En agosto de 2000 Cambio sacó un informe especial sobre la paz, en el que, como ocurre con frecuencia en el país, mostraba los grandes motivos de desesperanza existentes, pero de ellos deducía razones para la esperanza: después de mostrar como el proceso de negociación estaba en un impasse y nadie creía en él, la revista afirmaba que precisamente esa era la mejor causa de optimismo: en una situación tan mala, si no se hacían los acuerdos de cese al fuego, todo se terminaba, y por lo tanto "lo que está ocurriendo puede ser un síntoma de que el proceso de paz está avanzando". Mostraba además, en una lógica muy parecida, como las FARC habían aumentado sus frentes en forma acelerada, tenían mucho más combatientes, tenían una parte cada vez mayor del territorio nacional y ya no solo gastaban en fusiles, sino en defensas antiaéreas y otras cosas: esto indicaba, según Cambio, que las FARC podían entrar "en cuestión de meses en una fase de colapso económico, por cuenta de su tamaño y del costo de su engranaje de guerra".[1]

Menciono este ejemplo extremo simplemente para dar un ejemplo, entre muchos posibles, de cómo buena parte de la discusión sobre el problema de la paz en Colombia se da en el plano de las buenas intenciones y los buenos deseos, y que muchos de los políticos, analistas y comentaristas ven solamente lo que quieren ver. La urgencia de la paz ha alcanzado, con toda razón, un peso tal en nuestra sociedad, que está haciendo difícil pensar en forma racional. Pensar con el deseo se ha vuelto muy frecuente, así como la negativa a aceptar la realidad porque puede tener consecuencias negativas para el proceso de paz: a quien señala una dificultad, un obstáculo, se le contesta con frecuencia que al hacerlo está mostrando que no desea la paz.[2]

Quizás valga la pena, al iniciar estos planteamientos sobre los procesos de negociación en Colombia, recordar algunas anotaciones muy pertinentes de Jesús Antonio Bejarano, quien trató en un artículo de 1995 de mostrar la diferencia entre un análisis riguroso y conceptualmente claro de estos problemas y los rituales de las "almas buenas" que piden en todo momento el diálogo, creyendo que basta la voluntad de conversar, y las exhortaciones a ciertas formas de pensamiento positivo, a la creatividad de los colombianos, a sus ejemplos de superación, para crear espacios que solucione los conflictos, ignorando que el diálogo "sirve también, a veces, como una ocasión para manipular la buena voluntad...que sirve a los manipuladores de ambos lados para atizar la hoguera del conflicto, para legitimar en las distintas respuestas a los llamados al dialogo las razones de la confrontación".[3]

La voluntad de diálogo, el rechazo a la violencia, la teatralización de las demandas de paz, pueden ser elementos positivos accesorios en un proceso de negociaciones, pero pueden también llevar a que se ignore donde se encuentran las raíces del conflicto y a negarse a considerar una serie de hipótesis incómodas, porque parecen contradecir esa voluntad de negociación. Además, una opinión pública que oscila entre la desesperación y las ilusiones, que se trata de manipular para que insista en la paz a toda costa, puede inducir en el corto plazo decisiones muy costosas y erróneas, al reducir por razones retóricas las capacidades de acción del Estado, estrechar sus posibilidades de negociación y prejuzgar el impacto de concesiones y actos unilaterales de generosidad. La exigencia de la voluntad de paz pesa más sobre el gobierno que sobre la guerrilla, pues el primero debe responder a una opinión pública que eventualmente dará su opinión, en encuestas o urnas electorales, mientras que la segunda puede ignorar en forma más o menos oronda la paralela exigencia de muestras de voluntad de paz.

Dentro de este esquema, una hipótesis fundamental que hay que formularse es si la forma concreta que adoptan las negociaciones de paz en un momento dado es fuente de mayor violencia. Es decir, si la búsqueda de la paz, cuando se hace en determinadas condiciones, puede conducir a corto o largo plazo a la agudización del conflicto, al aumento en los actos de violencia, a la degradación de las formas de la guerra, al endurecimiento de los actores armados, a la corrupción de las propias instituciones estatales, a la polarización de la sociedad, a la aparición de grupos que produzcan una desinstitucionalización creciente del estado y traten de suplantarlo. El país ha tenido ya en varias ocasiones conciencia de algunas manifestaciones de este proceso: desde hace años hace parte del ritual verbal que acompaña una reanudación de negociaciones recordar que, lamentablemente, el país deberá soportar el costo de un aumento en los actos de guerra, ya que es lógico que la guerrilla, si va a hacer negociaciones, haga demostraciones de su poder. Se trata así de anestesiar un poco la sensibilidad del país, para que acepte los dolores que inevitablemente producirá la reiniciación de la negociación. Sin embargo, lo que valdría la pena preguntarse es que tan inevitable es este aumento en la intensidad de la guerra, pues en fin de cuentas depende de una decisión conciente de los dirigentes de la guerrilla, que es siempre posible confrontar. Y en que medida al anunciarlo como inevitable ayudamos justamente a que se produzca.

Mi hipótesis general, en todo caso, es que no sólo se produce el aumento de intensidad habitual de la reiniciación de negociaciones, sino que, en un sentido más general, en el caso colombiano el proceso de paz se ha adelantado, en los últimos años, en una forma que ha producido justamente un aumento de los niveles de violencia, que las deficiencias en la estrategia estatal de negociación han incrementado la intensidad del conflicto, han reducido la capacidad del Estado para avanzar en la búsqueda de un ejercicio real del monopolio de la justicia y de las armas, han llevado a un crecimiento substancial de la impunidad, y sobre todo, han conducido a una deslegitimación creciente del Estado, en el triple sentido de que los procedimientos e instituciones democráticas han perdido valor, que no se ha avanzado en el desarrollo de reformas esenciales y urgentes y por ello la población cree cada vez menos en el Estado, y sobre todo, para efectos de la guerra, han llevado a que una proporción creciente de la población mire con simpatía la formación de grupos privados de lucha contra la guerrilla, aceptando incluso la aplicación de métodos de barbarie que entran en conflicto radical con cualquier ética ciudadana democrática. Que el contexto del proceso de paz induce en la guerrilla un aumento en su voluntad de acción violenta, mientras enerva la capacidad de respuesta estatal. Que ha pesar de la buena voluntad de tantos luchadores de paz, el resultado es contrario a lo que se busca, y que muchas de las muertes y secuestros de los últimos años -al menos los aumentos en las muertes y secuestros- tienen como causa, no la guerra, sino las oportunidades y condiciones creadas por la forma específica de la búsqueda de la paz, de manera que lo razonable es evitar seguir cayendo en la fascinación del discurso de paz y examinar si al promoverlo no se está logrando un resultado paradójico pero en buena parte previsible.

