En 1986, el Plan Nacional de Desarrollo decidió que en educación la meta del país era mejorar la calidad, promover los doctorados y la investigación, usar los exámenes de Estado como indicador de resultados y vincular la financiación a ellos. Esto se ha repetido durante más de 25 años y ahora un informe del Banco Mundial y la Ocde, 'La educación superior en Colombia', vuelve y repite otra vez más (con la misma redundancia con que yo lo digo) los planes de los gobiernos, los informes de los ministros y los estudios de los expertos. Las conclusiones de este nuevo estudio son claras: hay que ampliar la cobertura y mejorar la calidad, las finanzas y la "gobernabilidad" de la educación superior.

El libro describe en unas 350 páginas el sistema educativo, las normas vigentes, las cifras principales: le cuenta al Gobierno lo que los funcionarios les contaron a los equipos de investigación y casi siempre le confirma que las políticas que sigue son buenas. Como es un documento oficial, maneja con pinzas los aspectos en los que la información fue insuficiente o los investigadores no quedaron convencidos, pero los puntos más interesantes son los que, en forma mesuradamente polémica, se apartan de la visión oficial. Por ejemplo, sus autores consideran que "la prueba Saber 11 no es, en su forma actual, suficientemente confiable para tener una idea del desempeño individual de los estudiantes, como se suele pensar", plantean la posibilidad de que la mayor parte del dinero que Icetex presta vaya a estudiantes de familias cuyos ingresos los sitúan en la mitad más rica de la población, dudan de que el país esté produciendo demasiados profesionales o los colegios públicos tengan resultados más bajos que los privados de nivel social similar y no creen en las cifras del Sena. Los análisis de algunos de estos temas son sólidos e informados, en especial los que discuten los exámenes nacionales e internacionales. Pero a veces los autores desconocen la historia y creen que todo está comenzando: para dar un ejemplo, y podrían darse muchos más, afirman que apenas en 1990 se dieron los primeros pasos para promover la investigación y la ciencia en Colombia, cuando Colciencias se creó hace más de 40 años.

Las propuestas son bastante generales y coinciden con las de los últimos gobiernos. Quizás sea insólito sugerir que se dé más apoyo a la investigación en ciencias sociales y humanidades, que se publiquen los nombres de todos los graduados, o se quiten barreras al uso de la información. Para los periódicos lo más novedoso fue proponer que los estudiantes estén un año más en bachillerato. Esto se apoya en dos supuestos falsos: que los jóvenes entran a la universidad de 17 años, cuando no están todavía bien preparados, y además que no pueden emplearse, pues es ilegal trabajar antes de los 18 años. Las dos presunciones están mal: la edad promedio de entrada a la universidad es, parece, de 19 años o más, y la ley colombiana deja trabajar desde los 14 años: hasta pueden sindicalizarse, según la Corte Constitucional, desde los 12 años.

Pero esto es secundario: lo esencial es que no es una buena idea. Los estudiantes que llegan sin formación adecuada no son los más jóvenes, sino los que vienen de ciertos medios sociales y de ciertos colegios. No tendría sentido obligar a los bien preparados (usualmente más chiquitos) a estar un año más en el colegio, porque otros no han aprendido lo necesario. El costo sería altísimo, y los resultados, se puede prever, insignificantes: los mismos colegios y ambientes no van a mejorar en un año lo que no hicieron en 11. El problema es real, y quizás pueda lograrse que los que tengan un mal puntaje en el examen de undécimo estudien un año más, pero la propuesta del año doce para todos, si acaso, tendría el interés de llevar a una movilización de estudiantes de secundaria sin antecedentes, y esto sí les enseñaría algo nuevo.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 14 de febrero de 2013