El lunes 7 de mayo de 1781 salió de Santa Fe, comenzando un viaje que a través de Cartagena y Panamá lo llevaría hasta Lima, a donde ocuparía un alto cargo, el fiscal de la Real Audiencia, don Francisco Antonio Moreno y Escandón. No había cumplido aún los cuarenta y cinco años, pero su carrera burocrática, a lo largo de la cual había ocupado casi todo cargo abierto al talento de los criollos, no podía ya ofrecerle muchas perspectivas en la Nueva Granada. Un retrato más o menos convencional, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, y obra de Joaquín Gutiérrez, nos da alguna idea de la figura que debía tener entonces: un rostro severo y poco atractivo, con labios delgados y apretados, que escondían la ausencia total de dentadura.[1] 

El viajero abandona la Sabana con incómoda oportunidad: desde el 16 de marzo los pueblos del oriente colombiano habían iniciado un movimiento de protesta contra “el mal gobierno”, y uno de los blancos de ira popular era el señor Moreno y Escandón. El 7 de abril un sereno encontró en Santa Fe un pasquín en verso, que fue leído el 16 a la muchedumbre amotinada del Socorro; los comuneros irónicamente dieron a este texto el nombre de “la real cédula” o “el superior despacho”. El poema atacaba en primer lugar al regente visitador enviado desde España para reorganizar las rentas y la administración, don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. Pero el ataque al fiscal de la Audiencia era de una violencia similar: 

Otro demonio que hay, que lo es Moreno
Perturbador del vulgo y de la paz,
En caso que no mude de terreno
No faltará otro arbitrio tan sagaz
Para acabar con tan mortal veneno
Que en nuestra destrucción es pertinaz
Y caso que no baste arbitrio nuevo,
Muy fácil es que se le pegue fuego.
Que bien se lo merece este malvado,
Por tanta iniquidad que ha cometido,
Pues ninguno en el Reino se ha quedado
A quien este fantasma no haya zaherido,
Pues al honrado lo hiere por honrado,
Y al pícaro protege en su partido.
Y en fin, para que el nombre quede eterno,
Ha dado más quehacer que aún el infierno.
¿Qué hizo con los estudios? Confundirlos,
¿Qué intentó con los frailes? Acabarlos,
¿Qué piensa con los clérigos? Destruirlos
¿Qué con los monasterios? Destrozarlos,
¿Y qué con los vasallos? El fundirlos,
Ya que por si no puede degollarlos.
Pero no hay que admirar que esto le cuadre
Cuando gustoso enloqueció a su padre.
Lo que hay de que tener mayor dolor,
En estos hechos de tanta tiranía,
Es mirar de los indios el rigor
Con que lleno de infame villanía,
A la socapa de ser su protector,
Los destruye con cruel alevosía,
¿Qué agravios, que desaires, qué deslices
Podría hallar en aquestos infelices?[2]

No sabemos quién fue el autor de esta curiosa diatriba; probablemente era alguien del círculo del Marqués Jorge Miguel Lozano de Peralta; quizás, como lo señala John L. Phelan, un miembro de la orden de predicadores enemigos desde tiempo viejo del Fiscal[3] Los comuneros, por su parte, no vacilaron en señalar a Moreno como uno de sus objetivos principales: según un informe de la Real Audiencia, cuando las tropas rebeldes llegaron el 7 de mayo a Puente Real, “se publicó solemnemente un bando que manifestaba el implacable odio que la poseía contra vuestro fiscal que fue de esta Audiencia don Francisco Antonio Moreno..., y contra el corregidor de Tunja, don Josef María Campuzano, y contra Piñeres”.[4] No es probable que Moreno hubiera conocido este bando; sin embargo no pudo ignorar el pasquín rimado, pues asistió por lo menos a cuatro reuniones de la Audiencia donde se discutió la naciente rebelión comunera y se tomaron las primeras medidas para tratar de detenerla; allí sugirió sin duda algunas de las acciones que se requerían para contener a “la plebe insolentada”. 

Así pues, el mismo día en que Moreno abandonaba la capital virreinal, las tropas reales recibían su humillante derrota de Puente Real. Moreno no huía: desde hacía más de un año se le había nombrado fiscal de lo civil en la Audiencia de Lima, pero no deja de ser irónico que escapara a la furia popular con tan precisa casualidad.[5] Gutiérrez de Piñeres, por su lado, tuvo que seguir la misma ruta de Moreno apenas cinco días después, cuando las autoridades se enteraron del desastre de Puente Real y consideraron conveniente que el visitador se retirara –o huyera- a Cartagena. Los dos funcionarios compartían así un destino similar, objeto de los odios de los comuneros. Lo curioso es que Gutiérrez de Piñeres y Moreno y Escandón habían adoptado una posición totalmente diferente, y se habían enfrentado con bastante vigor durante los dos últimos años, con relación al punto que motivaba el rechazo comunero al fiscal: la disolución de los resguardos. Pero este equívoco no es extraño, si se piensa que una ambigüedad mayor marcaba el mismo movimiento popular, en el que marchaban juntos los blancos y mestizos, beneficiarios de las medidas de Moreno, y los indígenas que habían perdido sus tierras en desarrollo de las políticas del fiscal.

Nunca regresó Moreno y Escandón a la Nueva Granada. En Lima fue inicialmente fiscal de lo civil, y a este cargo agregó luego el de fiscal del crimen; en 1785 fue nombrado oidor en la misma Audiencia. Tuvo a su cargo, como lo había hecho en Santa Fe, la plaza de protector de indios y el manejo de los bienes de los jesuitas expatriados. En 1789 pasó a la Audiencia de Chile como oidor, y en 1792, en ejercicio del cargo de oidor regente de tal capitanía, murió, lejos de su esposa y de sus numerosas hijas, a las que había dejado en Santa Fe para evitar el considerable gasto que causaba su transporte.[6] La tradición familiar, recogida por José Manuel Marroquín, sugiere que su última enfermedad provino de la decepción de no haber sido nombrado regente en la Audiencia de Santa Fe; esto sin duda exagera los afanes burocráticos de nuestro personaje.[7] Poco se sabe sobre su actuación en Lima y Santiago; las obras de historia general de estas regiones apenas lo mencionan. Tres años después de su muerte, su esposa, María Teresa Isabella, luchaba todavía contra la burocracia colonial para lograr que se le pagara en Santa Fe la pensión a la que tenía derecho; probablemente nunca pudo lograrlo.[8]

La carrera de Moreno había sido excepcional. Durante la era colonial los cargos de oidor o fiscal, que eran los más elevados en la jerarquía después de los virreyes, recayeron usualmente en nativos de España. A veces abogados criollos especialmente brillantes lograban un puesto de oidor en una plaza distinta a la de su origen; en muy contados casos lograban un nombramiento en su propia tierra. En todo el siglo XVIII, el único oidor de la Audiencia de Santa Fe nacido en su distrito fue don Joaquín Mosquera y Figueroa, nombrado en 1787; los únicos fiscales fueron Manuel Antonio Zapata, designado en 1708; Moreno y Escandón, quien ocupó este cargo a partir de 1776, y Francisco Berrío y Guzmán, nombrado en 1798[9] 

II 

Don Francisco Antonio había nacido en Mariquita en 1736, hijo de una criolla y de un español –don Miguel- que había ocupado cargos menores –“importantes destinos”, dice don José Manuel Marroquín- en la burocracia colonial: alcalde ordinario de Mariquita y superintendente (?) en el Chocó; luego desempeñaría, en 1769, la notaría del Tribunal de la Inquisición en Cartagena[10] Además de sus afanes de empleado público, intentó don Miguel Moreno hacer fortuna en actividades mineras, con el resultado habitual: algunos socios lo sedujeron con minas maravillosas, aprovechando “que no podía moverme…a fin de empeñarme a que metiese la cabeza y despachase esclavos”. Metió la cabeza y envió los primeros esclavos, pero todo acabó en un fiasco, allá por 1752. En 1773 andaba mal de la cabeza, y el virrey ordenó a don Francisco Antonio que mantuviera encerrado a su padre.[11]  

A los trece años fue enviado a la capital, y admitido en el colegio de San Bartolomé, regentado por los jesuitas, en donde hizo sus estudios de latín y filosofía. Obtuvo luego el título de bachiller y maestro de filosofía en la Universidad de San Francisco Javier, también dirigida por los discípulos de San Ignacio; esta misma institución le dio después los títulos de doctor en teología y en jurisprudencia canónica y civil. A los 22 años la universidad lo nombró para la cátedra de Instituta, y tres años después logró la cátedra de derecho canónico. 