El debate sobre la paz, adicionalmente, se ha hecho cada vez más difícil, pues la presión hacia una polarización de las opiniones y en general de la sociedad es muy fuerte. Recuerdo que cuando fue asesinado Jesús Antonio Bejarano, uno de los mejores analistas del conflicto comentó en un diario bogotano, en tono convencido, que la muerte de Bejarano mostraba la futilidad y el error de tratar de no escoger realmente entre las opciones en juego: el error de Bejarano habría sido precisamente creer que podía criticar impunemente a la guerrilla y al gobierno, a los paramilitares o a la izquierda, que podía evitar elegir entre apoyar los objetivos del gobierno o los de la guerrilla. El profesor Pecaut ha mostrado su preocupación por esta tentación, y destacó la "estrategia por parte de los dos campos de reducir al silencio a los que pretenden mantener una voz independiente. En el momento en que se abren las negociaciones con las guerrillas, tales actos revelan un intento compartido para conducir por todos los medios a una polarización de la sociedad de tal manera que los actores armados logren el monopolio de la expresión pública".[4]

Este esfuerzo de polarización, que por supuesto encuentra su expresión más brutal en los atentados de la guerrilla o los paramilitares, tiene formas más sutiles de expresión en el mantenimiento de una serie de argumentos que se reiteran sin ningún análisis y cuya repetición continua parece generarles el status de verdades incontestables. La discusión de algunos de estos argumentos provoca en general una reacción de descalificación de quienes la realizan, más que un esfuerzo por utilizar el diálogo -que encuentra justamente su función más propia en la discusión entre personas no armadas- para tratar de aclarar hasta donde estas ideas tienen alguna validez. Para mi, por ejemplo, es totalmente mítica al idea de que las guerrillas representen los intereses de los sectores populares del país, o que tengan derecho a hablar a nombre de quienes sufren una y otra de las injusticias que vive el país. Aunque creo -contra los esfuerzos por utilizar algunas correlaciones estadísticas elementales para negar todo peso a la injusticia en la violencia del país -que la pobreza y las limitaciones institucionales de nuestra democracia han estimulado en diversas formas el conflicto, y aunque sea posible que algunos de quienes se fueron a las filas de la guerrilla lo hicieran como resultado de una convicción política y moral de que la lucha armada serviría para reducir las injusticias sociales o mejorar el sistema político, el hecho real es que después de cuarenta años de enfrentamiento el efecto de esta decisión de luchar contra la injusticia con las armas no ha sido otro que el de llevar a Colombia, único país donde esto se ha ensayado por tanto tiempo, a la peor situación: a unos niveles de violencia inusitadas: un país con 500.000 personas muertas en forma violenta, sin sistema de justicia, con una democracia llena de restricciones reales; a un sistema social en el que se volvió imposible cualquier forma de organización social de origen popular,[5] a una rigidez institucional que ha dificultado aceptar cualquier conjunto razonable de reformas. Que esto haya sido así es en mi opinión resultado ante todo de la opción armada, de la respuesta equivocada a unas injusticias reales, de la decisión tomada consciente, libre, autónomamente por una minoría de colombianos, que ha sido capaz de trastornar la vida de todos los demás y amenaza con seguirlo haciendo durante muchos años más. Quizás en ningún otro aspecto ha sido esto tan claro como en uno de los temas que más preocupan a los intelectuales de oposición: la supervivencia del bipartidismo, ligada en buena parte a que cualquier alternativa pensable debía haber surgido de opciones populares, y estas fueron impedidas por el desarrollo de la lucha armada, que por una parte ha instrumentalizado y manipulado las movilizaciones populares, y por la otra, al darles apoyo armado, al respaldar con el secuestro y el asesinato de propietarios y mayordomos las manifestaciones de confrontación social, legitimó y provocó las formas mas crueles de retaliación por parte de otros grupos sociales más poderosos. El circulo infernal que esto genera se volvió, por supuesto, contra la misma guerrilla, pero, en vez de pensar que la única solución (como parece sugerirlo Bergquist) es la renuncia heroica y audaz pero quizás muy productiva a la violencia, se entró en una lógica de "escalamiento" o intensificación del conflicto, que llevó a las nuevas formas de acción guerrillera de los últimos años (pescas milagrosas, secuestros masivos, ataque general a la población civil) que por supuesto producirán, y no se necesita ser ningún profeta para predecirlo, el escalamiento de la respuesta paramilitar. ¿Cómo, entonces, seguir considerando como un supuesto la capacidad de la guerrilla de representar intereses populares, sin someter esto a una discusión abierta?[6] Otros analistas han destacado el carácter muy discutible de ciertas afirmaciones -el carácter de guerra civil del enfrentamiento colombiano, la continuidad en el conflicto, de Marquetalia a hoy, la veracidad de la narrativa que atribuye el fracaso de las negociaciones de 1990 al ataque a la Uribe (ya la guerrilla había dejado pasar sin respuesta todas las oportunidades de participar en la constituyente)[7], etc., y estaría fuera de lugar intentar dar ahora, en este texto, el estado de estas discusiones.

Más grave, porque se relaciona estrechamente con lo que considero la debilidad principal en la estrategia del Estado, es la debilidad de la defensa de los mecanismos democráticos. La vieja caracterización de la democracia como un engaño parece haber penetrado inconscientemente muchos de los participantes en los debates y negociaciones colombianos. El gobierno y las ONG han optado, sin mayor preocupación por las consecuencias de largo plazo, por estrategias deslegimizadoras y desinstitucionalizadores. En vez de reforzar los rasgos democráticos y participativos del sistema -lo que se intentó con algún éxito pero innegables errores en la constitución de 1991- la tentación parece ser desacreditar al máximo los elementos fundamentales de un sistema representativo y debilitarlos: los partidos políticos, el sistema electoral. Con frecuencia parece que la visión de los dirigentes del país, sobre todo los que se autodenominan sociedad civil, compuestos de gente con poder económico o intelectual pero débiles relaciones con los aparatos políticos, es que el sistema democrático tiene el grave problema de que deja que el pueblo, que esta sujeto a toda clase de engaños y presiones, elija, y siempre lo hace mal, por lo que hay que proceder tan pronto como se pueda a revocar sus decisiones, a afirmar que las personas que fueron elegidas no representan a nadie (mientras que hay quienes creen que la guerrilla si es representativa, o que las juntas de dirigentes de gremios, profesores universitarios y otros activistas si lo son). El proceso normal por el que una población aprende a utilizar las herramientas democráticas, que es sobre todo el de ensayo y error, no se quiere seguir, pues hay quienes saben cual es la verdad y no vale la pena esperar a que el pueblo aprenda a distinguirla.

