* En: Gran Enciclopedia de Colombia. Círculo de Lectores, 1991. pp. 617-618.

Al terminar la lectura de los artículos históricos que componen esta enciclopedia, puede uno preguntarse si el lector, o incluso sus autores, logran comprender mejor la Colombia que vivimos hoy y anticipar, así sea en forma muy difusa, el mundo al que estamos entrando y que estamos construyendo. Pocas cosas producen más malestar a los historiadores que el esfuerzo de predecir o anticipar el futuro. Su tarea se ha reducido normalmente a tratar de predecir el pasado, con variable éxito, y si este esfuerzo menos exigente tiene dudosos resultados, la idea de hablar de aquello que ocurrirá parece de una soberbia ilimitada. En efecto, los teóricos de la historia han reaccionado con creciente energía contra la pretensión positivista de que el desarrollo histórico esté regido por leyes que permitan deducir los comportamientos futuros o la evolución de la sociedad.

Pero, ¿quién habría podido prever en 1950 que el país entraría en una fase de modernización cultural y social tan rápida como la que se presentó en los 30 o 40 años siguientes? ¿Quién advirtió entonces la crisis que enfrentaría la Iglesia? ¿O el éxito de los programas de control de natalidad? ¿Los tortuosos desarrollos de la violencia que nos correspondería enfrentar?  

¿Dónde estamos?

Para iniciar cualquier especulación sobre el futuro próximo, que mezcla inevitablemente deseos, intuiciones y los mecanismos más elementales de predicción, es preciso subrayar en primer término lo más sencillo: lo que probablemente seguirá ocurriendo, como ha venido ocurriendo. Para ello es necesario subrayar algunos de los aspectos que me parecen más significativos de la sociedad actual colombiana:  

a) La sorprendente estabilidad de los procesos de desarrollo económico, que mantienen casi irremediablemente un modesto pero seguro ritmo de desarrollo, claramente distinto a la experiencia latinoamericana. Varios factores influyen en mi opinión sobre esta estabilidad, como la descentralización relativa en la localización de los agentes económicos, la dispersión del poder económico, gremial o sindical, la debilidad del Estado y su incapacidad para influir demasiado sobre lo que pasa en la realidad, la gran variedad de condiciones culturales, sociales o de dotación humana y de recursos físicos de diferentes sectores y lugares de la geografía económica del país. Estos aspectos refuerzan la capacidad de decisión empresarial de vastos sectores de la población, por un lado, y por el otro, han impedido al Estado iniciar cualquier clase de política económica decidida y orientada en un sentido transformador muy preciso. No hemos sido capaces —a pesar de que muchos intelectuales propusieron y envidiaron a los cubanos, peruanos o argentinos por gozar de tales bendiciones— de tener ni socialismo, ni populismo, ni peronismo, ni grandes inflaciones, y ni siquiera esfuerzos estatales de desarrollo realmente vigorosos, como los del Brasil. Y hemos desarrollado, eso sí, una élite tecnocrática de excelentes economistas, que han sido capaces de imponer sus criterios profesionales a las ilusiones de los políticos.

b) En las tres últimas décadas, el fenómeno central de la historia colombiana es, en mi opinión, el de la transformación extremadamente rápida de las mentalidades y las estructuras de vida social. Ningún país de la Europa clásica tuvo un ritmo de urbanización o una transición demográfica tan acelerada, y en ninguno se dio un cambio en los valores tan claro en tan poco tiempo. Igualmente veloz fue el incremento en la escolaridad formal.  

Para Fernand Braudel y los teóricos de la escuela francesa, en su metáfora un tanto estratigráfica de la sociedad, las estructuras más profundas y que más lentamente cambian son las mentalidades, sobre las cuales, sujetas a cambios de lenta duración, se apoyan las realidades económicas o demográficas, coronadas por el mundo de la coyuntura y la transformación acelerada, que es el mundo de la acción política. Por eso se entretienen tratando de mostrar la continuidad entre la mentalidad del campesino medioeval y el pequeño propietario rural del siglo XX. Creo que pocos se atreverían, habiendo pasado por la historia reciente de Colombia, a mantener esta visión, y muchos estarían tentados a pensar que la mentalidad, como la política, es volátil y variable.

