Hace años, Nueva York redujo mucho el crimen urbano a partir de la idea de arreglar los “vidrios rotos”: mejorar el ambiente en sitios violentos elimina la sensación de que no hay autoridad y castigar los delitos menores previene los más graves. Después se probó que el éxito no había sido tanto, y hoy está de moda en USA una estrategia creada por el profesor de Harvard David Kennedy, que combina represión policial y justicia, acción social con jóvenes miembros de bandas y la búsqueda del rechazo moral de la comunidad a la violencia. Se aplica ya en unas 50 ciudades, después de haber reducido los homicidios en Boston en más de 60% en menos de 8 años, y entre el 30 y el 50% en otras ciudades.

Por su enfoque integral, el programa recuerda los más exitosos esfuerzos colombianos de seguridad ciudadana, que produjeron las mayores bajas en los homicidios del país de los últimos veinte años: Medellín de 1991 a 1995 y de 2005 a 2008, Bogotá entre 1995 y 2006, Cali de 1992 a 1994, con el uso de la epidemiología de la violencia, impulsado por el alcalde Rodrigo Guerrero y copiado en Bogotá y Medellín. Estos proyectos creían que había que sumar y no aislar esfuerzos: que la seguridad ciudadana requiere más policía y justicia eficiente, pero también programas sociales para los adolescentes de los barrios más conflictivos y una cultura comunitaria de respeto a las normas de convivencia.

Las organizaciones más duras de delincuentes se atacan sobre todo con policía y justicia, pero si sólo se hace eso nuevos delincuentes reemplazar a los traficantes u homicidas que dejan de actuar: la prevención depende ante todo de los programas sociales, de medidas que cambien  el ambiente social para el delito, como las restricciones al uso de armas o de licor, y del respaldo de la comunidad al cumplimiento de la ley.

La política de seguridad anunciada ahora en Colombia incluye un bienvenido aumento de policías, y propone, con razón, evitar la excarcelación de los que porten armas ilegales. Pero para tener éxito, hacen falta muchas cosas más:

1.   Una política social audaz,  encabezada por los alcaldes, coordinada con la lucha contra la violencia.

2.   Una reforma drástica de la fiscalía, que ha  sido incapaz de reducir la impunidad, pues no más del 5% de los homicidios (por lo que parece: la Fiscalía ni siquiera sabe cuál es la proporción) llevan a una sanción, usualmente de los que se cometieron a la vista de todos. Esta reforma es ante todo de buena gerencia y de administración de recursos y de información, no de códigos ni penas. Desde Beccaría, hace 250 años, se sabe que lo importante es castigar a los delincuentes, aunque sea con suavidad, pero en forma inexorable y oportuna, y que esto es lo único que produce disuasión: las penas drásticas que no se aplican o se negocian producen sólo risa.

3.   Sistemas de información eficientes. El país los ha tenido y los ha abandonado, y después se ve la falta que hacen. En 1992 la fiscalía montó un excelente sistema de información sobre desaparecidos y NN y varias veces lo destruyó y lo volvió a crear. Si tuviéramos la lista de los desaparecidos de estos veinte años la identificación que se anuncia de los NN y de los cadáveres de tanta fosa común sería quizás posible. Y hay que publicar, para las principales ciudades, lo que publicaban antes Bogotá y Medellín: los datos semanales de homicidios, detallados y contextualizados, para hacer análisis precisos y diseñar bien las políticas.  Y sobre todo, saber que hace la Fiscalía: que sus informes, en vez de miles de datos inútiles digan cuanta gente acusa cada año para cada delito importante, para medir sus avances y progresos.

Sin información, ni metas, ni evaluación de resultados, nos seguiremos muriendo de los homicidios, o de la risa.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 11 de noviembre de 2010