Las informaciones de prensa son confusas y contradictorias. Entre enero y agosto salen de Bogotá unos 19 jóvenes, y a varios de ellos los llevan a los dos o 3 días a la morgue de Ocaña, muertos a bala. Como los cadáveres no son reclamados por los familiares, algunos de los cuales habían denunciado su desaparición en Bogotá, los entierran como NNs en una fosa común. Nadie dice quien los llevó a la morgue, pero quizás fueron unidades militares, pues los pasaron en agosto a la fosa, con aprobación del comandante de la brigada local.

A comienzos de septiembre Medicina Legal (o la Fiscalía) identifica los cuerpos y descubre que son de jóvenes cuya desaparición se había denunciado. Algunas familias reciben entonces la información, pero solo el 23 de septiembre salen las primeras noticias: El Espectador informa que aparecieron 11 cadáveres de jóvenes que habrían sido asesinados por las FARC, algunos torturados, tal vez al tratar de fugarse después de enrolarse en la guerrilla. Pero el 24 el comandante de la Brigada 30 informa que 9 de los muertos cayeron en cinco combates con el ejército, que 4 tenían antecedentes penales y uno era del ELN, y que la inteligencia los había guiado hasta ellos.

El 26 la prensa dice que los cadáveres en Ocaña son 23, y El Tiempo cuenta que entre enero y agosto desaparecieron de Risaralda 18 jóvenes más, que murieron a los pocos días enfrentados con el ejército. El ministro de Defensa, inmediatamente, plantea dudas y declara al respecto que “Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra Fuerza Pública que están exigiendo como resultado cuerpos. Yo me resisto a creer que eso sea cierto”. 

El ministro dijo lo que debía: que se investigará y, aunque espera que no haya militares responsables, que se sancionará a quienes resulten culpables. Además, dijo algo obvio pero importante: “Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto… Que no haya incentivos perversos”.

La historia es incomprensible y la información todavía incompleta, pero vale la pena subrayar desde ahora algunos elementos de ella:

1.      No parece razonable que hayan pasado seis o siete meses sin que la Fiscalía o Medicina Legal relacionaran las desapariciones de Bogotá con los cadáveres que esperaban identificación en Ocaña. Desde 1992 la Fiscalía tiene un “Programa de Identificación a Víctimas NNs y Búsqueda de Personas Desaparecidas”, con una base de datos nacional que, según decía la fiscalía ya en 1996, permitía  un cruce inmediato de información de desaparecidos y NNs, lo que debería facilitar la identificación rápida de los muertos.

2.      El ejército no parece haber reivindicado públicamente estas bajas, pues las primeras informaciones atribuyeron los muertos a las FARC.  Sin embargo, es posible que internamente hayan sido reportadas como resultado de acciones exitosas, y que la fiscalía supiera que los cadáveres de la morgue habían sido dados de baja por el ejército. Solo después de las primeras noticias, el comandante local declaró que habían muerto en choques con el ejército.

3.  Es absurdo que muchas de las víctimas hayan muerto a pocas horas de llegar a Ocaña, sin tiempo para entrenarse o recibir el arma con la que habrían enfrentado al ejército.

El caso tiene implicaciones éticas y legales graves, que deberán discutirse. Pero, en términos de pura eficacia, es bueno que el Ministro haya subrayado que solo sirven resultados que afecten a la guerrilla o los paramilitares: el ejército no avanzará ganando batallas inventadas. Y que rechace la perversión tradicional de preferir un guerrillero muerto –que no da información, ni sirve en posibles negociaciones- a uno preso.

Hay que insistir también en que, incluso en términos pragmáticos, los resultados reales, contra guerrilleros y paramilitares de verdad, solo son útiles a la larga si se logran con respeto a la ley y a los derechos humanos, pues los que se obtienen con la lógica de que contra los enemigos todo vale, que si el resultado es bueno no importan los medios, debilitan las instituciones. El que viola la ley para ganar, la viola con igual facilidad para aparentar que gana.

Jorge Orlando Melo

Ámbito Jurídico, 6 de octubre de 2008