Durante décadas, el ejército colombiano combatió a la guerrilla con todo. La tortura, la desaparición forzada, la ejecución fuera de combate de guerrilleros o simpatizantes se volvieron frecuentes. Cometidos por una minoría de militares díscolos, estos hechos debilitaron al Estado, desacreditaron al país y fortalecieron la subversión. Sus autores promovían el mito de que el ejército no podía derrotar a la guerrilla por el estorbo de la Procuraduría o las normas legales.

La mayoría del ejército, soldados y oficiales incapaces de torturar, desaparecer a un guerrillero o darles información a los paramilitares para eliminar a los miembros de las redes urbanas subversivas, rechazaba o combatía estos excesos en silencio, sin denunciar a sus colegas. Según el clima de terrorismo moral que se impuso, quien denunciara un delito era un traidor, un cómplice de la guerrilla. La cultura de silencio llegó a niveles inverosímiles. Lo más aterrador de los ‘falsos positivos’ fue que durante años algunos soldados pudieran asesinar a miles de personas indefensas para lograr beneficios minúsculos, sin que nadie contara. Miles de soldados decentes debieron de enterarse, pero no dijeron nada.

A partir de 1988, más o menos, las cosas comenzaron a cambiar: la tortura desapareció y los otros delitos disminuyeron drásticamente. Buena parte del resultado se debió a acciones firmes del Ejecutivo, como la respuesta a las denuncias sobre ‘falsos positivos’. Pero lo decisivo fue la reforma del régimen penal: las cortes militares, capaces de sancionar las fallas del servicio, eran incapaces de investigar los delitos graves contra civiles, que quedaban en total impunidad. Reformas legales y sentencias de las cortes hicieron que estos casos –tortura, desaparición forzada y otros– los juzgaran jueces civiles, con algo de éxito. En el 2007, el presidente Uribe objetó un nuevo código de justicia penal militar con el argumento de que era muy generoso: “Las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario (...) deben estar excluidas del fuero militar”. Y en el 2010 se aprobó un código razonable.

Sin embargo, el núcleo más radical creó otra vez, como cada que hay negociaciones de paz, la imagen de que la moral militar, débil y quebradiza, estaba destruida y de que la guerra que se ganaba en el campo se perdía en los tribunales. Había que volver al viejo fuero militar. En diciembre pasado se aprobó una reforma constitucional confusa y abigarrada, que combina los deseos de impunidad con los intentos de evitarla. Fuera de señalar como criterio de juzgamiento el DIH, que es un derecho de guerra, que tiende a convertir los excesos en daños colaterales, dice que la “ejecución extrajudicial” será juzgada por las cortes civiles. Se supone que los asesinos de los ‘falsos positivos’ cometieron este delito, pero la confusión y la trampa están en que ese delito no existía cuando ocurrieron estos hechos, y ellos están procesados por homicidio. Sin duda alegarán, y el debate sobre esto será casi insoluble, que no pudieron cometer un delito que no existía en el código y que no se les puede aplicar retroactivamente la norma que excluye a los procesados por “ejecución extrajudicial” del regreso a la jurisdicción militar.

Afortunadamente, podemos evitar años de discusiones barrocas: la Corte Constitucional declaró inexequible, por razones de procedimiento, esta reforma constitucional, que devuelve a la justicia militar miles de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Es mejor que no se reviva y que, después de años de progresos, no dañemos lo que había mejorado. Pero si el Congreso vuelve a aprobar una reforma parecida, ojalá no tenga las trampas que le quedaron a esta.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 7 de noviembre de 2013