Varias decisiones recientes de la justicia afectan seriamente a los militares. Se ha castigado con dureza a oficiales acusados de las desapariciones del Palacio o de jóvenes que aparecieron muertos con ropa guerrillera. La Corte Suprema no dio valor a las pruebas encontradas en un país extranjero, "sin haber obtenido previamente autorización" de sus autoridades. El Consejo de Estado ordenó indemnizar a soldados víctimas de un ataque de la guerrilla.

No puedo analizar la calidad de las sentencias y la solidez de las pruebas. Me parece bien que haya sanciones: desde los 70 hubo torturas en el Ejército, y después fue usual la cooperación ilegal con los paramilitares, que hizo morir a miles de colaboradores reales o presuntos de la guerrilla, fuera de la corrupción inducida por la droga. Estos hechos, en su mayoría, no se castigaron. La justicia penal ordinaria no funciona, pero todavía menos eficaz es la justicia militar en los casos que afectan a civiles. Pero me inquieta que estos fallos se apoyen en razonamientos legales arbitrarios: no tengo duda de que hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, pero me parecen dudosas las evidencias y forzados los argumentos para aplicar las sanciones.

Lo que está pasando es una consecuencia imprevista del esfuerzo sistemático, pero contraproducente, por negar los horrores de algunos militares y proteger a la institución. En estos años se trató de crear una imagen ideal del Ejército, independiente de lo que hicieran sus miembros: la institución nunca fallaba, pues las malas acciones eran de manzanas podridas. Pero estas poco se sancionaban, porque los defensores del honor militar promovieron la idea de que quien denunciaba era amigo de la guerrilla, como ahora los tribunales, aliados a ella para que recupere lo que perdió en el campo de batalla. Cuando la Procuraduría trataba de sancionar algo, era para frenar al Ejército, como si no se pudiera derrotar a la guerrilla sin violar la ley. Las autoridades civiles, que buscaban a veces crear una ética distinta, hacían eco al mensaje rutinario de que todas las acusaciones, aun las de instituciones por encima de toda sospecha, eran parte de una estrategia subversiva.

Esto llevó a un Ejército quisquilloso e intocable, lleno de fueros y privilegios -para compensar sus sacrificios y su heroísmo, como repiten los ministros de defensa-, en el que todo acusado es víctima de la injusticia. Esta solidaridad crea efectos terribles: en todos estos años solo un puñado de militares ha contado algo de lo que pasaba. ¿Cómo pensar que, al menos desde el 2008, no hubiera centenares de oficiales y miles de soldados enterados de los falsos positivos?

El honor militar les impidió y les impide hablar: no rige la lógica de que es un deber moral o profesional denunciar al que actúa ilegalmente, sino la lógica de las mafias, de que quien denuncia es un traidor o un infiltrado, lo que protege a los criminales. Y lo que se busca no es aclarar los hechos, sino mostrar errores para desacreditar a la justicia: ningún defensor del Ejército ha elogiado las condenas recientes por la muerte de cinco jóvenes de Soacha y Córdoba.

Ojalá la justicia actúe con solidez, aunque leer sus sentencias no alienta el optimismo. Tras la injusticia de que no se sancionaran miles de crímenes, puede que caigamos en la nueva injusticia de condenar, al lado de algunos culpables, a otros inocentes. Pero frente a la creencia de que el Ejército es bueno y solo tiene unos malos soldados, hay que pensar que, quizás, como en todo lo de Colombia, hay buenos y malos, sanos y corruptos, pero que una institución que pretende ponerse por encima del bien y del mal acaba creando la solidaridad con los delincuentes y forjando complicidades que corrompen a muchos más.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 9 de junio de 2011