El anuncio de las Farc de suspender secuestros produce al mismo tiempo esperanza y desconfianza. El secuestro ha sido el factor central de degradación y corrupción del conflicto colombiano: las Farc, al adoptarlo, desde los primeros secuestros que hizo Pedro Antonio Marín en 1963 o 1964, como forma de financiación y chantaje contra la sociedad, se pervirtieron y pervirtieron a sus enemigos. La tentación de secuestrar burgueses fue común a todos los movimientos de izquierda de la época, aunque algunos no cayeron en ella: el Partido de la Revolución Socialista, orientado por Estanislao Zuleta y Mario Arrubla, fue disuelto en 1964 cuando sus dirigentes se dieron cuenta de que muchos de sus militantes querían convertir el secuestro en eje de la lucha. Otros, como el M-19, hicieron del secuestro el centro de un trágico teatro revolucionario, del que fueron víctimas dirigentes sindicales, empresarios y mujeres.

El endurecimiento moral que requiere y produce un acto tan cruel e inhumano como el secuestro cambió a las guerrillas: al mismo tiempo que perdían toda posibilidad de apoyo popular, lo que tenían de idealista y revolucionario fue sustituido por el afán de conseguir dinero. Sin respaldo social, solo la delincuencia común -el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas- podía garantizar la supervivencia. Una dialéctica retorcida se usó para dar viso político a secuestros y extorsiones, sobre todo después de que se rompió la tregua acordada con el gobierno de Betancur en 1984, tregua que estuvo acompañada por la declaración, pronto incumplida, de que no habría más secuestros.

Desde ese momento, las Farc, obsesionadas por un imposible reconocimiento de beligerancia, trataron de mostrar que tenían control sobre parte del país (lo que pensaron alcanzar cuando se les cedió el Caguán) y que los secuestros eran parte del ejercicio de su acción como un presunto Estado, que pone impuestos y apresa a los que no los pagan. Entre 1986 y el 2000, el secuestro en Colombia se multiplicó por 10 y alcanzó niveles insólitos en el mundo. Y esta ola de secuestros llevó a que narcotraficantes y muchos empresarios rurales, que se sentían abandonados por un Estado impotente, que en su empeño por negociar la paz hacía concesiones absurdas a la guerrilla, desataran, sobre todo entre 1995 y el 2002, la gran guerra del paramilitarismo, que creció, junto con las Convivir, al mismo ritmo de negociaciones y secuestros. Un factor clave en esto fue la forma irresponsable como el Estado negoció secuestros y liberaciones y el terrible error de aceptar, como en el acuerdo previo al Caguán, que la suspensión del secuestro y el "canje" de rehenes y plagiados no sería condición para el diálogo.
   

Con esta historia, ¿es posible hacerse ilusiones sobre la declaración de las Farc, que anuncia la suspensión de los secuestros por dinero, pero no dice nada de los políticos? Esto deja abierta la puerta para secuestrar alcaldes, candidatos o funcionarios, considerados por las Farc como participantes en la guerra. Sin claridad sobre esto, sin la liberación rápida de todos los civiles y sin un esfuerzo de aclarar hasta donde sea posible los casos que se le atribuyan y de los que no se sienta responsable, la declaración no vale mucho.

Si esto se precisa, puede haber razones para alguna esperanza. Después de 48 años de usar un arma que se volvió contra ellos y que el arrinconamiento militar ha hecho muy costosa, pero que estaba tan identificada con 'Tirofijo' que era difícil discutirla, no es imposible que muchos dirigentes de la guerrilla estén descubriendo que, si quieren al menos una negociación razonable para abandonar las armas, antes de una derrota final, las Farc deben respetar el derecho humanitario y, como prueba básica de esto, dejar de traficar con seres humanos.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 1 de marzo de 2012