Los comienzos de su actividad profesional muestran a Moreno íntimamente ligado a los núcleos de poder. Primero al cabildo: en 1759 fue Asesor General, un año después Procurador y en 1761 Alcalde Ordinario de Santa Fe.[12] En segundo lugar a los virreyes: ya en 1759 Solís envió a España una elogiosa relación de los méritos del joven abogado; en 1762 el nuevo mandatario, Messía de la Cerda, reiteraba sus capacidades e informaba que, en vista de las limitaciones de salud del fiscal José de Peñalver, lo había nombrado abogado fiscal de la Audiencia. Además a los poderes eclesiásticos: el arzobispo don Pedro Felipe de Azúa escribió al rey en 1762 contando que usaba los servicios de Moreno como asesor jurídico para las causas más serias que tocaban a la curia.[13] 

Entretanto, en 1759, había contraído matrimonio con María Teresa Isabella, española y bien relacionada; el hermano era el cura rector de la catedral y debía andar en términos muy cercanos con el arzobispo, que lo nombró su albacea. Varios burócratas notables, entre ellos el secretario del virrey, estuvieron entre los padrinos; ofició, como era lógico, el canónigo Isabella.[14] Pero conexiones y cartas de recomendación no eran suficientes para obtener un empleo realmente bueno: para esto el mejor camino era intrigarlo directamente en España. La Universidad Javeriana le dio una comisión, para gestionar “diferentes asuntos, que conciernen a su mayor realce, adelantamiento y beneficio, que deben promoverse ante la Real Piedad”; Moreno nombró quién le substituyera temporalmente en la cátedra y en 1764 salió para Europa.[15] Otra vez nos debemos contentar con lo que dice la tradición familiar: según Marroquín, se hizo tan notable en Madrid por sus “luces e ingenio”, que todos lo señalaban en la calle; el Consejo de Indias le habría encargado, para ponerlo a prueba, un difícil expediente, dándole 15 días para redactar el proyecto de sentencia sobre el caso; Moreno resolvió el asunto en tres días y su concepto fue acogido por el Consejo.[16] Nada se sabe de un diario que llevó, según sus descendientes, durante su estancia en la península. El 25 de marzo de 1765 hizo solicitud formal para reemplazar al fiscal protector de indios, Fernando Bustillo, recientemente fallecido; el nombramiento se expidió poco después, y por él debió pagar 1.000 pesos de plata.[17]

Moreno regresó entonces a la Nueva Granada y en enero de 1766 asumió en Santa Fe su nuevo cargo. Pronto comenzó a acumular nuevas funciones: en enero de 1767 el virrey lo nombró asesor general, mientras duraba la ausencia del propietario, y en abril del mismo año fue designado Juez Conservador de las rentas de aguardiente y tabaco. De 1766 a 1780 fue uno de los hombres claves de la administración virreinal; durante estos años es difícil encontrar una acción gubernamental de importancia en la que no haya participado el protector de indios, que unió a sus numerosos cargos una extraordinaria influencia sobre los diferentes virreyes que vinieron a Santa Fe, como lo muestra la correspondencia de éstos o incluso las quejas de sus enemigos: en 1770 Lozano de Peralta escribió a España quejándose de que al virrey Messía de la Cerda lo manejaban el asesor Manuel Romero y el protector de indios.[18] 

III 

En 1767 la corona española decidió, por razones que no es del caso discutir, la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios. El virrey Messía de la Cerda nombró a Moreno como uno de los ejecutores principales de esta orden y según Groot le encargó la redacción de las instrucciones enviadas a todas las autoridades para el cumplimiento de la orden real; como era necesario guardar el mayor secreto, Moreno las escribió de su puño y letra. Finalmente, el 31 de julio en la noche, junto con el oidor Antonio Verástegui, fue personalmente a comunicar la orden a los jesuitas, en el colegio máximo del cual había sido alumno. [19]

Expulsados los jesuitas, el virrey nombró a Moreno regente de estudios de San Bartolomé y, al crearse una junta para determinar el uso de los bienes de propiedad de los jesuitas y ahora en manos de la corona, el mismo Moreno fue designado fiscal de ella. Desde estos dos cargos inició una persistente acción para modificar la situación de la enseñanza superior, cuyo impacto resulta difícil sobreestimar y que lo puso en abierto conflicto con las órdenes religiosas locales.

En efecto, hasta la expulsión de los jesuitas podían dar grados universitarios únicamente la Universidad de Santo Tomás, dirigida por la Orden de Predicadores, y la Universidad o Academia Javeriana. Desaparecida la segunda, quedaban los dominicos con el monopolio de los grados universitarios, para los cuales se preparaban los estudiantes en los colegios de San Bartolomé y del Rosario o con tutores particulares. En mayo de 1768 propuso Moreno que se utilizaran los recursos dejados por los jesuitas para establecer una universidad pública y estudios generales en Santa Fe. El proyecto presentado por el fiscal deja ver, como una de las principales razones que lo impulsan, la preocupación por el acceso de los laicos a la docencia universitaria y el rechazo al monopolio de los religiosos: en la situación existente quedaban “los seculares sujetos con la dura servidumbre de vivir siempre inferiores, sin esperanza de sacudir tan pesado yugo”.[20]

La “Junta de Extrañamiento” compuesta por el virrey, el oidor Benito Casal, el asesor Manuel Romero y el fiscal Moreno, apoyó la propuesta y la envió al rey, con lo cual se inició una larga lucha burocrática entre los partidarios de la universidad pública y sus opositores, en especial las órdenes religiosas. Los dominicos decidieron comisionar a fray Ignacio Buenaventura, quien se encontraba en España tratando de obtener para su orden algunos beneficios derivados de la expulsión de los jesuitas, para que combatiera la propuesta que les quitaría el monopolio de la enseñanza superior. Moreno, enterado, amplió sus argumentos en un memorial de diciembre de 1769, en el cual atacó el estado de la enseñanza impartida por los religiosos. En su opinión, los grados se conferían sin ningún rigor, y la enseñanza era del todo insuficiente: se ignoraban los verdaderos fundamentos de la ciencia, y sólo se manejaban “aquellos autores triviales, que más fácilmente contribuyen al estilo silogístico y método peripatético”. Una universidad pública estimularía la competencia entre los estudiantes, al concederse las cátedras por concurso, y evitaría el “desdoro” que sería, para el “Estado secular”, “depositar en una sola comunidad religiosa el tesoro de las ciencias”. La enseñanza sería entonces en “cátedras públicas francas a todos”, que garantizarían un control verdadero de lo enseñado. Por último, subraya Moreno, en un argumento de corte tradicional pero utilizado para defender un desplazamiento del poder hacia los seglares, la necesidad de que cada orden social ejerza las funciones que le corresponde: “el labrador en el campo, el religioso en la contemplación, los seculares en el manejo de los negocios del siglo; a éstos necesita el Monarcha doctos y versados en las ciencias”.[21] 

Ya para entonces las actuaciones de Moreno en relación con los estudios habían provocado la hostilidad de los dominicos: en 1767 éstos lo acusaron de mantener al Colegio Seminario de San Bartolomé en manos de los “hijos de los jesuitas”, al no favorecer el intento de la Orden de Predicadores de que se les adjudicasen los bienes y las cátedras que habían sido de los ignacianos. Moreno conceptuó a favor del nombramiento de graduados de San Bartolomé, siempre que prestasen el “juramento de no profesar, pública ni privadamente, la doctrina de los jesuitas”, lo que sirvió para impedir el acceso de los dominicos –y en buena parte de los graduados del Rosario- a San Bartolomé.[22] Cuando en 1767 el dominico Antonio Paniagua se candidatizó para rector de San Bartolomé, Moreno evitó su nombramiento, y provocó con ello una violenta andanada de los representantes de la Orden de Predicadores, que lo acusaron de ser el “más empeñado sustentante de las ideas jesuitas”, así como antes del extrañamiento había sido su defensor en “cuantas causas tenían”. Moreno, prevalido de que Messía, “hechizado del Protector de Indios, ciegamente sigue sus dictámenes”, habría logrado el cargo de regente de estudios del colegio seminario, “pese a ser casado y lleno de hijos”, sin sujetarse a la abjuración que del jesuitismo imponía a los demás, y en este cargo favorecía a los jesuitas y suaristas; entre éstos estaba el presbítero Isabella, a quien había nombrado examinador.[23] 

Además de este incidente, se enfrascó Moreno en un nuevo ataque a los privilegios de los dominicos al solicitar a la Real Audiencia que señalara las exigencias para el ejercicio del derecho, ante la irregularidad con la que la universidad confería los grados, que había llevado a una cantidad de abogados en Santa Fe “desproporcionada y desmedida respecto de su comercio, negocio y habitadores”. En el pleito que siguió, Moreno puso a la defensiva a la universidad, al mostrar que ésta carecía de constituciones, daba los grados sin precisar los requisitos, contaba a veces un curso por varios, etc., y logró que finalmente la Audiencia señalara que nadie podía ejercer la abogacía sin aprobar un cierto número de cursos y ordenara a la universidad que, a falta de reglamento propio, se ciñera al de la Universidad de Lima.[24] 

Las maniobras alrededor de la creación de la Universidad continuaron. Moreno presentó en 1771 una propuesta general de utilización de los bienes de los jesuitas, señalando cuales de sus rentas podían servir para la dotación de la universidad. Propuso además la apertura de una biblioteca pública, idea que fue acogida y llevó a la creación de la que hoy es la Biblioteca Nacional, abierta en 1777, en el local que había sido del seminario, con unos 3.000 volúmenes. Los sectores civiles dieron su respaldo a Moreno, y el cabildo de Santa Fe encargó a don José Groot de Vargas para que se encargase de apoyar la apertura de la universidad pública. En la junta de Aplicaciones, en diciembre de 1771, se reiteró la aprobación al proyecto, en presencia del nuevo arzobispo, el dominico Agustín Camacho, alrededor de cuyo voto se produjo una amplia discusión, pues a pesar de haber aprobado la idea en la Junta, dejó un voto escrito disidente, con evidente enojo de Moreno. El coro de opositores, ahora reforzado por el arzobispo, creció, y tanto el Colegio del Rosario como los franciscanos expresaron abiertamente su oposición; para estos últimos el proyecto llevaría a las comunidades a una total ruina, y elevaría los costos de los grados de $80 que valía un doctorado a unos 2.000 pesos con lo que –según su curiosa lógica- todos querrían pretenderlo, se “arruinaría el vecindario” y “cesarían los comercios”. Además veían en el proyecto un intento por mantener las doctrinas jesuitas de Suárez, impidiendo a las demás órdenes religiosas la enseñanza[25]. 

