Nicaragua ha buscado durante 200 años que alguien le haga, como sea, el gran canal de sus sueños. En 1826 dio una concesión a una firma algo ilusa de los Estados Unidos, que no consiguió los 250.000 dólares de capital ofrecidos; otras siguieron en 1827 y 1845, y en 1851 el ‘Comodoro’ Vanderbilt, un caballero de industria gringo, formó una compañía que también fracasó. Otra sociedad, creada en 1888, estaba tratando en 1901 de que el gobierno de los Estados Unidos la comprara.

Colombia ha sufrido mucho con este fantasma: en 1826, cuando empezaba a soñar con un canal por el istmo, protestó por las propuestas centroamericanas, y en 1903 el Gobierno negoció el tratado Herrán-Hay, que permitía que una compañía de Estados Unidos abriera el canal de Panamá, para evitar que se hiciera el de Nicaragua: esto llevó a la independencia de Panamá.

Nicaragua siempre ha tenido el derecho de hacer un canal en su territorio. La sentencia reciente de delimitación marina de la Corte de La Haya no cambia nada, pues la navegación de los buques comerciales por esos mares es libre. Por eso, los nicaragüenses, desde el 2012, antes del fallo, anunciaron que habían formado una compañía, otra más, con unos empresarios de Hong Kong para construir su canal.

Sin embargo, algunos analistas, ignorando que Nicaragua tenía ya el derecho de hacer ese canal en su territorio, sostienen que ese país logró, sin argumentos pero con gran capacidad diplomática y de presión, que los 15 jueces de la Corte le entregaran en forma unánime el uso económico de una zona marítima sin relación con el canal, pero para ayudar a ese proyecto. La lógica es extraña, pero, como apela al nacionalismo primario de la opinión y de los medios, ha convencido a gente razonable.

Para estos mismos analistas, si Nicaragua, para lograr un derecho que ya tenía, debió seducir a unos jueces, hay que denunciar su corrupción. Y esto, cuando estamos en otro pleito, en el que la Corte Internacional decidirá, entre otras cosas, si Colombia tiene que compensar al Ecuador por los presuntos daños del glifosato. Pero si uno cree que los jueces se dejan influir tan fácilmente, ¿es lógico pensar que es bueno, cuando están a punto de fallar en otro caso, poner en duda su rectitud? Para que fallen a favor de Colombia ¿gritamos que son nuestros enemigos, que no merecen nuestro respeto? Si esos jueces fueran tan influenciables, ¿los que los insultan no lograrán que nos pase lo que queremos evitar?

Lo notable es la dificultad de quienes toman las decisiones, para seguir una estrategia racional, que use los medios apropiados para lograr los fines que se buscan. La lógica es otra: lo que importa es gritar que uno va a hacerse matar por los intereses nacionales, aunque haga algo contraproducente. Con elecciones presidenciales a un año, las posiciones del Gobierno y de los políticos van a depender más de lo que traiga resultados electorales que de su conveniencia. La preocupación por la imagen de todos los precandidatos o candidatos va a ser la que explique lo que, en toda lógica, es ilógico.

Pero así como en lo de San Andrés se dio la razón en lo fundamental a Colombia, pero se reconoció el derecho de Nicaragua al uso económico de parte del mar, es posible que en el caso del Ecuador se acepten algunas de sus pretensiones, aunque se reconozcan los derechos básicos de Colombia. Al fin y al cabo, la mayoría de los expertos colombianos en medio ambiente son tan opuestos como los ecuatorianos a esas fumigaciones. Pero cuando salga el fallo, en un país que no resiste la derrota y cree que tiene razón en todo lo que afirma, los que insultaron a los árbitros durante el partido gritarán de nuevo que unos jueces injustos nos robaron el triunfo.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 20 de junio de 2013