En esta desvalorización de la democracia y su correlativa valorización positiva de la representatividad de la guerrilla han andado juntos el gobierno y muchos sectores civiles, y creo que en esto reside la mayor debilidad del proceso actual de paz.

Una rápida recapitulación de las estrategias de negociación hasta ahora servirá para plantear algunas de estas limitaciones en forma más precisa y detallada.

Los procesos de paz.

Desde muy temprano, y frente a guerrillas más débiles que las actuales, muchos dirigentes políticos colombianos han visto en la negociación una salida para la confrontación armada que se había mantenido o reanudado después de la finalización del enfrentamiento liberal-conservador en 1957. Turbay intentó, en forma muy contradictoria, iniciar un proceso de negociación en 1981, que abortó rápidamente: fue Belisario Betancur, como todos lo sabemos, quien inició una estrategia de negociaciones firmes con los grupos armados. La narración de su desarrollo, sus avances y sus fracasos, se ha hecho en forma en general muy llena de parcialidad, y no es fácil respetar los matices de una historia muy compleja.[8] Para los objetivos de este texto importa destacar que la estrategia de paz de Betancur fue relativamente improvisada, pues no existían experiencias previas anteriores, que dio una gran importancia a la participación de toda clase de personalidades y grupos, reuniones en comisiones con muy diferentes funciones, que no logró cohesiones al gobierno realmente detrás de sus objetivos y hubo muchos sectores que sabotearon el proceso desde el gobierno mismo, y que las consecuencias del proceso que se inició tuvieron esa ambigüedad que no se quiere reconocer a todos estos procesos de paz: a pesar de la buena voluntad y de la buena fe (negada, por ejemplo, por Laura Restrepo)[9] del presidente y de sus asesores, el impacto sobre la vida real fue, en el corto plazo, muy contradictorio: aunque debemos reconocer, con todos los analistas, la importancia de iniciar una búsqueda de una salida negociada al conflicto, y el reconocimiento del daño que estaba produciendo una visión exclusivamente militar de la respuesta estatal, el intento frustrado tuvo costos elevadísimos. Recordemos la acción del M-19 en el Palacio de Justicia, cuyo impacto sobre nuestra democracia no ha podido ser más negativo, y sobre todo el surgimiento del paramilitarismo y el aumento de la violencia, que se disparó sobre todo a partir de 1985. Buena parte del crecimiento de la violencia, y de las desconfianzas que frenarían los procesos posteriores, se originaron, no con el hecho, positivo, de que se hubiera intentado buscar una salida negociada, ni con los procesos de reforma derivados de esta experiencia, como la elección popular de alcaldes, sino con la forma poco sólida con que se llevó a cabo.[10] En esencia, Betancur invitó, sobre la base de su credibilidad personal y de una aceptación básica del diagnóstico que atribuía la violencia a una serie de "condiciones objetivas" sociales y políticas, a que los grupos armados se reincorporarán al orden legal. Recibirían sólo una amnistía y apoyo para una reinserción personal. Las treguas firmadas más o menos rápidamente no duraron -aunque la firmada con las FARC se mantuvo vigente en el papel por varios años-, y para 1985 el proceso de paz estaba suspendido.

El presidente Barco reanudó el proceso en 1988 y diseñó un modelo de negociaciones relativamente formalizado y codificado: se trataba, como en el caso anterior, de una negociación para la reinserción, sin concesiones substanciales, desarrollada bajo la orientación muy precisa de una Consejería de Paz y con una participación controlada de personalidades ajenas al gobierno. El gobierno, en forma paralela, intentó poner en marcha un proceso de reformas institucionales mediante la reforma de la constitución, buscando una ampliación en sentido participativo de la democracia y un sistema judicial más eficiente. La negociación tenía, además, una premisa fundamental: la guerrilla debía mostrar su voluntad de paz con actos unilaterales previos. Esta exigencia correspondía razonablemente al momento que vivía el M-19, cuyo deseo de intentar un proyecto político de base popular era bastante alto, y cuya valoración de las perspectivas de éxito armado se había reducido bastante. El M-19, en efecto, aceptó suspender hostilidades, concentrar todos sus hombres en una zona de encuentro, y entregar las armas para intentar transformarse en un movimiento político legal.[11]

El gobierno de Gaviria siguió en esencia el mismo modelo de negociación que había permitido el reingreso del M-19 a la vida política, y firmó rápidamente la paz con otros grupos menores, al calor del proceso de convocatoria de la constituyente. Las FARC, con un proyecto político más ambicioso, no vieron en las ofertas condicionadas del gobierno una opción aceptable, y aunque recibieron propuestas que indicaban un cambio en la estrategia restrictiva de Barco -la discusión de las condiciones de seguridad y del contexto político para la reinserción, la llamada favorabilidad política, rompían con la visión puramente procedimental del proceso que había dominado antes -rápidamente rompieron las negociaciones, a lo que respondió el gobierno, eufórico y optimista con los resultados de la constituyente, con el vacilante y desordenado ataque a la Uribe de diciembre de 1990. Las desconfianzas mutuas eran mucho mayores y la distancia en las perspectivas políticas muy alta para superarlas en el breve tiempo que dejó la convocatoria de la constituyente. En el ambiente creado por esta y por el fortalecimiento del M-19, no es muy verosímil que las FARC hubiera pensado alguna vez con seriedad en una renuncia a sus objetivos políticos y en la aceptación de lo que habría sido a todas luces una rendición. Las negociaciones de Caracas fueron un ejercicio interesante de búsqueda de confianza y esbozaron un curioso modus vivendi, al aceptar el gobierno la "negociación dentro del conflicto" y al aceptar la guerrilla condicionar la participación en las negociaciones a la suspensión de actos de violencia contra la población civil, pero sin que se transformara lo esencial de una estrategia que requería de la guerrilla mostrar alguna voluntad de paz, que no estaba en la línea de concesiones substanciales en el orden económico o social (aunque sin duda habría admitido un proceso significativo de distribución de tierras), y que seguía rechazando el papel negociador de personas o entidades ajenas al gobierno, así como todo lo que sonara a permitir negociaciones regionalizadas. Sin embargo, rápidamente llegaron a un punto muerto y se suspendieron a finales de 1991: después de la reforma constitucional no era mucho lo que podía ofrecerse justificadamente, y el país no estaba aún dispuesto a hacer concesiones substanciales. Sin embargo, el gobierno, bajo la dirección del nuevo consejero de paz, Horacio Serpa, realizó una nueva, y en mi opinión, mal calculada, apertura: sorpresivamente desapareció el condicionamiento de la suspensión de actos de violencia contra civiles, y se aceptó convertir la negociación en Tlaxcala, sin que se comprendiera muy bien hacia donde iba el proceso, que desde ese momento dejó de tener una perspectiva relativamente definida por parte del gobierno, en un debate sobre las políticas sociales y económicas del gobierno. El secuestro y la muerte del ex ministro Angelino Durán produjo la ruptura, que enfrentaba de todos modos el hecho fundamental de que las FARC no tenían interés inmediato en una reinserción. La suspensión de las negociaciones iba a ser ahora muy larga.