En España, sin embargo, el proyecto no avanzaba. Mientras tanto el doctor Moreno continuó tratando de imponer sus ideas de reforma de la educación, cada vez más claras. En 1773 logró que el colegio de San Bartolomé adoptara, para la enseñanza de filosofía, el texto de matemáticas y lógica de Christian Wolf. Y en 1774 una actuación de José Celestino Mutis, le dio la oportunidad de intervenir la enseñanza superior de Santa Fe. En efecto, en ese año el sabio español dio su famosa lección en la cual expuso por primera vez en la Nueva Granada el sistema copernicano. Los dominicos respondieron invitando a un acto académico en el cual mostrarían que este sistema era herético y contrario a las Sagradas Escrituras. Mutis, furioso, se quejó al virrey; los dominicos se retractaron e incluso ofrecieron que, si así placía al virrey, defenderían la virtud del copernicanismo. Mutis no quedó satisfecho, y señaló que lo que querían los miembros de la Orden de los Predicadores era obstaculizar toda enseñanza nueva y mantener los privilegios de docentes incapaces "con detrimento de las ciencias”; lo urgente era elaborar un nuevo “método de estudios” que permitiera la enseñanza de “lo útil y provechoso”.[26] 

El expediente sobre esto llegó en agosto de 1774 a manos de Moreno y éste inmediatamente reiteró la recomendación de Mutis: lo ocurrido mostraba la urgencia de reformar “los desórdenes que padece la enseñanza pública y –no siendo aún posible poner en práctica la idea de universidad pública- la necesidad de un nuevo plan de estudios”. Encargado de hacerlo, el 12 de septiembre presentó el “Método provisional e interino de los estudios que han de observar los colegios de Santa Fe por ahora...” El plan imponía a San Bartolomé y al Rosario la enseñanza de la filosofía dentro de una orientación “útil y abierta a la búsqueda de la verdad y no a la afiliación tozuda a alguna escuela o autor (renunciando la perjudicial máxima de seguir una escuela jurada)”; recomendaba huir de la “escolástica y el peripato”, y ordenaba el uso de autores “modernos”, la enseñanza de matemáticas y física, el “estudio de la política y todo lo concerniente al gobierno interior del Estado”, en fin, una formación “útil al Estado” y “conveniente al público”[27]. 

El plan entró en vigencia y fue aplicado, en buena parte bajo la orientación de Moreno, nombrado ahora Director Real de Estudios, durante cinco años, en los cuales se incorporaron como catedráticos algunos de los discípulos de Mutis (que había enseñado matemáticas en el colegio del Rosario desde 1762) y se formaron algunos de los intelectuales neogranadinos que intentarían desarrollar la ciencia en las décadas siguientes El virrey Guirior, en 1776, exaltó “el feliz suceso de que en un solo año que se ha observado este acertado método se han reconocido por experiencias los progresos que hacen los jóvenes en la aritmética, geometría y trigonometría”, sin dejar de señalar “la repugnancia manifiesta de algunos educados en el antiguo estilo, y principalmente por los conventos regulares”[28].

La oposición al nuevo método se sumaba, como es lógico, al rechazo a la propuesta de universidad pública, y ambos lograron su oportunidad en 1779. En efecto, en julio de 1778 se expidió una Cédula Real en la que la corona respondía a las propuestas de Universidad Pública y Estudios Generales, dándoles su aprobación en teoría pero impidiendo su puesta en práctica: se consideraba conveniente abrir la universidad pública, pero se aplazaba toda decisión acerca de los recursos que podrían aplicarse a ella, hasta que se enviaran nuevos informes detallados sobre los bienes de los jesuitas. Además, se pedía que se analizaran los resultados del plan vigente, y se creaba una Junta de Estudios, compuesta por los rectores de los colegios y de la universidad, por el virrey, el obispo, un oidor, el decano del tribunal de cuentas y los dos fiscales. Una junta que por su composición diluía todo el poder de Moreno y Escandón, incluso si contaba con una mayoría de civiles, lo que ya para 1778 o 1779 no era el caso: aunque el virrey Manuel Antonio Flórez seguía prestando incondicional respaldo al activo criollo, la Audiencia había cambiado de composición y sobre todo el visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres quería reducir el poder del fiscal.

En todo caso, el virrey, en febrero de 1779, nombró como nuevo “Director y Protector de Estudios” al oidor Joaquín Vasco y Vargas, probablemente por sugerencia de Gutiérrez de Piñeres. Sin embargo, se demoró la convocatoria de la Junta de Estudios, lo que hizo que unos meses después el oidor Vasco alegara que como las letras habían llegado a “un total abandono con motivo del citado plan” (de 1774), el cual no había sido aprobado, y teniendo en cuenta que no se había convocado a la Junta de Estudios, creía necesario renunciar a su cargo de director de estudios, para no cargar su conciencia ante Dios y el rey. La presión del oidor llevó a la convocatoria de la Junta, la cual se reunió el 13 y 16 de octubre de 1779, bajo la presidencia de Gutiérrez de Piñeres (el virrey estaba en Cartagena) y con la asistencia del nuevo arzobispo Antonio Caballero y Góngora. El texto del acta de estas reuniones comienza con una demostración de cortesía a Moreno, al señalar que el plan de 1774 muestra “la instrucción de su autor y el celo que le animó en obsequio de la juventud de este reino”, pero pasa a señalar que no dio los frutos esperados, por una multitud de razones que incluyen falta de dineros, ausencia de catedráticos preparados, etc. Finalmente ordena, “de acuerdo y uniforme conformidad”, que se vuelva en términos generales al plan vigente antes de 1774, enseñanza la filosofía “del modo escolástico que antes”, aunque suprimiendo “todas aquellas cuestiones que reflejas e impertinentes se reputan inútiles”. Como texto de filosofía se señala a un autor tradicional, y se suprime la obligatoriedad del curso de física para el ingreso a los cursos de derecho o teología. Entre los elementos que conservan esta instrucción del plan de 1774 se encuentra la insistencia en la enseñanza del “derecho público o de gentes, cuyo estudio tan útil y provechoso siempre ha estado olvidado en este Reyno”.

Moreno, en su carácter de fiscal, estuvo en la Junta, y como se vio, ésta aprobó unánimemente la vuelta al plan anterior; es sorprendente la aparente pasividad del fiscal, que no dejó siquiera una opinión disidente. Sin embargo, sus ideas no habían cambiado, y las reiteró en varias ocasiones en los años siguientes. Por esto, probablemente influyeron en su actitud razones puramente tácticas, que lo llevaron a ver como infructuosa una lucha con las órdenes religiosas sin contar con el apoyo decidido de la máxima autoridad local (en ese momento Gutiérrez); por otra parte el nuevo texto tenía algunos escapes que permitían alguna laxitud a los catedráticos, que eran en buena parte partidarios de las ideas nuevas.  