Por supuesto, no hay que exagerar, y el ritmo de cambio en algunas zonas es lento o inexistente. Y por supuesto, muchos de los nuevos valores y creencias se reconstruyen sobre bases más o menos arcaicas, que ayudan a conformarlos. Pero quien haya leído los testimonios que recoge Alfredo Molano en sus recientes libros (Los años del tropel, Selva adentro, Siguiendo el corte, Aguas arriba y otros), podrá encontrar cómo en los más alejados y remotos rincones de la geografía nacional y en todo el espectro político, el mundo que rige la vida personal es el del capitalismo salvaje, el del individualismo más radical, el del consumo frenético de lo que pueda conseguirse, el del sacrificio de cualquier consideración para el logro de las metas personales, el de la violencia latente o visible. Y no son pocas las pruebas de que la moral de origen religioso ha perdido casi toda eficacia, desde el plano menos dramático de la vida sexual, hasta el respeto a la vida ajena.

En el terreno del cambio social reciente, son conocidos los indicadores más obvios, y aunque no son un índice siempre aceptable de calidad de vida, son lo mejor que tenemos al respecto. No voy a mencionar sino unos pocos de esos indicadores, aunque podría encontrar docenas adicionales: según el informe Desarrollo humano - 1990 (Bogotá, Tercer Mundo, 1991) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la tasa de crecimiento demográfico pasó del 3% hacia 1970 al 1.8% en la actualidad; la población urbana pasó del 48% en 1960 al 70% hoy; la fuerza laboral en la agricultura bajó del 45% en 1965 al 25%; los gastos en educación pasaron del 1.7% del Presupuesto Nacional Bruto en 1960 al 2.8% en la actualidad; las mujeres igualaron y superaron a los hombres en esperanza de vida, en indicadores como la educación primaria y secundaria y están a punto de lograrlo en la universitaria. La tasa de alfabetización llegó al 85% (en las mujeres era ya del 88% en 1985); la mortalidad infantil descendió del 148 al 46%, entre 1960 y 1988, mientras la esperanza de vida subió 10 años, de 55 a 65, entre 1960 y 1987; este informe también señala que Colombia fue el tercer país del mundo en el ritmo de reducción del déficit en acceso al agua potable entre 1975 y 1986. Por otra parte, vale la pena subrayar que los estudios más recientes sobre distribución de ingreso muestran un mejoramiento substancial de la tendencia al deterioro que habían detectado los análisis correspondientes a la década del 60; según la reciente síntesis de Miguel Urrutia, el coeficiente de Gini bajó del 0.57 en 1971 (prácticamente igual al índice de 1964) al 0.45 en 1988.

c) El tercer aspecto que debe subrayarse es el de las complejas paradojas del sistema político, casi imposibles de describir y analizar. ¿Es un sistema político que ha fracasado o triunfado? ¿Es sólido o débil? ¿Se trata de un Estado fuerte o de un Estado débil? En casi todos los países hay algún consenso sobre preguntas como éstas, pero en Colombia puede uno encontrar ejemplos de textos académicos serios donde se defiende una posición u otra. En mi opinión, lo más significativo tiene que ver, en primer lugar, con la legitimidad de fondo del sistema político y la aceptación por toda la población de los valores fundamentales del régimen liberal, representativo y más o menos democrático; y, en segundo lugar, con la ilegitimidad de sus instituciones concretas. La primera ha hecho impensable un desarrollo de la guerrilla fuera de ciertos nichos ecológicos muy determinados, y el segundo aspecto ha llevado a que una proporción muy elevada de colombianos crea que aunque el sistema es bueno, sus promesas no se cumplen, o que quienes tienen el poder se aprovechan de todos para actuar como seguramente ellos mismos lo harían si tuvieran la oportunidad, buscando el enriquecimiento personal y sin ninguna visión del bienestar de la sociedad.

