que estimule el cumplimiento de la ley por todos y una posibilidad de negociar un final anticipado al conflicto armado. Ya es posible un país sin tantos sobresaltos, tranquilo, tolerante y con confianza en sí mismo.

Jorge Orlando Melo

Publicado en Ámbito Jurídico, 7 de septiembre de 2009