Los dominicos, por su parte, trataron de utilizar la decisión de la Junta para recuperar las posiciones pérdidas. Inmediatamente ofrecieron, mientras celebraban que se hubiera ordenado volver a Santo Tomás y que las cátedras que eran de Suárez pasaran a ser de aquel (con lo que insinuaban que, contra las órdenes reales, la enseñanza había continuado siendo jesuítica), dar los cursos del San Bartolomé en forma gratuita; pidieron también que se aceptaran los cursos tomados en el convento de Santo Domingo, para efectos de grado, a los laicos que los tomaran allí. Por otro lado, el rector de la Universidad volvió a realizar los exámenes de grado sin participación de los profesores de los colegios, como se había hecho antes de 1774, lo que llevó a la protesta de los catedráticos Félix José de Restrepo, de San Bartolomé, y Andrés Rosillo, del Rosario. Moreno, como fiscal, debió estudiar estas situaciones (que no dejaban de rastrillarle su derrota reciente; la petición de los dominicos hablaba de cómo la orden había finalmente triunfado de “las persecuciones que en los años pasados ha padecido de algunos individuos”) y opinó que lo que querían los dominicos era “resucitar de nuevo todo el desorden, confusión y desarreglo que por desgracia ha reinado en la enseñanza pública de esta ciudad”. Insistió en que la enseñanza debía ser “pública y patente a todos, con exclusión del espíritu de partido, como mortal veneno que destruye el adelantamiento de la instrucción pública”, recalcó el lamentable atraso de la educación en Santa Fe, y sostuvo que el plan del 74 se había abandonado, no porque se dejara de tener claro “que es más ventajoso y acertado informar a la juventud de otros principios que por ahora no conceptúa acequibles Santa Fe, pero que todo el mundo sabio y las naciones más cultas de Europa han adoptado”, sino por razones prácticas. No es del caso seguir la compleja secuencia de maniobras burocráticas y legales alrededor de estas solicitudes; baste señalar que la Junta, con la presencia de Gutiérrez de Piñeres y de Caballero y Góngora, respaldó esta vez a Moreno y mantuvo la prohibición de reconocer los cursos de los conventos, obligó a que los exámenes se hicieran en presencia de los catedráticos y, en una sorprendente interpretación de su propia decisión, insistió en que para obtener el bachillerato en filosofía era preciso aprobar el curso de física, aunque éste no se requiriera para ingresar a teología y jurisprudencia[29].  

Pese a los cambios en el plan, algunos de los efectos de los esfuerzos de Moreno se mantuvieron. En efecto, uno de los resultados de todo este proceso fue mantener la enseñanza bajo un fuerte control del Estado: la universidad, en la práctica, se convirtió en una especie de cascarón vacío. Como decía el virrey Caballero y Góngora en 1788, “con excepción del derecho de colar los grados y manejar las rentas, no se les han dejado otras facultades a los padres y esto con dependencia del gobierno y obligándoseles a dar cuenta al director de estudios, que lo es el fiscal de lo civil”[30]. Por otra parte, aunque en los colegios se volvió aparentemente a la enseñanza escolástica y al uso del texto del padre Goudin, los profesores utilizaron toda clase de subterfugios para enseñar los nuevos contenidos. En Popayán, José Félix de Restrepo, según Caldas, hizo del curso de lógica un curso de física; el profesor Santiago Vallecilla y otros profesores del Rosario, en 1791, se negaban a enseñar “ni una sola cláusula de Goudin, y en lugar de la filosofía estaban explicando en su clase la geometría de Wolf”; [31] el mismo año veinticinco estudiantes de San Bartolomé escribieron que la decisión de la Junta fue “poco conforme al espíritu el siglo, al gusto del público y a las bellas ideas que nos inspiraron en las primeras clases... Estamos dispuestos a no dar entrada a esa filosofía delirante, que corrompe el entendimiento y el corazón, destruye la elocuencia y convierte los hombres en fanáticos idólatras de la opinión”. Los estudiantes no sólo esgrimieron argumentos, sino que adujeron conductas patéticas: según ellos, al conocerse la decisión de la Junta pensaron “muchos huirse a Popayán, donde va a florecer la buena filosofía”, y optaron al fin por devolverse a las aulas de latinidad, en espera de mejores tiempos. Ahora, ofrecían renunciar al pan para con ello pagar un profesor –propusieron a Frutos Joaquín Gutiérrez- anteponiendo “al alimento corporal el dulce pasto del espíritu”. Relatan además que en el Rosario los estudiantes planearon una quema pública de Goudin, y ahora sólo se escuchan burlas, motes y dichos picantes contra los efectos del peripato, y afirman estar “resueltos a la ignominia antes que abrazar el peripato”. Renán Silva ha estudiado varios incidentes más que muestran el desarrollo de este conflicto en las últimas décadas del siglo: notables son la asonada contra el rector del Rosario en 1796 por haber pretendido sujetar los alumnos “a las órdenes superiores y doctrina del Angélico doctor Santo Tomás” y el caso de Juan Francisco Vásquez Gallo, destituido de su cátedra en 1795 por defender nuevamente el sistema copernicano. La sátira del padre Duquesne contra la escolástica es otro signo de este ambiente[32]. 

El mismo plan de Moreno y su propuesta de universidad volvieron a la superficie bajo el mandato ilustrado de Caballero y Góngora, quien insistió en 1787 en la urgencia de establecer la última y propuso un plan de estudios acorde con las orientaciones ilustradas: “Todo el objeto del plan se dirigió a sustituir las útiles ciencias en lugar de las meramente especulativas en que hasta ahora lastimosamente se ha perdido el tiempo, porque un Reino lleno de producciones que debe utilizar, de montes que allanar, de caminos que abrir, de pantanos y minas que secar, de agua que dirigir, de metales que depurar, ciertamente que necesita más de sujetos que sepan conocer y observar la naturaleza, manejar el cálculo, el compás y la regla, que de quienes entiendan y crean el ente de razón, la primera materia y la forma substancial”[33]. 

En todo caso, la actuación de Moreno no fue tan inocua como podría pensarse de su derrota burocrática a finales de la década. Inspirado por un fuerte regalismo, que lo llevó a actuar con firmeza contra sus maestros jesuitas y luego a enfrentar la totalidad de las órdenes religiosas, realizó una actividad que debilitó los poderes de los sectores opuestos al nuevo espíritu científico. El cambio de mentalidad que tuvo lugar en la década del 70 encontró nuevos estímulos en la Expedición Botánica, las tertulias finiseculares y la prensa naciente e incluso en las universidades, pese al freno de 1779. 

Algo similar había ocurrido en España, donde la reforma universitaria impulsada desde 1768, que se concretó en el plan de 1771, escrito en buena parte por Campomanes, fue detenida por la acción de las órdenes religiosas. Con ello, la universidad española no logró superar su notable atraso, pero las fuerzas intelectuales disidentes mantuvieron su influencia, que se haría manifiesta en las Cortes de Cádiz, en el terreno político. El apoyo estatal a las fuerzas reformistas se mantuvo, a pesar de todo, hasta finales de siglo: fue la ejecución de Luis XVI en 1791 la que dio vigor suficiente a los grupos tradicionalistas para aislar a los reformadores, que quedaron reducidos a los grupos más radicalizados y pudieron ejercer sólo efímeras influencias sobre el Estado Borbón. Como en España, en la Nueva Granada los sectores gubernamentales aceptaron el desarrollo de la Ilustración y la apertura intelectual a nuevas ciencias y nuevas formas de pensamiento como meta explícita del Estado entre 1760 y 1790. A mediados de la década del 90 las nuevas ideas empezaron a aparecer como sospechosas de subversión y sus defensores se refugiaron en aquellos aspectos de las ciencias naturales menos controvertibles, mientras subrayaban la neutralidad de la ciencia frente a los problemas filosóficos y teológicos y dejaban de lado todo aquello que pudiera parecer peligroso para las instituciones civiles y religiosas.  

IV

Las páginas anteriores hacen énfasis en la incansable actividad de Moreno en el terreno cultural. No menos sistemáticos fueron sus trabajos en otras áreas de la administración colonial. Ya se vio cómo Messía de la Cerda lo nombró juez conservador de las rentas de tabaco y aguardiente. Sus tareas como fiscal protector hicieron que en 1768, tras una visita a Zipaquirá que se la había encomendado desde 1767, se quejara de la forma como se manejaban las salinas de Zipaquirá, cuyos beneficios originalmente habían estado reservados a los indígenas, pero para entonces correspondían en forma principal a los vecinos libres del pueblo. A raíz de su queja se le encargó propusiera remedios, y en un extenso informe, a más de describir con especial detalle la operación de las salinas, sugirió un procedimiento por el cual, manteniendo la salina de Zipaquirá abierta a todos los vecinos, fijaba un sistema de turnos que generaba una nueva renta fiscal, aparentemente sin disminuir los ingresos de los indios, que continuaban percibiendo algunos derechos menores y además conservaban como propias las salinas de Nemocón y Tausa. Todo lo indicado por el protector fue aprobado, y él mismo hizo las prolijas instrucciones para la administración y manejo de las salinas. Según Alberto Corradine, Moreno habría ordenado la división de Zipaquirá en dos barrios distintos, uno para indios y otro para los vecinos, pero esto contradice la evidencia disponible[34].  

En estos mismos años presentó un informe sobre la situación de los pobres y vagabundos de Santa Fe, como fundamento para proponer la creación de un hospicio y casa “para recogimiento de mujeres y recibo de niños expósitos y su crianza”; aprobado el plan elaboró la “instrucción, estatuto y ordenanzas” que habían de regir estas instituciones. Para financiarlas, entre otros arbitrios, propuso que se utilizaran las salinas de piedra –hasta entonces la explotación casi única de las salinas de Zipaquirá se basaba en el uso de las fuentes de agua salada- para constituir rentas en beneficio de los hospicios, y así se hizo en 1772[35]. 