El gobierno de Samper acentuó las transformaciones en la estrategia gubernamental. La continuidad de los equipos negociadores del gobierno, que había sido bastante grande entre 1987 y 1993, pero había subsistido en lo fundamental hasta 1994, comenzó a hacerse más tenue, aunque siempre se mantuvieron algunos elementos de continuidad. Lo fundamental fue la redefinición de la estrategia de “conversaciones en medio de la guerra. Mientras esto había querido decir, bajo Gaviria, que se admitía que la negociación no requería que la guerrilla abandonara previamente la acción militar, es decir los ataques al ejército y la policía, fundamentalmente, la forma como esto se discutió bajo Samper envió el mensaje de que no se repetiría el error”de pararse de la mesa, como se hizo en Tlaxcala, por actos de violencia de ninguna clase. Pero el sentido era obvio: lo nuevo era no pararse por la violencia contra civiles.[12] En mi opinión, este es uno de los factores esenciales del deterioro del proceso de paz y del creciente descrédito del mecanismo de las negociaciones, y uno que requiere una revisión rápida si se quiere mantener un clima que permita mantenerlas con algunas perspectivas de éxito. Por razones substanciales, políticas y morales, en primer lugar, pues el gobierno tiene que asumir con mayor interés la defensa de la vida y la libertad de sus ciudadanos que la defensa de unos partidos de fútbol.[13] Y por una razón puramente táctica: el gobierno se dejó colocar en la posición de que no puede suspender las negociaciones, pues con ello muestra que tiene una voluntad guerrerista o que no le importa la paz, o que quiere chantajear a la guerrilla, mientras que la guerrilla no tiene inconvenientes, y ya lo ha hecho varias veces en este gobierno, en congelar las negociaciones para extraer toda clase de concesiones. El gobierno lucha con una mano amarrada, y se ve obligado, para no dar una sensación de autoritarismo, a ceder en casi todo lo que ha anunciado que no va a ceder, como ocurrió con lo relacionado con la zona de despeje, que ya se le volvió totalmente irreversible y que será uno de los problemas más intratables que deje al próximo gobierno, a menos que decida ampliar la carga con algunas zonas más. Y cuando ha intentado levantarse de la mesa, como cuando el incidente del collar de pólvora, era claro que no tenía nada previsto y que se apoyaba en unos servicios de inteligencia movidos por el afán de publicidad, y solo se produjo un nuevo fiasco.

La segunda modificación fue el intento por lograr una participación mayor de la población civil en el proceso, y el abandono de la hostilidad de principio a las negociaciones regionales parciales, temas en los que se ha dejado poner el gobierno ante disyuntivas innecesarias y de una polarización abstracta, que le han impedido frenar las participaciones arbitrarias y erradas de la llamada "sociedad civil", un grupo auto-elegido de personas que están suplantando o sustituyendo la voluntad social, mientras dificultan la aparición de un consenso real de la opinión a favor de un determinado proyecto de solución al conflicto.

La participación de la "sociedad civil" condujo a uno de los actos que en mi opinión han tenido un impacto más negativo, que fue la reunión de Maguncia, que dio al ELN la sensación de que el interés de negociar era tan grande que era posible reiniciar las negociaciones mientras se desarrollaba un proceso paralelo de fortalecimiento de la organización, que incluyera el secuestro extorsivo de grupos cada vez más amplios de civiles.

Las concesiones de Samper, aunque en teoría fueron grandes, (el despeje de 1997, por ejemplo) se hicieron en un contexto de debilidad política que las FARC probablemente tuvieron en cuenta para no avanzar mucho. A última hora apostaron a una reiniciación de negociaciones con un nuevo gobierno, y dieron todo su apoyo a la elección de Pastrana: es difícil saber hasta donde la perspectiva de paz que ofrecieron fue decisiva para el triunfo de éste.

Visto retrospectivamente, es difícil imaginar qué pensaba el gobierno de Pastrana a finales de 1998. Las FARC habían venido consolidándose militarmente en forma clara, sus frentes se habían fortalecido, las finanzas se habían transformado y sus ingresos se habían multiplicado. Las complejas relaciones con el narcotráfico creaban una nueva situación, así como el relativo éxito de las vacunas, los secuestros y las extorsiones. ¿Con base en que podía pensarse que una guerrilla con algunos notables éxitos militares[14], financieramente exitosa y con posibilidades de expansión, fuera a negociar la paz?

Los mismos negociadores del gobierno de Samper habían reconocido que esto era así, y su teoría se había modificado gradualmente: la posibilidad de paz requería hacer concesiones substanciales a la guerrilla, darle la participación importante en el poder que le correspondía como expresión real de la oposición popular al sistema. La paz ya no podía ser una paz "barata" de pura amnistía y reinserción, ni siquiera una paz intermedia con cambios en el ordenamiento político para favorecer la actividad política de una guerrilla transformada, sino que debía incluir la cesión de poder político (mediante zonas de dominio regional, o mediante una participación elevada en la definición de un nuevo orden político, en una constituyente) y una aceptación de su poder para imponer cambios substanciales en las políticas económicas y sociales del gobierno, si no en las mismas estructuras económicas y sociales del país.

En este punto, el problema central es si es posible pensar un nivel de concesiones que satisfaga en algún punto de toque las preferencias de la guerrilla y las de la sociedad.

Varios elementos más complicaban estas perspectivas. Las guerrillas mismas, mientras que declaraban su voluntad de diálogo y de paz, señalaban con claridad los límites de las concesiones que estaban dispuestas a hacer: de ninguna manera habría desarme, ni siquiera después de que estuviera firmado el pacto de paz: las armas de la guerrilla serían la garantía de que los procesos políticos posteriores no desbarataban los acuerdos.

Si no había razones para pensar que la guerrilla iba a hacer concesiones importantes, era central que el gobierno indicara cuales eran las concesiones que estaba dispuesto a hacer, o al menos, si lo anterior podía considerarse poco hábil, al menos cuales no estaba dispuesto en ningún caso a conceder: haber puesto frente a los limites de la guerrilla los límites que como representante de la sociedad ponía al proceso. Al no hacerlo, se puso frente a la opinión en una situación en la que esta partía de la idea de que el gobierno simplemente no tenía nada pensado y ha avanzado en el proceso a la topa tolondra, que es lo que yo tiendo a creer, o que existen convenios y pactos más o menos secretos que eventualmente se trataran de imponer a la sociedad, lo que me parece poco probable. Pero en cualquier caso, la falta de claridad produce desconfianza de la sociedad y limita el proceso inevitable que permitirá que las concesiones que se hagan tengan respaldo social.

