Aunque los organismos que protegen a los ciudadanos y defienden sus derechos deben dar ejemplo de obediencia a la ley, caen con frecuencia en el delito. A veces el celo excesivo los lleva a ignorar los derechos de sus adversarios y, en casos extremos, a torturarlos o asesinarlos. Además, hay mecanismos que dan a sus miembros especial protección: el espíritu de cuerpo, para el que las denuncias son un ataque a la entidad; el fuero, que lleva a investigaciones proclives a la exculpación, la distinción metafísica entre la institución y sus miembros. Ellos crean un clima que favorece las acciones ilegales que dañan al enemigo y facilita la búsqueda ilícita de beneficios personales.

Los casos recientes del DAS y de los falsos positivos son un buen ejemplo. A veces buscaban fines congruentes con los intereses del estado, como investigar sin orden judicial a magistrados, periodistas o defensores de derechos humanos para encontrar debilidades y posibles delitos que sirvieran para amedrentarlos. Aunque nadie les hubiera ordenado hacerlo, los autores sabían que esas personas irritaban al gobierno. Habían oído acusar a los defensores de derechos humanos de calumniadores, a los juristas de aliados objetivos de la guerrilla, a los periodistas de coro de la propaganda de la subversión. Además, habían oído al gobierno justificar actos ilegales por la necesidad de defender el Estado, y habían visto que se recompensaba a quien había asesinato para merecerlo. Por ello, no es extraño que, sin necesidad de orden, se salieran de la ley para ser efectivos o lograr una ganancia personal.

Durante años, algunos militares torturaron para conseguir información. Los funcionarios civiles, casi siempre, rechazaron las acusaciones y hasta dijeron que los denunciantes se habían torturado a sí mismos. Durante años, muchos miembros del ejército han creído que la derrota de la guerrilla, sin duda el peor mal que tiene Colombia, justificaba ayudar las bandas armadas ilegales. La reacción normal oficial fue negar estos hechos, o presentarlos como raras excepciones, o acusar a los acusadores. Que esto creara en el ejército un ambiente en el que ya no solo se dieron datos a los paramilitares para que mataran colaboradores de la guerrilla, sino que se asesinó a sangre fría a inocentes para obtener beneficios y reconocimientos privados, es casi inconcebible pero previsible.

Ante estos hechos, en que ningún fin podía justificar los medios ilegales, el gobierno actuó con energía y destituyó a quienes no vieron lo que pasaba. Pero, acusado de haberle dado una victoria gratuita a la guerrilla, parece volver al viejo estilo: desvirtuar las acusaciones y presentar a los acusadores como cómplices de la subversión. Sin duda hay acusaciones falsas, pero presentarlas en abstracto como estrategia de la guerrilla atemoriza a los denunciantes legítimos y sugiere a los miembros díscolos de las fuerzas armadas que alguien los protegerá.

En mayo publicó El Tiempo una nota según la cual “la Casa de Nariño decía que funcionarios inescrupulosos, enquistados en el DAS, intentaban desacreditar al Gobierno" con las chuzadas. ¿De modo que las víctimas infiltraron el DAS para que éste los persiguiera?

Lo que necesita el país son instituciones por encima de toda sospecha, y no la sospecha de que están dispuestas a cualquier cosa para derrotar a la guerrilla. Como lo muestran de paso las locas hipótesis del auto seguimiento, nada daña más al Estado que los actos ilegales de sus agentes. Fue la tortura contra el M-19 la que llevó a la opinión a mirar con simpatía unan negociaciones ilusas, que frenaron la acción militar eficaz contra la guerrilla. Y los mensajes ambiguos, que hacen pensar que se prefiere acusar denunciantes a sancionar culpables, debilitan la democracia y favorecen la delincuencia que se enquista en los organismos oficiales.  

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 25 de junio de 2009