En mayo, los periódicos estuvieron llenos de noticias sobre las drogas. Un informe de la OEA más o menos predecible y otro de la Comisión Asesora para Política de Drogas del Ministerio de Justicia, formada por gente seria, reiteraron el consenso de los expertos: hay que despenalizar el consumo y seguir combatiendo la producción y el tráfico.

Lo curioso es que las noticias parecían ir en otra dirección: todos los días aparecían informes sobre el gran crecimiento del consumo de drogas en el país, el millonario negocio de la venta al menudeo, los decomisos de marihuana y cocaína, las ‘ollas’ urbanas. Mostraban, directa o indirectamente, que la despenalización de la dosis personal, vigente en Colombia a pesar de los galimatías jurídicos, es lo que permite a los ‘jíbaros’ abastecer el mercado interno de marihuana y cocaína. Todo tan convincente que un editorial de EL TIEMPO les hizo eco y concluyó que “los ‘jíbaros’ son los que mejor provecho le sacan a la despenalización de la dosis personal”.

Así pues, mientras que expertos y autoridades parecían marchar hacia una despenalización mayor, las noticias intentaban probar que los efectos de esta habían sido fatales.

Ahora bien, una revisión de los artículos muestra que se apoyaban en información débil, errada e incoherente. El dato de que el consumo de marihuana y cocaína aumenta mucho en el país no tiene apoyo documental. Los informes de Naciones Unidas indican lo contrario, y dan poco peso al consumo de marihuana y cocaína. El del 2008 mostraba que, aunque en el último mes el 17 por ciento de los adultos había fumado tabaco y el 35 tomado trago, apenas el 1,6 había probado marihuana, menos del 1 por ciento, cocaína, y menos aún, basuco o éxtasis. La encuesta del 2011 sobre consumo entre estudiantes de colegios menores de 18 años indica que el 40 por ciento tomó trago en el último mes, pero apenas el 2,8 fumó marihuana. Si algo está claro es que el problema grave es el uso de alcohol por los adolescentes.

Sin embargo, según las cifras de estos días, en el país se fuman 639.400 kilos de marihuana al año; un kilo, según el jefe de policía del Tolima, produce 2.060 dosis (¡qué precisión tan fantasiosa en los datos!). Con la cifra más o menos oficial de 2.000.000 usuarios “en dependencia o abuso”, cada uno se fumaría unos 3.000 cigarrillos al año. Fumarse 10 cigarrillos diarios en promedio es imposible, como lo sabe el que tenga un tris de experiencia: un solo cigarrillo traba a varias personas; puede juzgarse una “dosis familiar”. El valor de la mercancía que se da es también delirante: el precio en la calle del kilo de marihuana se pone entre 1 y 8 millones de pesos, de modo que el mercado interno valdría, por lo menos, unos 700.000 millones: el gasto promedio de los pobres baretos estaría, por lo bajo, en 3 millones de pesos anuales.

¿Qué hay detrás de tanto número trabado? No creo que los periódicos sigan una estrategia deliberada para debilitar las propuestas de despenalizar el consumo. Es más probable que periodistas sin tiempo de verificar unas cifras enredadas se dejaron convencer por sus informantes. El lenguaje de los artículos está lleno de retórica policial: los decomisos se dan en número de “dosis personales” (una forma de presentarlas como criminales) y se habla a cada momento del microtráfico y del narcomenudeo, mientras presentan asociaciones arbitrarias entre el consumo local y otros delitos: atribuyen 720 homicidios de Cali en el 2012 (la mayoría sin aclarar) a conflictos por la venta al menudeo. Y se ve que la policía sabe cuántos porros se fuman aquí y la dirección y el número exacto de sitios de venta (3.367). Y si sabe tanto, ¿por qué no logra frenarlos? ¡Ah, se me olvidaba: por la dosis personal!

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 23 de mayo de 2013