Lo que es más grave, un proceso definido en estos términos tiene el riesgo muy grande de que se abandone el esfuerzo de lograr un consenso social alrededor de los posibles acuerdos de paz. Esto refuerza la tendencia de la guerrilla de ignorar las perspectivas de la sociedad, excepto para utilizarla un poco de ariete contra las vacilaciones y timideces del gobierno, mientras mira con total indiferencia las protestas de la población frente a sus excesos. En el fondo, el terrorismo y el amedrentamiento resultan estrategias a corto plazo más productivas, y que en el plazo largo no cuestan demasiado, si se supone que el gobierno impondrá un poco sorpresivamente sobre el país los acuerdos que se logren, y con la esperanza de que el descanso frente a una situación desesperada lleve a aceptar cosas que en otro contexto menor dramático serían inaceptables.

Lo anterior hace comprensible la ambigüedad de la opinión publica, que no cree ni respalda a las FARC, que mira como un fracaso la política del gobierno, pero reacciona ilusionada y entusiasmada ante el menor indicio de que puede haber un acuerdo de paz, ante cualquier gesto anticipado de paz, así pueda mostrarse que cada uno de ellos tiene efectos contraproducentes.

Otra interesante asimetría se generó en los últimos años, en parte estimulada por un contexto internacional cada vez más complejo e intervencionista y por una opinión pública muy peculiar: la que considera natural y legítimo que la guerrilla combine elementos militares y políticos, que vea sus actos militares como una lógica continuación de sus proyectos políticos, mientras impone al gobierno –o este mismo se impone esta restricción- la opción entre la política y la acción militar. Por supuesto, son ya viejos los aforismos que apuntan a diversas relaciones entre estas. Hace muchos años López dijo que la negociación solo era productiva cuando se hacia con una guerrilla militarmente derrotada, y Bejarano y yo mismo insistimos, en diversos textos a comienzos de los años noventa, en que el gobierno debía buscar una combinación adecuada de medios militares y políticos: la solución política, que es la más conveniente para el país, puede lograrse más fácilmente si la acción militar del estado es eficiente (y limpia). La ecuación de López es incompleta: realmente la negociación anuda diversas relaciones de poder y de resultados, y cuando se trata de una guerrilla derrotada o con gran deseo de acción política, la negociación puede hacerse sin muchas concesiones. Cuando la correlación de fuerzas no favorece al Estado, la negociación requiere más concesiones, y estas pueden ser más difíciles, pues el Estado no puede imponerlas por su pura voluntad: debe también ganar políticamente la población para que acepte que se concedan. Además, la correlación de fuerzas no es un fenómeno puramente militar: incluye elementos políticos decisivos, como la confianza de la población en el gobierno y en sus principales instituciones, la legitimidad del sistema, el grado de aceptación de las reivindicaciones asumidas por la guerrilla. En el caso colombiano, esta legitimidad, aunque es mucho mayor en el lado del estado, tiene debilidades, como la que se genera por la conducta muy equivoca del ejercito hacia el respeto a los derechos humanos (el mensaje que han mandado con frecuencia a la sociedad es que no son capaces de derrotar a la guerrilla a menos que los dejen violar sus derechos), la corrupción y la incoherencia, discontinuidad e improvisación en las políticas[15].Pero en todo caso, aunque el gobierno no ha dejado de hacer la guerra, los debates públicos se realizan como si existiera una opción, como si la relación entre negociaciones y acción militar fuera una línea recta en un plano cartesiano en la que mientras una decrece aumenta la otra. En la realidad, probablemente la mejor estrategia es la que busque mantener el más activo proceso de negociación, con voluntad de hacer concesiones importantes, mientras desarrolla las funciones derivadas del poder armado del Estado con la mayor energía. Justamente en ese caso la legitimidad del estado para hacer concesiones crece, el respaldo popular a la negociación aumenta, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos años, cuando la sensación de que se negocia porque se es incapaz de proteger a los particulares, de reducir el secuestro, de defender a los mismos militares y agentes de policía, hace que la ciudadanía mire con desconfianza y hasta con desprecio al estado.[16]

Algunos elementos de la estrategia de las FARC

 La sensación de que el gobierno no interpreta, no descifra la estrategia de las FARC al diseñar su política de paz, es particularmente fuerte en relación con los temas centrales que las FARC han querido mantener como elementos de la negociación.

Tomemos un solo ejemplo, por supuesto bastante central: el del intercambio de soldados y policías en manos de las FARC por guerrilleros presos. Este tema ha sido reiterativo en el discurso de las FARC, pero el gobierno no parece tener muy claro por qué. En efecto, se ha prestado a encubrir el verdadero sentido de los esfuerzos de las FARC y ha acompañado la negociación con una serie de concesiones ideológicas, que probablemente le parecen sin consecuencias.

Hace unos cuantos meses, y después de todo el proceso de discusiones sobre el tema, Raúl Reyes aclaró que las FARC haría entrega de los soldados y policías retenidos por lo menos diez días después de recibidos los guerrilleros y entregados los militares y policías, convenidos en el primer acuerdo humanitario.

No parece exagerado interpretar esto en el sentido de que lo que se anunció como un gesto humanitario y unilateral era parte de un negocio, aunque diferido en el tiempo. Tiene que haber intercambio de soldados y guerrilleros, como una condición previa. El negocio completo era pues la liberación de unos guerrilleros enfermos, a cambio de unos soldados enfermos y una encima de soldados y policías. El gobierno no tuvo inconvenientes en hablar de "liberación unilateral" y finalmente dejó que todo pasara bajo el mando de un supuesto "intercambio humanitario".

Detrás de esto está el interés de las FARC por algo que probablemente es un espejismo, pero un espejismo al que le da mucha importancia: el esfuerzo de las FARC por lograr que el gobierno colombiano "declare" la beligerancia de aquéllas. Por supuesto, creen que esta beligerancia ya es un hecho, ganado en la lucha. Pero una declaración estatal interesa ante todo porque para las FARC este acto, así parezca puramente leguleyo resulta muy importante, en parte porque comparten la adoración colombiana del formalismo legal (¿no adujeron alguna vez que el gobierno no podía negociar con las autodefensas porque eran un grupo ilegal?) y en parte porque saben que el gobierno se deja enredar en ese mismo fetichismo.

El gobierno reforzó este fetichismo cuando decidió otorgar "reconocimiento político" a los grupos armados y retirarlo, por resolución: ¡los grupos se volvían políticos si había un decreto que lo dijera! El hecho real era que esos grupos han tenido un status político desde hace décadas, y ese status fue reconocido de hecho al admitir negociaciones con ellos. Pero lo importante es el papel sellado.

