Los datos sobre la caída en el nivel de homicidios de las principales ciudades del país son muy satisfactorios. En efecto, confirman que Medellín, Bogotá y Cali han avanzado mucho en la lucha contra la más terrible señal de barbarie de Colombia. Medellín era, hasta hace poco, la ciudad del mundo con la más alta tasa de homicidios: en 1991 llegó a 385 muertes por 100.000 habitantes. Mirando los últimos cuatro años, de 2002 al primer semestre de este año, las cifras indican cambios muy alentadores: Cali pasó de una tasa de 92 a 56, Bogotá de 28 a 18 y Medellín de 184 a 31.  Bogotá está entre las ciudades latinoamericanas con menor tasa de violencia y Medellín está cerca al promedio. Solo Cali sigue con niveles relativamente altos, superada únicamente por Ciudad de Guatemala y Caracas.  

Son resultados que deben alegrar al país: en estos cuatro años, si las tasas se hubieran mantenido en el nivel de 2002, habrían muerto en estas tres ciudades, el año pasado, cerca de 4.700 personas más de los que realmente murieron. El ahorro en vidas, pues, es inmenso. Pero son todavía cifras altas: este año, si se mantiene la tasa del primer semestre, 3.000 personas serán víctimas de homicidios en nuestras tres ciudades principales. Si alcanzáramos el nivel de Buenos Aires, donde la tasa de 2005 fue de 5 por 100.000, los homicidios de las tres grandes ciudades colombianas apenas llegarían a 550 personas por año.  

Queda pues mucho por avanzar. Pero se está andando en la dirección correcta, y por eso vale la pena subrayar que estos resultados son consecuencia de un conjunto de factores muy variados, y de políticas muy diversas, que no pueden ni deben simplificarse. Combinan factores sociales e históricos, como el impacto retrasado de los grandes golpes dados al narcotráfico a comienzos de los años noventas, que debilitaron los mecanismos que estimulaban el armamento de más y más delincuentes, los avances sociales de las dos últimas décadas, que sacaron de la calle a una proporción muy alta de los jóvenes más vulnerables, al ampliar la cobertura de la secundaria, y hasta tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida en las ciudades en temas como el espacio y el transporte públicos. Son en buena parte el resultado de una mejor acción policial, que se realiza ahora en estrecha coordinación con los alcaldes y con un mejor control de la epidemiología de la violencia, siguiendo el modelo promovido por el alcalde Rodrigo Guerrero en Cali hace más de 10 años. Son también el producto de programas culturales de convivencia y de políticas preventivas como la hora zanahoria y el control más estricto del porte de armas, que se identifican con las estrategias impulsadas por Antanas Mockus. Y sin duda, se benefician del impacto sobre las ciudades de las políticas nacionales de seguridad democrática, que han debilitado algo la guerrilla y disminuido en buena parte la acción paramilitar urbana.  

Es, por otra parte, muy notable que caídas tan drásticas se hayan producido sin un aumento substancial del número de agentes policiales en las ciudades. En Bogotá, entre 1998 y fines del semestre pasado, el número de agentes disminuyó –antes del ingreso, en junio, de 2000 nuevos policías bachilleres-, y sin embargo la tasa de homicidios paso de 54 a 18. El ejemplo de otros países previene contra la idea simplista de que la solución para la violencia es más policía: Buenos Aires, por ejemplo, tiene un número de policías por habitantes mucho más bajo que Bogotá (uno por 380 contra uno por 510 en Bogotá), y su nivel de homicidios es tan bajo que apenas podemos soñar con él.  

La solución es la que hemos estado ensayando: mejor policía (y más, en determinados casos), mejores programas sociales (sobre todo orientados a familias en riesgo, desplazados, familias incompletas y con padres sin ingresos), más cobertura educativa, y buenas políticas de prevención social y cultura ciudadana. Y ojalá más de lo que menos hemos hecho: un sistema eficaz de justicia, que sancione a los homicidas: ¿cuántos de los responsables de los más de 15000 homicidios de los últimos cuatro años en estas tres ciudades están en la cárcel? ¿Cuantos, por lo menos, han sido acusados ante un juez por la fiscalía? Probablemente sólo unos pocos centenares: este es un dato que debíamos conocer, mes a mes, y que desafortunadamente no se divulga.  

Hay que trabajar para hoy y para el futuro. La delincuencia ya organizada y habitual, la de hoy, se debe enfrentar ante todo con más y mejor policía y mejor justicia; la delincuencia potencial, la que nos amenazará en 10 o más años,  sólo la podemos evitar con buenos programas sociales y con una cultura que evite que muchos ciudadanos se vuelvan delincuentes.  Las ciudades colombianas han ido aprendiendo a hacer ambas cosas, y vale la pena que sigan en la misma dirección.  

Jorge Orlando Melo
Bogotá, El Tiempo, julio de 2006