No es fácil entender por qué el Gobierno, al presentar el nuevo proyecto de ley de educación superior, destacó la idea de que haya universidades privadas que funcionen como negocios. En un país que definió por medio siglo su política universitaria a partir de la crítica al "profesionalismo", la idea de universidades que fabriquen profesionales como haciendo salchichas choca a casi todos los que se mueven en ese campo, incluso si creen que muchas instituciones actuales mantienen lo de "sin ánimo de lucro" como un piadoso disfraz, mientras explotan las ganas de la gente de conseguir un cartón para levantar un trabajo (o, como diría la ley, dando mal ejemplo en el uso del lenguaje, de acceder a un título que muestre que se han dado al "individuo opciones de movilidad y (...) las competencias necesarias para insertarse competitivamente en ámbitos socioocupacionales").

En medio de los lamentos por la privatización de la universidad pública (que, como señaló el rector de la Nacional en una perceptiva entrevista, es más bien un fantasma), casi nadie parece animado a leerse la extensa y compleja ley. Con 164 artículos y escrita en prosa legalista, matizada con jerga burocrática y llena de detalles reglamentarios, casi nadie va a descubrir que incluye un fuerte compromiso del Gobierno para financiar la educación superior pública.

En efecto, si se aplica, el presupuesto para la universidad pública seguiría subiendo muy rápido, contra lo que han dicho casi todos los comentaristas. Si la economía crece, como parece posible, cerca del 5 por ciento anual, el gasto real del Gobierno en la universidad pública aumentaría casi 20 por ciento en cuatro años, en un momento en que debe controlarse el déficit y hay muchos gastos inesperados por los desastres recientes.

En cuanto que haya universidades que funcionen como negocio, en el que los particulares inviertan sus capitales para conseguir ganancias, sería útil y viable si se orientara a la formación laboral, al entrenamiento de las personas en las habilidades que las empresas requieren. Pero pensar que va a haber buenas instituciones de educación superior con inversionistas preocupados por la tasa de ganancia es ingenuo.

Esas empresas se basan en cobrar mucho y gastar poco, pagando profesores por horas (¡la propuesta dice que deberán pagar 26.780 pesos por hora cátedra, al menos!). Y cuando funcionan, es porque el Estado inventa mecanismos, sobre todo de crédito, para financiarlas con recursos de todos. Los estudiantes se reclutan con promesas inciertas de buen empleo y se les presta plata para matrículas caras por cursillos virtuales más o menos imaginarios, con base en crédito público. En Estados Unidos, los atrasos en el pago de estas deudas están amenazando convertir el crédito para estudiar en otra forma de crédito tóxico: así como las empresas financieras llenaron a los pobres de créditos impagables de vivienda, ahora tratan de endeudar a los pobres ilusionándolos con un título, con aval del Gobierno. Si esta política tiene algún riesgo de ponerse en práctica, es importante que haya una regulación pública muy fuerte, para evitar problemas parecidos a los que ha habido con la prestación de salud y mantener un control real de la veracidad de lo que se entrega a los clientes, en un área en la que todos los engaños son posibles.

Fuera del tema subrayado por el Gobierno, las normas de la ley reafirman las políticas de calidad ya vigente (exámenes de Estado, evaluaciones, etc.), que son lo importante; repiten los buenos deseos sobre la importancia de la investigación; caen en las retóricas de moda (internacionalización, prosperidad, etc.), y corrigen o mejoran las normas de la ley actual, sin cambios dramáticos. No es una gran ley, pero es un buen punto de partida para una discusión que vale la pena tomar en serio.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 17 de marzo de 2011

Anexos:

Para facilitar la discusión sobre el nuevo proyecto de reforma de las universidades presentado por el gobierno, transcribimo los documentos básicos oficiales:

Proyecto de Ley por el cual se regula el servicio público de la educación superior, 2011.

Comparación, Ley 30 de 1993 y Proyecto de reforma de 2011.