d) Aunque el sistema político colombiano pudo tener un éxito relativo -si se compara con los demás países de América Latina, Colombia es, con Venezuela, Costa Rica y México, el país más estable, el que ha tenido un desarrollo institucional más gradual, el único, con los mismos países, que se ahorró largos años de dictadura, y uno que ha permitido un permanente goce de libertades políticas y civiles, así como una amplia participación política, con algunas restricciones que fueron levantadas en lo fundamental hace ya 16 años-, el sistema político colombiano también ha sido el que ha tenido un fracaso más estruendoso en su obligación de proteger la vida de los ciudadanos. Estos años de desarrollo económico, mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, y modernización social y cultural, han visto también el incremento exponencial de la violencia. Y esa violencia ha estado ligada fundamentalmente a condiciones y conflictos políticos -así la mayoría de los casos individuales no puedan clasificarse razonablemente como delitos políticos o como incidentes de estricta violencia política-, lo que ha hecho que las limitaciones al ejercicio de la acción política, que la ley no establecía, fueran impuestas por el amedrantamiento, la guerra privada, y las violaciones de derechos de los ciudadanos hechas con complicidad de agentes estatales.  

Posibles tendencias

A partir de la situación descrita, es posible hacer diversas aproximaciones a las que podrán ser algunas alternativas de desarrollo, algunas líneas argumentales para el drama nacional.

En el terreno económico, no creo que se vayan a presentar cambios significativos, fuera de procesos más o menos normales de modernización, desregulación e internacionalización, que no tendrán probablemente impactos tan dramáticos ni tan novedosos como algunos los presentan, pero que crearán una base firme para un desarrollo económico algo más rápido que el que ha tenido lugar en la última década.

Nuestro producto interno per capita probablemente será, para fines de siglo, entre un 25 y un 35% superior al actual, a menos que una combinación favorable de buenas estrategias económicas y una excelente, pero no previsible, coyuntura internacional, nos ayude a lograr tasas superiores al 5% de crecimiento del producto anual. Pero aun manteniéndonos por debajo de este nivel, teóricamente sería posible utilizar, sin afectar los niveles de vida del resto de los colombianos, todo este incremento para aumentar el ingreso del 40% de la población que vive en una situación peor, lo que permitiría sacar a la totalidad de la población de la línea definida como de pobreza absoluta y presentar un país con indicadores sociales excelentes: alfabetismo completo, una tasa bruta de educación secundaria superior al 80%, una tasa de educación universitaria alrededor del 25%, una esperanza de vida cercana a los 75 años, una mortalidad infantil inferior al 20 por mil, acceso de toda la población a servicios médicos y agua potable, supresión de la desnutrición infantil, etc. En efecto, el país va a generar, en la próxima década, suficientes recursos para eliminar la pobreza, sin reducir el nivel de vida absoluto de ningún estrato de ingresos.

Pero, ¿es previsible que el mejoramiento de los niveles de vida de los colombianos vaya a ser tan radical? Las decisiones políticas para una reorientación drástica de los objetivos del crecimiento son difíciles de tomar. Muchas veces la búsqueda de claros objetivos sociales ha estado acompañada, en casi toda América Latina, por políticas económicamente improvisadas; lo que ha desacreditado los programas centrados en el desarrollo social. En opinión de buena parte de los dirigentes del país, aunque hoy sea posible acabar en 10 años con la pobreza colombiana, es preferible dejar que el resultado mismo del desarrollo económico resuelva, en forma automática, los problemas de miseria, aunque tome mucho más tiempo. Para muchos, la salvación nacional parte ante todo del puro crecimiento, pues no hay todavía lo suficiente para redistribuir, o si se redistribuye se afecta la tasa de crecimiento.