Otra de las preocupaciones que resultan evidentes de los escritos de Moreno es la de la necesidad de contar con bastante información sobre la población y los recursos del reino para poder ejercer una adecuada administración y gobierno. En 1770 el virrey solicitó a los diversos funcionarios locales “que se forme una razón individual del territorio comprendido en su mando, con expresión de los pueblos, ciudades, villas y lugares que encierra y límites de su jurisdicción... significándome, aunque sea por cálculo prudencial, el número de habitadores, su índole y demás circunstancias... acompañándome, si fuera asequible, un plan o diseño que facilite el conocimiento”. No muchos de los funcionarios respondieron con suficiente detalle, pero se conocen algunos de los informes locales elaborados con este fin, como el “estado general de las ciudades y pueblos del Cauca en 1771”, la descripción de Santa Marta en 1772 y, probablemente, la “Noticia historial de la provincia de Cartagena de Indias”, aunque ésta pudo tener un origen diferente. Con base en esta información, aunque quejándose de su insuficiencia (pocos gobernadores enviaron “noticia del número de habitantes... ni los curas remiten el padrón anual de sus feligreses, como manda la ley”), elaboró el fiscal el “Estado del Virreinato de Santa Fe... y relación de su gobierno y mando del excelentísimo Señor... Don Pedro Messía de la Cerda” Este extenso documento ofrece una descripción de todas las regiones del país, y para muchas de ellas trata de establecer la población. Muestra, por otra parte, el interés del autor en el fomento de las actividades económicas y le da ocasión de ofrecer ideas para resolver asuntos de gobierno de la más diversa índole. El texto fue acompañado de un mapa elaborado por Joseph Aparicio Morata, “formado en servicio del Rey nuestro señor por D.D. Francisco Antonio Moreno y Escandón”, y en el cual se incluían varios cuadros estadísticos, e los que aparece el primer intento de presentación de la población total del Virreinato. No parece tampoco que con anterioridad a ese mapa se hubiese elaborado en la Nueva Granada otro que incluyese la totalidad del Nuevo Reino.[36] 

Por otro lado, durante estos años ocupó en varias ocasiones las fiscalías de la Audiencia. Inicialmente fue encargado de la fiscalía civil a partir de marzo de 1770; en 1773 estaba también encargado de ella, así como en 1775. En 1776 recibió, ya nombrado, la fiscalía del crimen, pero continuó ocupando también la de lo civil; parece que esta situación se mantuvo hasta 1778, por lo menos; en 1781 desempeñaba únicamente la fiscalía de lo civil, a la que, según la “Relación de Méritos...”, había optado.[37] 

Así pues, hubo momentos en los que Moreno fue simultáneamente Protector de Indios, Fiscal del Crimen, Fiscal de lo Civil, Juez Conservador de Aguardientes, Tabacos y Salinas, Juez Conservador de Hospicios, Regente de Estudios y Fiscal de la Junta de Aplicaciones, cargos que parece haber desempeñado con bastante eficiencia. Los expedientes que han quedado en los archivos dan testimonio de una capacidad de trabajo sorprendente, y son muchos los documentos con sus conceptos que seguramente no han salido aún a la luz; muchos también los que han desaparecido de los archivos. Según la tradición familiar “dictaba simultáneamente a tres amanuenses. Y hacía esto sin dejar de atender la partida de ropilla que algunos amigos solían entablar en la pieza de su estudio, ni de dar su parecer acerca de las jugadas”.[38] 

V

La última de las actuaciones de Moreno que es necesario considerar es su papel en la liquidación de los resguardos indígenas del oriente colombiano y su actuación en la visita a esta región. Aunque existen bastantes estudios que tratan parcialmente el tema, no existe un tratamiento global y detallado de la visita y de sus consecuencias. La publicación de los documentos incluidos en este volumen puede dar una base más orgánica para hacerlo. Por mi parte, me limito a hacer algunas consideraciones generales para situarla y complementar en alguna medida los estudios ya publicados.[39]

Como es bien sabido, durante el período colonial se hicieron visitas recurrentes a las áreas de densa población indígena, con el objeto de enumerar los indios tributarios, determinar las tasas con que debían contribuir a las corona y regular las relaciones entre encomenderos, indígenas, doctrineros y corregidores. La legislación relativa a esto es bastante detallada y reiterativa. Sin embargo, las visitas no se hicieron con la frecuencia deseada por la corona, pues usualmente debía hacerla uno de los oidores, y con frecuencia, al no encontrarse completo el número de éstos, habría sido preciso frenar la rutina del tribunal; no debió dejar de influir en ello la poca atracción de un viaje largo y difícil fuera de la capital. En el área de Santa Fe y Tunja se hicieron visitas de la tierra en 1555, 1559-60, 1562-63, 1564, 1584, 1591, 1593-5, 1595-1600, 1617 y 1635, y luego se dejó la zona en manos de los poderes locales por más de un siglo.  

En 1755 el oidor Andrés Verdugo y Oquendo visitó a Tunja y el oidor Joaquín de Aróstegui a Santa Fe. Esta visita dejó ver con claridad la magnitud de los cambios demográficos y sociales que se habían producido en la región desde la visita del oidor Juan de Valcárcel. El mestizaje resultaba ahora dominante, las lenguas indígenas habían desaparecido, y los indígenas con derecho a participar de la tierra de los resguardos, que habían sido establecidos alrededor de 1600, constituían ya una minoría de la población. En efecto, si en 1635 había cerca de 50.000 tributarios en la región, para 1755 se habían reducido aproximadamente a la mitad, mientras que los vecinos “libres” –ante todo mestizos- superaban ya las 55.000 cabezas de familia.  

La disminución de la población indígena no era nueva; en realidad, había sido aún más brusca en las primeras décadas que siguieron a la conquista. Desde entonces, la administración colonial había tomado la decisión de reunir varios pueblos indígenas en uno solo, cuando aquellos comenzaban a resultar demasiado reducidos para atender su administración o su cuidado religioso. En 1602-3 se trató de reducir los 83 pueblos de Santa Fe a 23 y los 125 de Tunja a 40. Los traslados se hicieron en forma parcial, debido a la resistencia coincidente de indios y encomenderos, y a los errores administrativos que acompañaron ese esfuerzo. En 1635 no se habían efectuado muchos de los traslados ordenados, y cuando la visita de 1755, todavía subsistían 75 pueblos de indios en Tunja y Vélez y 57 en Santa Fe.[40] Pero como se indicó, el problema no era la ya brusca disminución del número de indios, sino su reemplazo simultáneo por una población mestiza creciente, que carecía de tierras para su propio mantenimiento y que no encontraba un lugar en el orden social y legal español. Muchos de los mestizos, buena parte de ellos emparentados con los indios, vivían entre éstos, y arrendaban porciones de los resguardos que éstos no utilizaban. De este modo, el problema demográfico se enmarcaba dentro de un problema de asignación y acceso a la tierra, que fue percibido por la administración española en forma curiosa. Aunque la mayoría de las tierras estaba en manos de un reducido número de españoles y criollos, y la parte correspondiente a los resguardos era una mínima porción del área disponible, siempre se vio que eran las familias indígenas, que en vez de 2 ó 3 hectáreas contaban ahora con 5 o 6, las que tenían tierras sobrantes, mientras que los propietarios criollos de centenares o miles de hectáreas aparentemente tenían lo que justamente les correspondía. Por supuesto, tras esto estaba un elemento legal, pues la tierra de los resguardos no estaba titulada en firme a los indígenas, que disfrutaban de ella a voluntad de la corona. También se apoyaba esto en una realidad económica: las propiedades de los criollos estaban dedicadas más bien –aunque no exclusivamente- a la ganadería, mientras que las tierras indígenas se dedicaban ante todo a cultivos de granos, verduras y hortalizas, mucho más intensivos en mano de obra pero que requerían el uso de menos tierra.  