¿Qué creen ganar las FARC con una declaración de beligerancia, un nuevo trozo de papel sellado? Ellos creen que el reconocimiento de beligerancia, que es una institución de derecho internacional en la que un país reconoce la beligerancia de unos rebeldes en un tercero, produce unas consecuencias legales, que se darían en el caso de que el gobierno colombiano hiciera ese reconocimiento. El hecho de que nunca se haya dado un precedente de estos (un gobierno que reconoce la beligerancia de un grupo interno que lo enfrenta) no importa mucho: el legalismo de la FARC no es tan dogmático, y si el gobierno lo aduce las FARC podrá criticar su legalismo burgués.

¿Cuáles son las consecuencias fundamentales?: 1) la posibilidad de tener prisioneros del enemigo. Estos prisioneros pueden ser militares, pero también civiles que cooperen con el enemigo: gente que le pague impuestos al gobierno y no a las FARC, gente que ayude de cualquier forma al sistema. 2) La posibilidad de cobrar impuestos, sin que puedan ser denominados "extorsiones" o vacunas. Estos dos elementos se pueden combinar, pues aunque la ley colombiana prohíbe la prisión por deudas tributarias, esa legislación, también burguesa, no tiene porque aplicarse donde rige una norma revolucionaria. 3) La posibilidad de negociar armamentos, tener representaciones diplomáticas inmunes fuera del país y eventualmente de obtener declaraciones de neutralidad de terceros países. En cierta manera, las FARC quieren un acto legal del gobierno colombiano que les reconozca su derecho a la insurrección, a derribar al ilegítimo gobierno colombiano. No simplemente el reconocimiento de que son rebeldes políticos -lo que ya tienen- ni la aceptación de que el gobierno tiene que actuar hacia ellos con estricta sujeción al DIH y a su propia legalidad.

Las FARC creen, por una curiosa interpretación del Protocolo II de Ginebra, que habla de control territorial para ciertos efectos limitados (pero dice claramente que nada de esos protocolos afecta la condición jurídica, es decir de beligerante o no, de las partes en conflicto) que para lograr el reconocimiento de beligerancia una cosa muy importante es poder lograr un dominio territorial permanente. Por eso le pusieron tanto empeño a una zona de distensión que fuera una zona de gobierno de hecho; por eso han sacado al ELN de los sitios donde tenían presencia compartida, por eso le piden a los funcionarios públicos, rectores universitarios, etc., que reconozcan de hecho su autoridad en ciertos sitios. La prensa, por lo demás, se ha dejado llevar de la concepción jurídica de las FARC.

El otro elemento clave de todo el proceso de las FARC es lograr el intercambio de prisioneros. Esto ha sido difícil, pues para un estado que ha llegado a prohibir que los particulares negocien sus secuestros con la guerrilla (como en la ley promovida con tanta energía por una serie de senadores y dirigentes que habían negociado en muchos casos la suya o de sus familias, y que ahora se ha vuelto a proponer), pagar por un secuestro, así el pago no sea monetario sino de otro orden, es difícil: si el gobierno suelta un prisionero encausado legalmente porque le tienen un agente publico secuestrado, ¿como se va a objetar que los particulares negocien en sus casos? Por lo tanto, es necesario dorar la píldora, evitar que el negocio se vea como un negocio. Como en Colombia las cosas dejan de ser lo que son cuando se les da otro nombre, ahora esta negociación se llama intercambio humanitario. También es un intercambio humanitario, y creo que incluso una obligación humanitaria de los familiares, cambiar unos pesos por la vida de un familiar secuestrado, por supuesto mucho más valiosa que cualquier suma. La dorada de la píldora es un poco exótica: intercambiar los enfermos. Resulta dudoso que desde un punto de vista humanitario, y no político, lo mejor para los presos de la guerrilla desde el punto de vista de la salud sea salir de las cárceles, donde lo humanitario sería proveerlos de una buena atención médica. Es posible que la atención médica en la selva sea mejor que en el Seguro Social, pero no tanto como para justificar que el gobierno lo admita.

Como el puro cambio igualitario parece demasiada concesión y las FARC - están muy mal frente a la opinión (las encuestas los tienen por debajo de Pastrana, lo que es casi imposible), se hace la encima, que no tiene para la guerrilla ningún interés diferente al político: se entregan los prisioneros que cuestan, a cambio de una concesión política que consideran significativa. Y con la ventaja adicional de que no hay que discutir, frente a tanta generosidad, el problema de los prisioneros que pueden producir dinero: los civiles.

En todo caso, la lógica humanitaria del pago del secuestro es diferente a la lógica del gobierno: la madre que salva a su hija no tiene obligaciones políticas con el resto de la población, así esté lógicamente convencida de que al pagar aumenta la probabilidad de que secuestren otras personas. Como dirían los escolásticos, el bien cierto puede escogerse a pesar del mal incierto. Pero el gobierno tiene que analizar las consecuencias, y creo que es difícil no ver que soltar guerrilleros a cambio de soldados es algo que abre un claro camino al futuro: las FARC podrán reforzar su secuestro de soldados cuando el número de sus presos en las cárceles estatales tienda a crecer mucho.[17] La liberación humanitaria de unos se pagará con la retención futura de otros. Pronto aquellos de los guerrilleros presos que se hayan podido recuperar de sus enfermedades estarán actuando en sus respectivos frentes -la redacción del acuerdo fue suficientemente ambigua-. Y veremos, por supuesto, las implicaciones políticas en todos los ámbitos de opinión, nacionales e internacionales.[18]

El problema del pacifismo.

En todo conflicto armado, si se considera que es injusto, existen dos alternativas extremas. Enfrentar la fuerza de las armas con las armas legítimas: en toda sociedad democrática se acepta el principio de que el único que tiene el monopolio de las armas es el estado, y que estas armas en general no se usan legítimamente sino contra el que se arma contra los demás, o como delincuente común o como rebelde político. (La respuesta armada del estado puede discutirse a partir de la idea de que al rebelión es justa y que el estado es ilegítimo: este ha sido el argumento de la guerrilla y de muchos intelectuales colombianos. Y muchos colombianos, que no comparten los objetivos políticos de la guerrilla, consideran que hay bastantes pecados en el lado del gobierno para que haya al menos una legitimidad parcial en la respuesta armada).

