La liberación de Pablo Emilio Moncayo fue conmovedora. El secuestro es un crimen tan terrible como el homicidio, pero tiene al menos la posibilidad de la resurrección. Supongo que para su familia fue tan emocionante, tan abrumador, como si un muerto hubiera revivido. Y fue extraordinario ver la inteligencia de sus respuestas a los periodistas, que a veces lograban una sobria calidad literaria, como cuando hizo el contrapunto entre la marcha de su padre encadenado y la propia enfermedad que lo obligó, durante siete meses, a andar en muletas, o la tranquila firmeza con que aplazó decir si seguirá en el Ejército, o la forma realista y prudente como se refirió a las Farc e incluso al presidente Uribe: la democracia colombiana, buena o mala, lo ha escogido y allí está su legitimidad, porque esa es nuestra Constitución, que él respeta como soldado y como ciudadano.

La liberación ocurre poco después de un informe del Ministerio de Defensa, que parece sólido y sensato, según el cual el número de secuestrados ha disminuido muchísimo, y que depura las escandalosas cifras que el Gobierno usó hace dos años para ambientar las marchas contra el secuestro: en vez de 2.800 habría ahora menos de 80, 48 de ellos en poder de las Farc. Lo que no es fácil es adivinar las causas de la baja del secuestro por parte de las Farc: ¿muestra un cambio en sus políticas, tal vez como respuesta al rechazo de la opinión, o indica simplemente que, acosadas militarmente, no tienen ya la capacidad para mantener en cautiverio muchos secuestrados? Es muy poco probable que esta información esté equivocada y si fuera así -por ejemplo, si las Farc estuvieran negociando sus secuestros en forma inmediata, o culpando a delincuentes comunes de lo que hacen- las familias mismas de las víctimas ya habrían desmentido las cifras.

Por supuesto, las liberaciones están acompañadas de contraproducentes esfuerzos de propaganda de las Farc (y que no justifican el apresurado y mezquino comunicado del Gobierno, tratando de culpar a quienes seguramente no tenían nada que ver) y de una nueva propuesta de lo que llaman "intercambio humanitario". Esperan tal vez que la emoción de las liberaciones lleve a respaldar nuevas negociaciones, animadas por la esperanza de libertad para los 21 soldados en manos de la guerrilla. La experiencia es, sin embargo, que no puede esperarse mucho de estas propuestas: las Farc siguen ignorando en su comunicado, con descaro que parece ingenuo, el tema de los secuestrados civiles, por pocos que sean, y se refieren solo al intercambio de guerrilleros (incluyendo los extraditados, lo que de entrada hace inviable cualquier negociación, aun con la mejor voluntad) y miembros de la Fuerza Pública, un canje que según ellos sería de "prisioneros de guerra".

El país tiene que exigirles, antes de considerar siquiera una propuesta de intercambio con soldados, la liberación de todos los secuestrados civiles en su poder y la declaración firme y unívoca de que renuncian para siempre a usar el secuestro como forma de lucha o financiación. Y recordar que aunque pueda discutirse un acto humanitario, no es admisible que el Gobierno negocie con las Farc, bajo chantaje, temas políticos, sociales o institucionales, pues en una democracia, buena o mala como decía el sargento Moncayo, eso se discute ante todo en el Congreso, que fue el que la gente, equivocada o no, eligió para eso.

La paz no vendrá de concesiones a los armados. Pero los colombianos tenemos derecho a la utopía, y la de todos es que las Farc acepten que fue un trágico error usar la violencia y, unilateralmente, le declaren la paz a Colombia, así como hace años le declararon la guerra. Es algo que no va a ocurrir, y por eso cualquier gobierno que venga tendrá que seguir enfrentando las armas con las armas. Y mientras tanto, la población deberá insistir, una y otra vez, que quiere un país sin guerrillas.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 1 de abril de 2010