En todo caso, ante esta situación los visitadores Verdugo y Oquendo y Aróstegui propusieron reducir el tamaño de los resguardos, autorizar a los mestizos para residir entre los indios, abandonando así la firme y reiterada prohibición legal de convivencia entre ellos, y extinguir algunos pueblos de indígenas trasladando sus habitaciones a otros. En este caso, así como en el caso de que se suprimieran los trozos considerados excedentes, las tierras se rematarían a los vecinos. Así se hizo en un número amplio de ocasiones como Soatá, Motavita, Pare, Tenza, Garagoa, Somondoco, etc. En algunos casos las autoridades no autorizaron la extinción de los resguardos, propuesta a veces por los vecinos; así, en 1756 el virrey José Solís opinó, ante las peticiones de suprimir el resguardo de Ramiriquí, que tenía más de 100 indios, que las leyes prohibían sacar a los indios de su natural. El mismo Verdugo y Oquendo consideraba que la supresión de resguardos, que proponía a veces, sólo debía autorizarse en casos excepcionales, cuando “se verifique extrema necesidad...” Afirmaba estar en general contra una política de erradicación de los indios: “los traslados de indios de unos pueblos a otros, nunca se han adaptado a mi dictamen, pues aunque les demos el nombre de agregaciones y uniones, incluyen estos el verdadero nombre de destierro...”[41]  

Además de los usuales argumentos sobre las necesidades de los vecinos, se argüía habitualmente que la supresión de pueblos pequeños conduciría a ahorros fiscales al dejar de requerirse doctrinero y simplificarse las tareas de los corregidores. El fundamento legal más reciente se encontraba en una cédula real del 20 de diciembre de 1707, que ordenaba unir a otros pueblos aquellos que tuvieran menos de 25 tributarios. [42] 

Así pues, hacia 1755 tuvo lugar una importante transferencia de tierras en la región de Tunja, y algo menor en Santa Fe. Pero con los traslados aprobados, apenas disminuyó en algo la presión sobre las tierras; el mestizaje continuaba, en el contexto de una recuperación demográfica general, que fue elevando las tasas de crecimiento global de la población a niveles cercanos al 1.5 anual. [43] En los años posteriores se propusieron algunas extinciones nuevas. Un ejemplo está en el caso de Ramiriquí, cuya disolución se propuso de nuevo en 1763. Las autoridades coloniales rechazaron esta pretensión por decreto de marzo de 1766. No sería extraño que se hubiera seguido entonces la opinión del nuevo protector de indios. Moreno y Escanden, quien durante les años iniciales de su gestión parece haberse opuesto en forma general a la supresión de resguardos.[44] 

Como se anotó, al lado de consideraciones sociales y económicas existían razones administrativas: los corregidores, que en el territorio del Nuevo Reino no tenían el derecho a obligar a los indios a la compra forzada de ciertos artículos, derecho que en otras regiones de las Indias constituía una de las fuentes principales de sus ingresos, no tenían muchos incentivos para atender poblados a su cargo demasiado pequeños o dispersos. Con ocasión de la vacante de los corregimientos de Lajas, Chitas y los Panches, en 1761 se juzgó conveniente proponer al monarca que los corregimientos cortos fueran provistos por el virrey y no por el rey y, que, si fuera posible "se incorporasen unos en otros".[45] 

Como de costumbre, la corona contestó, buen tiempo después, solicitando informes adicionales y una lista de los corregimientos y alcaldías menores. Esta petición, hecha en 1764 y repetida en 1768., obtuvo respuesta para 1770, cuando inició el trámite de costumbre por las oficinas locales: en mayo de 1771 se había pasado para estudio del fiscal José de Peñalver, quien pidió más datos; en noviembre, como se decía que el protector Moreno y Escandón tenía bastante información sobre este problema (debía entonces tener en sus manos muchos de los informes que fueron incorporados en su "Estado"), se pidió su concepto. Moreno pidió más información, ante todo sobre tributos, pues con parte de éstos se pagaban los salarios de los corregidores. Alguna información se le pasó en febrero de 1772. y con base en ella elaboró un extenso informe en marzo del mismo año. Moreno atribuía entonces el bajo ingreso tributario, que hacía injustificado el pago de los salarios de varios corregidores, a la negligencia y escasa dedicación al trabajo de los indígenas. Teniendo tierras sobrantes, los indios preferían muchas veces arrendar la tierra e irse a trabajar por un salario en las haciendas de los alrededores. Los corregidores no tenían presión para impulsar a los indios al trabajo, y se contentaban en muchos casos con recibir sus tributos en especie; la corona, en general, resultaba defraudada en sus partes del tributo. Para corregir la situación, proponía el protector de indios que se redujera el número de corregimientos existentes, se hiciera una nueva demarcación de sus límites y se conformaran corregimientos grandes; los encargados de éstos deberían responder por los tributos que les correspondieran, con base en el número de indios. Para lograr todo esto, dictaminaba que debía ordenarse que "un ministro o sujeto de inteligencia y de total satisfacción saliese a visitar la tierra e hiciese una prolixa numeración de los indios..." 

La propuesta fue acogida por el rey: "he resuelto se haga la visita de las Provincias... con la numeración de tributarios de cada una y unión de corregimientos, por los respectivos protectores de indios". Así, Moreno quedaba a cargo de esta tarea, y debía ir acompañado por un visitador; mientras hacía la visita sus funciones de protector de indios debían ser encargadas a un interino que recibiría medio sueldo. La cédula real no era muy detallada, y pronto Moreno comenzó a darle una interpretación que, según se adujo luego, desbordaba su sentido. La "unión de corregimientos" empezó a unirse en la opinión del visitador en forma estrecha con la extinción de resguardos y el reagrupamiento de los indígenas, de modo que aunque la cédula en ninguna parte hablaba de ello. Moreno se sintió autorizado para ordenar la supresión de pueblos, su traslado y el consiguiente remate de los resguardos. Se apoyaba para ello, además, en los antecedentes legales que ordenaban agrupar los pueblos de menos de 25 tributarios, en el supuesto de que tenía todos los poderes usuales de un visitador de la tierra. 

No hay que olvidar que, como protector de indios, Moreno había objetado !as agregaciones. En 1767, cuando se pidió disolver el resguardo de Sogamoso, afirmó que esto violaba la más elemental justicia "si tanto se pondera el deseo de lograr propio reclinatorio como primario objeto del descanso en las calamidades de la vida, cuánto más doloroso será verse despojado de su misma patria por unos advenedizos que contra el tenor y disposición de las leyes se albergaron acogidos por la rústica ignorancia de los indios que ahora se ven arrojar de los mismos que antes ampararon". [46] Sin embargo, tan pronto empezó la visita, en 1775, dio pruebas de haber cambiado de concepto: en Pandi y después de unas diligencias hechas por el corregidor, hizo un rápido recorrido de la zona y en enero de 1776 ordenó la disolución de tres resguardos (Fusagasugá, Pandi y Tibacuy) y el traslado de los indios de ellos a Pasca. Este caso sirve de ejemplo de los temas que con variaciones, repetirá en los tres años siguientes una y otra vez. Moreno subraya el amplío vecindario no indígena v su carencia de tierras; como no podían gozar de las de los resguardos, tenían que tomar "la precisa para su habitación y entable de los dueños de las haciendas comarcanas" o arrendar una parcela en los resguardos. 'En ambos casos se encontraban sujetos al "riesgo de ser expelidos al arbitrio de los dueños". Probablemente ya entonces Moreno consideraba, como lo dijo dos años después, que los indios tenían una afortunada dotación de tierras: "Las tierras que para resguardos tienen los indios son sin duda de las mejores, como escogidas a placer y sin estorbo desde el descubrimiento del reino y por lo común les sobran, mediante a que en tiempo de su señalamiento eran muchos los indios, y ya hoy han venido a total disminución, de modo que en cualquier pueblo donde se agreguen indios encuentran tierra con todas las calidades que las leyes prescriben." Al adoptar la disolución como respuesta al problema de tierras del vecindario. Moreno ordenaba el traslado de los indígenas a otro pueblo, dándoles un plazo de dos meses para que cosecharan lo que tuvieran sembrado. Los indios debían recibir el pago de las mejoras y recibían una exención del tributo por un año. Si los indios se resistían, podían las autoridades proceder a forzarlos, derribando sus habitaciones.  

Moreno, sin embargo, no continuó personalmente la visita iniciada en 1775: en agosto de este año recibió del fiscal Luis de los Ríos el cargo que éste tenía, el que no podía ejercer simultáneamente con la ejecución de la visita. Por ello la Junta de Tribunales recomendó que se le encomendase la visita a José María Campuzano y Sanz, quien recientemente había sido designado corregidor de Tunja. El protector redactó entonces unas instrucciones para la visita, en las que se decía que "todo pueblo que no tuviera veinticinco indios tributarios debe extinguirse y trasladarse a otro de igual temperamento", previa aprobación por el gobierno virreinal. Igual conducía podía seguirse con los pueblos que tuvieran hasta cuarenta tributarios, en los casos en que hubiera razones adicionales para ello. 

Campuzano, nombrado en la segunda mitad de 1776, remitió algunos informes y a comienzos de 1777 propuso un nuevo alinderamiento de los corregimientos. El corregidor de Tunja, por lo demás, no quedó contento con los límites propuestos en mayo de este año y pidió que se le autorizara para demoler los pueblos; que tuvieran hasta 80 ó 100 indios "de macana", lo que habría llevado a que sólo sobreviviera un puñado de ellos. Moreno y Escanden, que era ahora fiscal de la Audiencia, contestó que en casos en que creyera esto conveniente hiciera la consulta al gobierno. Aquí vale la pena destacar un nuevo aspecto del problema ¿contestaba Moreno —y esto vale para todas sus actuaciones de estos años— como fiscal, en defensa de los intereses de la corona, que encontraba obvios beneficios en los remates de los resguardos, o como protector de indios, encargado de defenderlos? 