Si no se considera que la guerrilla tiene razón, que se le debe dar poder, que expresa el proyecto de una sociedad justa, la respuesta armada, el uso de la fuerza legítima del estado puede cuestionarse sobre la base de un argumento, que es el de la imposibilidad de ganar. Esto también ha sido muy promovido por la guerrilla: la idea de que se está ante un empate, en el que el Estado no puede ganar. Todos los esfuerzos armados serán inútiles, y es más conveniente para el estado y la sociedad ahorrar estos esfuerzos y de una vez hacer las concesiones que deberán hacerse más adelante, cuando sea aún más claro que no se puede ganar. Los costos de la guerra resultan demasiado altos frentes a sus posibles beneficios, y la idea es que si se responde con la fuerza del Estado, hay mucha víctima inocente. (Este argumento también lo hace la guerrilla, a pesar de que la manera de eliminar todas las víctimas injustas, y no solo las adicionales, sería renunciar al proyecto de la guerrilla y entregar las armas. Si el problema es reducir víctimas, lo que debe hacer la guerrilla es entregarse. En esto hay siempre un circulo vicioso: la guerrilla hace guerra, y el gobierno le contesta y la respuesta del gobierno, al producir víctimas, es injusta, y hay que hacer una negociación para que el gobierno decida no pelear más y todo vuelva al estado inicial: la guerra se hace para eliminar los males que ella misma produce; la justificación de la guerra de la guerrilla es la pobreza que en buena parte esta creando y las limitaciones al ejercicio democrático que se derivan de una violencia que existe en buena parte por la guerrilla misma). Las manera de evitar estas víctimas sería buscando una "solución política".”

Sin embargo, los supuestos implícitos son muy grandes. Existe, por supuesto, la posibilidad de que renunciar a la acción legitima del Estado aumente las víctimas. Si partimos del supuesto de que el objetivo de la guerrilla es tomarse el poder, o obtener tanto poder como pueda para buscar, años más adelante, una negociación más favorable, la renuencia del Estado a usar las armas contra ella y el desarrollo de procesos de negociaciones sin un gran cuidado por sus consecuencias militares[19] puede conducir a reforzar la guerrilla, a permitirle actual más libremente, a consolidar sus armamentos, a reforzar su control de determinadas regiones. El appeasement solo es lógicamente argumentable cuando se supone que el otro no va a seguir escalando las acciones ni las demandas. Si se supone que la guerrilla va a seguir secuestrando, extorsionando, reforzando el armamento, la negociación no debe optar entre estrategias belicistas y pacifistas: debe ser abierta y combinar voluntad de negociación y firmeza, buscando obtener las mayores ventajas para la sociedad.

Las condiciones de una negociación.

Frente a un proceso incierto y una contraparte cuyas intenciones pueden adivinarse pero sin certeza, pero que parecen tener que ver, y así lo han dicho, más con la toma del poder que con buscar un acuerdo para reintegrarse razonablemente en la sociedad, la estrategia de negociación debe ser abierta y combinar las diferentes mecanismos. Depende, para tener éxito, de varias elementos contextuales:

1 El mantenimiento de niveles razonables de legitimidad y de respaldo de la sociedad. Esto supone que el estado dé señales de estar enfrentando con seriedad problemas tradicionales de la sociedad colombiana, como la corrupción, el fraude electoral, y sobre todo mantener una estrategia activa de avance social. En los últimos años, la prioridad y la discusión ha estado únicamente en las variables económicas. Aunque es evidente que sin una política económica seria los proyectos de mejoramiento social se van al traste (y se autoedestruyen, pues una economía inestable o en crisis es poco probable que sirva de base para un proyecto de desarrollo social) el discurso político colombiano ha estado centrado en la estabilidad económica, las reducciones del gasto aparecen como sesgadas hacia los pagos salariales (lo que puede ser inevitable, pues los mayores costos, incluso mayores que los de la corrupción directa, provienen del trabajo improductivo estatal; pero por razones morales es más urgente cerrar la corrupción), los esfuerzos de inversión social han pasado a ser secundarios en el estado, y la calidad de su gestión es cada día más pobre. Fuera de Bogotá, con su gasto en educación y en sistemas de transporte masivo, uno tiene la sensación de que no hay gasto social orientado realmente a reducir las desigualdades sociales. Dados los costos económicos de la guerra, es evidente que en un puro análisis de costo y beneficio el impacto de procesos sociales que refuercen la legitimidad del sistema y dificulten la conservación de la confrontación armada, a costo de una elevación pequeña, por ejemplo, de las cargas tributarias para financiar proyectos de bienestar social más ambiciosos, es razonable. Simplemente, el argumento es que el estado, en la medida en que todavía funciona, debe actuar con voluntad para avanzar socialmente, y evitar que el proyecto social acabe confundido con las reivindicaciones de la guerrilla. (Marco Palacio ha insistido en esto)

2   La credibilidad en la acción militar. En este punto es clave la defensa seria de los derechos humanos. El estado se ha desacreditado a sí mismo durante años, con una estrategia ambigua. Mientras ciertas entidades del ejecutivo o de los organismos de control los defienden, las declaraciones de muchos militares y a veces de los mismos presidentes tienden a subrayar la idea de que no puede ganarse la guerra a la guerrilla porque no se les permite violar los derechos humanos. Las declaraciones de que son mas importantes los derechos de los ciudadanos que los de los bandidos o guerrilleros, las negaciones ciegas de cualquier error del ejercito, la falta clara de convicción en el tema por parte de los militares, que lo ven como un estorbo de la procuraduría, han hecho mucho para hacer viable la lucha guerrillera, para mantener un nivel de respaldo internacional y alimentar la idea dominante de que se trata de una guerra justa contra un estado opresor. Muchas medidas que pueden permitir acciones más razonables que las hoy permitidas (como ciertas funciones de policía judicial al ejército) son muy peligrosas, dadas las formas de pensamiento que se advierten en el ejército, porque en este ambiente moral de rechazo a los derechos humanos pueden ser utilizadas para encubrir irregularidades, defender a compañeros culpables, y en general crear un clima que conduzca a mayores violaciones y a la larga a nuevas situaciones de ilegitimidad del estado.

3.   La credibilidad en la justicia. El estado de las cárceles es un ejemplo de lo poco que se ha avanzado en el manejo de la justicia, a pesar de que en este tema las preocupaciones por el equilibro macroeconómico no han impedido una expansión inmensa del gasto. Tras 15 años de repetir lo mismo estamos en el mismo punto: el estado ha sido incapaz de adoptar una estrategia de largo plazo, de buscar soluciones al problema de las cárceles, y da bandazos y ensayos. Lo mismo ocurre con la política criminal, las penas, etc.