Colombia tiene que decidir cuáles van a ser sus políticas de gasto público, el nivel de apoyo que se le dará a programas muy redistributivos, como la universalización de la secundaria o la generalización del acceso a la salud y otros mecanismos de redistribución del ingreso. Yo pienso que la decisión que tomarán los colombianos -pero esto no es irreversible, y los aspectos políticos, a los que me referiré luego, muestran un gran nivel de libertad en las líneas del proceso- no será tan clara en este sentido, y que las presiones de los sectores de clase media -para emular en algunos aspectos los niveles de consumo más altos y estimulados por una sociedad cada vez menos solidaria- triunfarán, apoyadas en su mejor organización política, sindical, gremial, profesional, etc. El país gastará probablemente la mayor parte de ese ingreso adicional que recibirá en la próxima década, en un consumo más diversificado para los sectores medios, que ya empiezan a tener acceso a toda una serie de consumos que constituyen símbolo de éxito social.

Por ello, creo que llegaremos al fin de siglo con algunas mejoras substanciales de la situación de vida de los colombianos, pero no tan amplias como sería factible: nos quedará algo de analfabetismo, andaremos por el 75 o el 80% de cubrimiento de la población en secundaria, la esperanza de vida estará por los 70 años y las demás cosas estarán igualmente en niveles medios; estaremos donde están hoy países como Chile o Costa Rica, o quizás un poco mejor, en términos de calidad real de vida de la población, aunque por encima en términos de ingreso.

A pesar de los esfuerzos crecientes por mejorar el control del medio ambiente, creo que también en este campo -uno de los pocos, con la política de desarrollo científico y la inversión para el desarrollo social, en los que el liberalismo y la ausencia de una firme intervención estatal producen resultados casi siempre negativos-el avance será tímido. Todavía el país cree que se desarrolla y avanza cuando tumba bosque, que la colonización, que en otra época y en otras condiciones demográficas fue muy conveniente, lo sigue siendo, y la ley, en vez de castigar, sigue premiando con una oferta de propiedad a quienes están destruyendo la selva para instalar unas actividades agrícolas que tienen costos económicos muy superiores a su rentabilidad. La conciencia sobre el medio ambiente, sin embargo, ha ido creciendo, y éste probablemente se irá convirtiendo en uno de los temas centrales de debate y decisión política en la próxima década.

Culturalmente, no tengo dudas de ello y no dejo de lamentarlo, creo que el país se homogenizará con más rapidez de lo que lo ha hecho en las últimas décadas, bajo el impulso de la incorporación acelerada de elementos centrales de la cultura de masas contemporánea. Aunque confío en la capacidad e inventiva de nuestros creadores literarios y artísticos, dudo que la población que está ingresando a chorros en la modernidad les atienda demasiado, y me temo que preferirán los productos lamentables, industrializados y de origen internacional de los medios de comunicación. Y los valores que impregnarán la cultura serán, casi con certeza, aun más individualistas, más centrados en el consumo y el éxito económico, a menos que la urgencia ecológica logre imponer algún freno a estas tendencias. Será interesante ver hasta dónde logran influir los esfuerzos por hacer más firmes y aceptados los elementos culturales regionales o asociados con grupos étnicos específicos: ¿habrá algo más de antioqueñidad, o de negritud, o de recuperación de la tradición indígena? En mi opinión, la resistencia es difícil y sólo algunos grupos indígenas tienen la energía requerida para conservar su identidad en el marco cada vez más dominante de la cultura colombiana de masas. El otro asunto es el de los avances de formas de pensamiento más racionales y el de la supervivencia o el reforzamiento de toda clase de formulaciones mágicas. El pensamiento científico occidental, las formas de racionalidad que le son inherentes, las estructuras del discurso y la argumentación propios de él, son apenas un barniz superficial para la mayoría de los colombianos. Los mismos medios de comunicación de masas son, en gran parte, ajenos a ellos. Este es el terreno en el que el avance de la modernización, indudable en otros campos, es más precario, y seguirá siéndolo mientras subsista un sistema educativo autoritario, basado en el aprendizaje de contenidos predeterminados y no en la experimentación, la participación en el descubrimiento, el razonamiento, la demostración y el debate científico activo.