Esta fue una consulta que sólo vino a plantearse en 1778. Entre tanto, como puede seguirse con prolijo detalle en el documento que se publica en este libro, Campuzano y Sanz procedió a visitar los pueblos de Tunja. Sus informes nos dan una visión compleja y abigarrada de los pueblos indígenas, de las cargas que ellos debían asumir, de su población, del avance del proceso de mestizaje y de las diligencias hechas en caso de recomendarse la disolución de los pueblos de indios. Sorprende siempre la escasa participación de los voceros de los indios, los que apenas parecen actuar para rendir el reporte del número de tributarios y para contestar en forma rutinaria sobre la ausencia de las más flagrantes violaciones a las leyes españolas. Para finales de 1777 había recorrido ya la mayoría de los pueblos de su jurisdicción y propuesto la supresión de buen número de ellos, para lo cual recibió la pronta y diligente aprobación del virrey Manuel Antonio Flórez, asesorado siempre por Moreno, en su carácter contradictorio de protector y fiscal. 

A comienzos de 1778 llegó a Santa Fe el visitador Gutiérrez de Riñeres, quien consideró que nadie tenía autoridad para delegar la visita, la cual había sido confiada al protector de indios, con obligación de que se nombrara, mientras la desarrollaba, un protector interino, pues sin que hubiera un defensor de los intereses de los indios se causaría la nulidad de todo lo actuado. Las autoridades acogieron esta posición, y Moreno, que sólo había hecho personalmente, un año antes, la visita de Zipaquirá, y algunos oíros pueblos de la Sabana, y había logrado que se ordenara el traslado de los indios de Zipaquirá y Nemocón a Tausa, salió en junio a recorrer, como una exhalación,[47] los pueblos del oriente desde Turmequé a Cúcuta y de allí a la sabana de Santa Fe; los autos que se reproducen en este volumen muestran la atención al detalle de Moreno, su capacidad de observación y de decisión, su interés por los aspectos sociales y económicos. La información sobre las costumbres de los indios y los mestizos, las relaciones con los doctrineros, los problemas religiosos, “las necesidades de camino” y puentes: nada queda fuera de la mirada burocrática del doctor Moreno. Sus decisiones confirman en general lo hecho por Campuzano y lo amplían, al proponer una nueva serie de remates.

Al llegar a Santa Fe presentó el informe general del 18 de noviembre de 1778, el cual acompañó con un mapa de las zonas recorridas elaborado por Francisco Javier Caro. Este informe confirma la transformación total de las opiniones de Moreno sobre los resguardos: la actitud del protector de indios se ha transformado en la visión de un funcionario español, preocupado por el aumento de los ingresos fiscales y por el bienestar de todos los vasallos reales, identificable con el avance del Estado. El Nuevo Reino es cada vez más una nación de mestizos, y la desaparición de los indios por su conversión en éstos no le produce inquietudes: "Son muy raros los indios puros, manifestándose a la vista sin necesidad de otra prueba haber degenerado la especie; y es preciso que así suceda porque casi no hay pueblo de indios donde no sea mayor el número de vecinos españoles o de gentes de color que se abrigan en las tierras de los resguardos o sus inmediaciones." Nada parece justificar la continuación de la sociedad estamental y del tributo, nada "perdería su Majestad, antes bien, adelantaría mucho el gobierno si los indios se españolizasen y con su casta se borrase la memoria de su tributo..."

Sin embargo, la ley española determina otra cosa: y mientras sea así es preciso mantener a los indios separados de las demás castas; para ello lo mejor es unirlos en poblaciones donde su número no los deje al arbitrio de criollos o mestizos, trasladando los grupos pequeños a los resguardos sobrantes de otras comunidades. No aceptan los indios voluntariamente tales traslados: no captan sus verdaderos intereses, alega el protector, y se erige en portavoz de ellos contra lo que los indígenas mismos manifiestan: "'Rara vez aceptan los indios con entero gusto su translación y tenazmente conservan apego o lo suponen a la tierra, aunque se les brinden las mayores ventajas. Por cuya razón como su protector resistí casi siempre sus translaciones, hasta que desengañado por la experiencia he visto ser un capricho nacido de su ignorancia o malicia, pues voluntariamente... se ausentan de sus pueblos, sin que ninguna diligencia alcance a restituirlos, abandonando mujer, hijos y parientes, arriendan a vecinos la parte de tierra de su señalamiento y se alejan a vivir de concertados en haciendas del campo o en poblaciones de españoles... Sólo cuando por su beneficio y para su arreglo se trata del remedio por la agregación se acuerdan del patrio suelo. Con este conocimiento acreditado ocular y repetidamente he formado concepto que siendo obligación protejerlos por razón de mi empleo no debo silenciar ni sus defectos ni los medios que gradúo oportunos, no para que se condecienda ciegamente complaciéndoles en lo que apetecen, no para su bien, sino para su vida libre que prefieren, sino dirigiendo las providencias... a que se reparen los daños que causan los pueblos tenues..." No deja Moreno de atribuir la oposición a sus actuaciones a intereses creados: curas, vecinos que se aprovechan de ellos, y ante todo los hacendados confinantes, que "tienen asegurado con los indios el peonaje, concertándoles a bajo precio por jornaleros en sus labores, o les abastecen con lo que cultivan". 

El informe no fue esta vez muy bien acogido: el oidor Joaquín Vasco y Vargas y el regente Gutiérrez de Riñeres consideraron que sus actuaciones habían sido contrarias a la ley y a las conveniencias. Vasco, encargado de la fiscalía, consideró que "aquellas actuaciones de los comisionados, desde su origen, vinieron revestidas de apariencias de utilidad pero con poquísima sustancia de bien y de verdadera y solícita virtud y por lo tanto vimos un gran número de hombres cebados en estos infelices /indios/ .. ." [48] Gutiérrez, revisados los expedientes, presentó el 3 de febrero de 1779 un extenso alegato contra la política de Moreno y Escandón, argumentando que éste no tenía autoridad para ordenar extinciones de resguardos, por limitarse la cédula real de 1774 a ordenar la fusión de corregimientos; por no haberse obtenido el consentimiento de los indios, como era obligatorio, y por no hallarse revestido de las facultades de un visitador ordinario de la tierra. Además de estos argumentos de orden jurídico sostuvo Gutiérrez que el proceso de mestizaje había llegado a tal punto que era ilusorio tratar de mantener la separación entre indios y libres, y de hacerse el esfuerzo del caso sólo se lograría la ruina del Estado: quizá habría sido mejor política, afirmaba, impulsar y acelerar el mestizaje mediante la mezcla y convivencia de españoles e indios, que manteniendo una segregación ordenada por la ley pero superada por la realidad. En vista de esto, proponía que se suspendieran los procedimientos de traslación de indios y extinción y remate de resguardos en todos los casos en que no hubieran concluido; dada la situación ya creada, aceptaba que los resguardos ya rematados quedaran en manos de los compradores y los indios que ya se hubieran trasladado permanecieran en su nueva localidad. Del mismo modo, en cuanto Gutiérrez no consideraba que Moreno tuviera poder para redefinir los límites de los corregimientos, consideraba que también en este caso no debía hacerse "por ahora novedad".

Con base en estos conceptos expidió el virrey Flórez el auto global de 17 de febrero de 1779, en el cual acogía, algo a regañadientes, las peticiones del visitador, al cual consultó previamente el borrador de la providencia; sobre lo hecho Flórez siguió presumiendo su legalidad, y pasó a consultar al rey cuál era "el número de indios tributarios que debe servir de regla para que no llegando a él se extingan los pueblos de indios". Nombró además cuatro comisionados para que revisaran la situación de los indios trasladados. [49] 

Terminó así la actuación de Moreno con relación a este asunto, y no deja de sorprender la repentina transformación de la política iniciada. A comienzos de 1778 era Moreno uno de los hombres más poderosos de Santa Fe, como lo había sido ya por más de una década; en dos años el visitador Gutiérrez, pese a la estimación de sus capacidades, redujo su influencia en forma drástica y frustró sus actividades en el terreno de la reforma de estudios y de la transformación de la situación de los indígenas. Podría pensarse que se trataba de un enfrentamiento entre criollos y españoles, en el que Moreno habría representado los intereses locales. Sin duda alguna su política estaba orientada a reforzar el poder de cierta elite criolla en el caso de la educación universitaria; en cuanto al tratamiento de los indígenas, sus actos favorecían a los vecinos blancos y mestizos de los pueblos indígenas. Ahora bien, esta política contó con un vigoroso respaldo de los funcionarios españoles anteriores a Gutiérrez y a los nuevos oidores como Joaquín Vasco y Vargas. La divergencia de opiniones dividió pues a los representantes peninsulares de la monarquía. Por otra parte, no resulta fácil identificar vínculos muy concretos de Moreno con los criollos santafereños; por el contrario, durante buena parte de su carrera parecería más bien un funcionario protegido por las autoridades españolas que chocó con frecuencia con los grupos criollos más fuertes: con el de Jorge Miguel Lozano o con el grupo familiar de los Alvarez. Sus hijas 1o vincularon paulatinamente con una capa de peninsulares recién llegados, lo que constituye al menos un indicio, así sea leve, de las afinidades sociales del fiscal. Tres de sus yernos se convirtieron, para finales de siglo, en prósperos hacendados sabaneros, y entre sus propiedades se contaron algunas que habían dejado el dominio indígena por causa de los remates promovidos por Moreno y Escanden, pero esto es algo que no podía estar en sus planes. [50] 