Lo anterior, sin embargo, se da en un contexto político relativamente abierto, y los obvios fracaso del Estado no han destruido su legitimidad, como sostienen algunos comentaristas más o menos superficiales: el estado colombiano, cuestionado por muchos ciudadanos, es en general aceptado y considerado legítimo. Las corrupciones más o menos serias o mas o menos folclóricas de los congresistas, y su testaruda negativa a corregirlas, no han destruido la creencia básica de que es mejor elegir a los gobiernos con papelitos que con bala, que los alcaldes electivos son mejor que puestos por alguna dictadura, etc. El esfuerzo de la prensa por reducir el problema de la democracia a la corrupción del congreso no tiene mucho impacto. Aun un estado relativamente ineficiente, siempre que sea elegido por la mayoría y se pueda cambiar, termina ganando: no ha existido hasta hoy un solo gobierno elegido y que permita que lo derroten en las elecciones que haya sido derribado por una guerrilla. Las guerrillas tumban a los gobiernos autoritarios y dictatoriales, no a las democracias, así sean limitadas, débiles y corruptas. Es difícil que Colombia vaya a ser la primera excepción.

Sin embargo, dado el incremento en el nivel del desafío de las FARC, hay un argumento algo esotérico y que no se si muchos compartirían: sin en proyecto democrático claro por parte del Estado, la consolidación de la credibilidad de las FARC es muy probable. El proceso de negociación debe estar enmarcado en una defensa del orden democrático, en un sentido real y sustancial. Muchas de las políticas del gobierno han sido incongruentes con esto. Las iniciativas que uno podría llamar de guerrilla antiinstitucional promovidas por el mismo ejecutivo, como el proyecto de plebiscito del año 2000, muestran que el gobierno no cree mucho en la democracia. Y si no se parte de la idea de que, no importan sus defectos, la democracia es el único sistema razonable de gobierno que se ha inventado, y que el mandado fundamental del gobierno, la premisa mayor, es la defensa de la democracia, la confrontación y la negociación pierden todo rumbo. El problema que se discute es la legitimidad de las armas para definir políticas, la validez de un duopolio de las armas (pues la guerrilla defiende la legitimidad de las armas suyas también, pero niega por supuesto la de los otros grupos armados que se le oponen, como los paramilitares). ¿El poder proviene de papelitos, que eligen gobernantes, o eso no vale mucho, pues se trata de elecciones corruptas y amañadas, y es tan legítima como el voto de 10 o 15 millones de adultos la voluntad de los 40 o 50 generales de las FARC, porque tienen ametralladoras y fusiles?. Si el gobierno puede defender –en vez de minar continuamente- la legitimidad del sistema democrático, entonces el objetivo de la negociación toma algo de definición: debe ser claro para el país, debe ser un mensaje reiterado continuamente, a riesgo que las FARC se molesten, que en las negociaciones no está en discusión el sistema de gobierno, ni la capacidad del gobierno o del congreso de definir las políticas económicas o sociales del país. Por supuesto, puede haber temas de contenido que se debatan, con el objeto de proponerlo a los órganos legítimos de gobierno, o para someterlos eventualmente, después de la entrega de las armas, a alguna forma de ratificación popular plebiscitaría. Pero es claro que no puede no debe haber plebiscitos antes de la entrega total de las armas, que no puede haber constituyentes mientras haya gente armada, porque el poder no puede provenir del fusil. Negarse a dar este mensaje, mantener la ambigüedad es alentar una ilusión trágica, y es llevar a que el gobierno pierda la confianza de la sociedad sobre su posición. Y conduce a que los miembros más perversos de la sociedad pierdan la paciencia y busquen soluciones ilegales: esta ambigüedad genera, segrega paramilitarismo.[20]

El otro gran tema de debate es el del la humanización de la guerra y el DIH. El gobierno ha dejado que la guerrilla defina lo que es el DIH: el secuestro, redefinido como retención, no se ha convertido en tema de estas discusiones, y debe ser una exigencia del gobierno su suspensión. Igualmente, el gobierno parece haber puesto en un lugar secundario de las discusiones el tema de la droga, pero esto no es tan importante.

El motivo de la negociación es la distribución del poder en el país, y es disminuir costos. Pero hay que suponer, o si nó no vale la pena negociar, que la guerrilla no va a ganar. Si va a ganar, lo que tiene que hacer el país, a menos que comparta lo objetivos de la guerrilla, es tomar la decisión heroica de enfrentarse, a toda costa, a quienes ponen en duda cualquier perspectiva democrática y de progreso del país. Un país no puede someterse a la voluntad de unos iluminados armados. Pero si puede, considerando que derrotarlos con las armas puede resultar costoso, hacer concesiones para que el proceso de sometimiento militar se ahorre. Por eso, el proceso de negociación debe estar acompañado de un mejoramiento continuo de la capacidad del ejército y de su capacidad de actuar dentro de la ley, sin violar los derechos humanos de los guerrilleros.

Las pequeñas incongruencias, las pequeñas concesiones son fatales. La perfección esta en los detalles. La tolerancia a las violaciones menores de derechos humanos, a la corrupción, al carlismo del ejercito, es contraproducente. Solo un gobierno coherente, con una política clara y unificada, con un análisis complejo de lo que puede surgir en un proceso de negociación, tan bien preparado que sea difícil que las guerrillees o los paramilitares lo sorprendan y desconcierten, puede manejar un proceso tan complejo, un camino sobre el filo de la navaja como el de una negociación de paz en las condiciones vigentes en Colombia.

En todo caso, y para concluir, quiero insistir en un punto: Si queremos evitar que los paramilitares acaben dominando el proceso, si queremos evitar que los próximos gobiernos se vayan haciendo cada vez más autoritarios y se apoyen en un ejército sin controles y sin dirección civil, si queremos evitar que la guerra se siga escalando, que crezca el número de secuestrados, de masacrados, si nos preocupa la perspectiva de que la guerra llegue a las ciudades mediante la extorsión de toda clase de actividades económicas y el auge del terrorismo, es preciso rechazar el proceso de paz, retirar todo respaldo al mecanismo actual de negociaciones, y pedir un replanteamiento integral de las conversaciones. El apoyo tímido y sin convicciones, el temor a que una ruptura provoque retaliaciones de la guerrilla, o afecte la solidez del presidente, sigue entregando a la guerrilla armas para continuar un proceso de negociaciones que tiene toda la estructura de un sistema de extorsión creciente. Solo una política que tenga el respaldo de la sociedad en sus líneas generales, y que pueda mantenerse durante los largos años que este proceso puede continuar, puede reducir el costo humano del enfrentamiento armado en Colombia. Si queremos la paz, debemos pensar a largo plazo, reforzar la legitimidad del sistema político y social y tener la paciencia necesaria para soportar muchos años más de conflicto, mientras se desarrollaron y abren las vías de negociación, sin prisas, pero también sin descanso Porque en una situación como la actual, quizás haya que volver a pensar con Gramsci que aunque la inteligencia solo de razones para el pesimismo, hay que mantener el optimismo de la voluntad.

Jorge Orlando Melo

Medellín, 30 de julio de 2001