Por supuesto, cualquier análisis de la calidad de vida debe tener en cuenta un aspecto esencial de ella, que tiene que ver con lo más volátil e impredecible de la sociedad: el cambio político. La reciente reforma constitucional refleja un consenso muy obvio de lo que el país quería: cambios en el Congreso, más derechos humanos, más participación popular y más descentralización o, si se quiere, federalismo, y un sistema judicial más eficiente.

Como yo no creo que el Estado colombiano haya sido realmente muy centralista ni muy autoritario -por falta de recursos, aunque no de ganas-, ni que la Constitución fuera una gran traba para la participación política -la traba estaba en los partidos, en sus representantes en el Congreso y en la maquinaria que lograron montar-, el cambio institucional no será muy dramático, pero, en conjunto, tengo cierta confianza en que estos cambios menores en el ordenamiento constitucional reforzarán otros procesos de modernización del sistema político, de los cuales se veían indicios hace ya algún tiempo, y que sin duda se están acelerando.

¿Tendremos una crisis del clientelismo en su sentido tradicional? ¿El voto se hará en forma más libre e independiente? ¿Responderá algo mejor el sistema político a las preferencias de la población? Yo creo que sí, y que en ese sentido vamos, sin grandes revoluciones, sin que esto implique la desaparición de ciertas formas de clientelismo local o regional, hacia una política prácticamente moderna, pluralista y tolerante, que pudo haber sido generada sin reforma constitucional, pero que ante la ceguera de nuestros congresistas hubo que llevar al constituyente primario.

El gran interrogante es si es posible resolver, en un plazo razonable, el problema de la violencia, y yo creo, a pesar de todo lo que muestra su indestructible permanencia, que esto es posible. La guerrilla está viviendo sus últimos días, y aunque tiene la capacidad de hacer su agonía muy destructiva para los colombianos, carece del argumento político que pudo sostenerla hace 20 ó 30 años. Al mismo tiempo, es posible recuperar la legitimidad y la capacidad del Estado en el terreno del orden social; la legitimidad, para que al actuar dentro de la ley, los mismos agentes del Estado no sean instrumentos en el mantenimiento de una espiral de retaliaciones sucesivas; y la capacidad del Estado, para imponer el monopolio en el ejercicio de la fuerza, mejorando su habilidad para descubrir, capturar, condenar y rehabilitar a quienes usen la violencia contra sus conciudadanos. Al Ejecutivo le corresponde diseñar políticas de seguridad nacional que se funden en una visión democrática de la sociedad, en la necesidad de desarmarla y de reducir las tensiones entre los diversos sectores. La Constituyente creó bases adecuadas para la reforma de la justicia, pero es necesario hacerla funcionar.

Es necesario también que el sistema político refuerce sus elementos participativos y su capacidad para resolver los conflictos, buscando el acuerdo y no la confrontación mediante la fuerza, si no queremos seguir conviviendo con un elevadísimo nivel de violencia, para el cual están sembradas las semillas y creadas las condiciones.

La capacidad para reducir la violencia, para hacer que la vida diaria de los colombianos no esté marcada por el asedio permanente del terrorismo, del secuestro, de la acción de los delincuentes y de la arbitrariedad oficial, será la piedra de toque de la acción estatal, la medida de que la nación y sus gobiernos han orientado exitosamente sus esfuerzos hacia el ingreso del país en las formas plenas de vida civilizada, que han eludido a Colombia ya casi durante medio siglo.

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