Es muy probable, en todo caso, que Moreno hubiera resultado atrapado por la puesta en ejecución, por parte de Gutiérrez, de una política orientada a destruir el poder de los criollos en la Audiencia y en los demás tribunales de Santa Fe. Si hasta 1778, aunque criollo, estuvo más bien cerca a los funcionarios españoles, v tuvo frecuentes choques con los grupos criollos, a partir de la llegada del visitador todos resultaban sospechosos por su carácter criollo. A Moreno, dadas sus habilidades, se le envió a un cargo en otra audiencia, que constituía un ascenso burocrático. El grupo de los Alvarez fue desmantelado rápidamente: el oidor Benito Casal y Montenegro pasó al retiro, el contador Manuel Bernardo Alvarez fue trasladado a Popayán, y nuevos oidores, todos españoles, se posesionaron en la Audiencia. En 1777 constituían este tribunal los oidores Casal, casado con criolla y con 30 años en Santa Fe, Juan Francisco Pey, casado también con criolla y con 29 años de residencia, Juan Romualdo Navarro, nacido en Quito v el fiscal Moreno y Escandón; en 1780 los oidores eran Pey y los españoles Vasco, José Osorio y Pedro Catani; el fiscal era el español Manuel Silvestre Martínez. En tres años el poder de los criollos se había reducido a un simple recuerdo.[51] 

Ya se señaló la relativa pasividad con la que aceptó Moreno el cambio de sus proyectos educativos; en el caso de los resguardos expuso su criterio con firmeza pero debió someterse: "Cuando se resolvió diferir a la real deliberación la decisión de los puntos por mí consultados como preliminares signifiqué verbalmente que no podría lograrse el lleno de las reales intenciones manifestadas en la real orden de mi comisión, no quedándome otro arbitrio que el de la obediencia." Enfrentado a Gutiérrez, debió tener en cuenta el peso que éste tenía en España para evitar una confrontación abierta, que habría tenido pocas probabilidades de ganar. En esta tensión, el visitador, pese a las razones que lo enfrentaban a Moreno, y que probablemente lo llevaron a solicitar su traslado, reconoció siempre las habilidades y capacidades de éste: en 1779. tras señalar las incompatibilidades que encontraba entre los varias cargos ocupados por Moreno (que no sólo se referían a las de la fiscalía civil y la protección de los indios, sino también las que se daban entre su carácter de fiscal y juez de rentas), insistía en que el fiscal "está radicalmente instruido en los negocios de este Reino por la intervención que ha tenido en ellos, y porque es hábil y laborioso. Ninguno mejor para desempeñar cualquier asunto de Rentas. . ."[52] 

Entre los desacuerdos menores del fiscal y el visitador hay que mencionar, por último, el concepto negativo de Moreno al impuesto de armada de Barlovento, restablecido por Gutiérrez. Porque en este caso se cierra la paradoja de la caída de Moreno: opuesto a los actos fiscalistas de Gutiérrez, mientras que éste había enfrentado la disolución de los resguardos estimulada por Moreno, ambos resultaron unidos en la mente de los comuneros, sin que los indios vieran en Gutiérrez a su defensor ni los criollos consideraran a Moreno su aliado ocasional. Para la heterogénea multitud que marchó a Zipaquirá, ambos eran claros representantes del "mal gobierno" que los oprimía. Más curiosa aún es la presencia, entre esa multitud, de Ambrosio Pisco: quien ahora encarnaba los ideales indígenas y representaba sus luchas por la supresión de los tributos y la recuperación de sus tierras había participado tres años antes, en Güepsa, en su calidad de teniente, en las diligencias de la visita de Moreno[53] que condujeron a la disolución y remate de ese resguardo, sin que conste que entonces se hubiera opuesto a ello. Moreno, sin embargo, no pudo enterarse de esto, pues aunque asistió a las Juntas de Tribunales al menos hasta la del 10 de abril, cuando se ordenó enviar al oidor José Osorio a enfrentar a "la plebe insolentada", su salida de Santa Fe se hizo antes de que llegara noticia del descalabro de Puente Real 

VI 

Sobra toda discusión del documento publicado, que queda a disposición y estudio del lector. Aunque por su origen burocrático es reiterativo y a veces rutinario, ofrece una visión global de la administración colonial y de la vida social indígena, en toda su complejidad, que será sin duda útil para historiadores y estudiosos.

Texto agregado en 2006: 

Un añadido melancólico: Los últimos años de Moreno en Santiago 

Moreno y Escandón estuvo en Santiago como oidor durante 3 años, entre 1789 y febrero de 1792, cuando murió. De haber mantenido la actividad extraordinaria de Santafé, los archivos locales deberían estar llenos de sentencias, conceptos, informes, propuestas, opiniones. Pero la documentación sobre su actuación en Santiago es sorprendentemente escasa, como si hubiera renunciado a esforzarse, y una búsqueda en los índices del Archivo Nacional de Chile, en 2004,  no reportó sino un pequeño grupo de documentos sobre su muerte. No logré encontrar nada sobre sus actuaciones como funcionario público, a pesar de la ayuda de los funcionarios del Archivo. Tampoco he encontrado información sobre esto en obras de historiadores chilenos. Moreno y Escandón no se menciona prácticamente nunca.  Apenas sabemos que murió como oidor regente, en reemplazo de Tomás Álvarez de Acevedo, que ocupaba este cargo en 1789,  y que asumió el cargo en noviembre de ese año. [54] 

Como no sabemos nada de su vida en la capitanía general de Chile, vale la pena dar a conocer algunos detalles sobre su muerte. Por los documentos que quedan –y cuya referencia he perdido, pero se localizan con facilidad en el Archivo General de Chile- se sabe que estuvo en cama, gravemente enfermo, al menos un mes, durante los cuales lo visitaron continuamente un barbero y un peluquero para su “afeitado y peinado”, que después pasó la cuenta respectiva. Tuvo también la atención de un médico, que le recetó aguas y ungüentos de malva, satureia, almendras, amapola altea y otras yerbas, laxantes diversos y otros remedios que por supuesto no dieron resultado.

No tenía deudos locales. Dos de sus sirvientes piden, después de muerte, que se les tenga en cuenta: Juan de León, que fue su barbero, pide que le regalen los elementos del oficio, pues no solo le sirvió muchos meses, sino “por haberle afeitado y peinado después de muerto, en caso cuyo es costumbre se adjudiquen al barbero estos bienes". Don Fermín Fabres, que parece haber sido una especie de ayudante general,  un cliente en el sentido original romano, dice que le sirvió de modo “gratuito y sin remuneración, fundado solo en la esperanza de su protección...”. Habiendo muerto su protector, se encuentra sin recursos y pide que lo socorran en algo.

Don Fermín se encargó de atender al oidor en sus últimos días y de coordinar su entierro, que se hizo probablemente en la Catedral de Santiago. [55] La mayor parte del documento que queda está formado por cuentas: las velas, tostaditas, panales, jabones, almidón, azúcar, yerba [probablemente yerba mate] y carbón que se compraron hasta el 22 de febrero; las deudas que había todavía por la compra de un coche;  los trabajos en “la piedra que se ha de poner en la sepultura del señor Regente”, que costaron seis pesos, el cajón y la bayeta negra para envolverlo. Había que pagar misas, lo que se le debía a Isabel Mejía (probablemente su cocinera) y asumir otros gastos como el entierro, que acaba tasado en 716 pesos.

Los gastos de la enfermedad fueron 120 pesos y  hubo que pagar unos veinte pesos a los que avaluaron sus propiedades: debía tener bastantes objetos de oro y plata, pues el trabajo les tomo 55 horas.  Entre sus propiedades más valiosos están el coche, un reloj y un Cristo. Al final, sus bienes se avalúan en 5269 pesos y medio, y los gastos que se cargan contra ellos son 2544 y ¾. El saldo que recibe el albacea, José Robledo, después de otras deducciones, y que probablemente debió mandarse a doña Teresa Isabella en Bogotá, fue de 1616 pesos.  

Moreno había sido un funcionario excelente y un letrado, con una educación excepcional y una brillante carrera, apoyada siempre en libros y códigos. Debió tener una buena biblioteca, pues el avalúo de sus libros costó 17 pesos y medio. Sin embargo su remate dio solamente 25 pesos.[56] 

Una historia triste y un final melancólico para un burócrata alejado de su patria,  desdentado, envejecido y probablemente envuelto por años en la bruma de la depresión.

Jorge Orlando Melo

Prólogo a la edición del extenso documento “Testimonio …sobre la visita practicada por Dn. Joseph María Campuzano y el Sr Don Francisco Antonio Moreno … “, que copié en 1976 del Archivo de Indias, Santa Fe 595, y que fue publicado como Francisco Antonio Moreno y Escandón, Indios y Mestizos en la Nueva Granada  a finales del siglo XVIII, Bogotá, Banco Popular, 1985, 596 págs. La transcripción del documento la hicieron Germán Colmenares y Alonso Valencia Llano.