Cuando hace años el Gobierno, encabezado por el Presidente y el Comisionado de Paz, trató de borrar el "delito político" de la Constitución, nadie pensó que algún día el expresidente Uribe alegara, para defender la petición de asilo de la directora del DAS, que "el sistema interamericano... consagra el derecho de las personas a buscar esta protección cuando son perseguidos por delitos políticos o comunes conexos con estos". Definir los delitos de los que se acusa a María del Pilar Hurtado como políticos o conexos es muy forzado, y que Panamá haya aceptado, en su decisión soberana, conceder el asilo muestra la transformación que ha sufrido la institución en décadas recientes.

El asilo político o diplomático surgió para proteger a quienes se oponían al orden político vigente. El general de las guerras civiles, el disidente, rebelde o subversivo, que no reconocía la legitimidad del Estado contra el que se levantaba, se refugiaba en un país vecino que lo acogía. Gradualmente, los tratados interamericanos codificaron la costumbre y definieron que los Estados pueden conceder el asilo cuando se trate de delitos políticos o conexos o de solicitudes de extradición que obedezcan a "móviles políticos". En el siglo XX, esto permitió que los políticos radicales o subversivos se defendieran de dictaduras y gobiernos represivos.

Dos cambios, sin embargo, parece estar sufriendo el derecho de asilo. Por una parte, los que hoy defienden y justifican los levantamientos armados, para restablecer la democracia o lograr una sociedad justa, son los guerrilleros. Pero las guerrillas han perdido toda legitimidad, tanto porque su justificación de fondo es perversa y nadie cree en ella -se levantan en armas a nombre del pueblo contra gobiernos escogidos por el pueblo-, como por el deterioro ético de sus acciones, cuyo contenido político se diluye en medio de delitos comunes de todo tipo, como el secuestro o el narcotráfico, que a veces parecen convertirse en la razón de fondo de su existencia. Esto ha llevado a su definición como "terroristas", lo que elimina el asilo político para sus miembros. Ya no son, pues, los dirigentes políticos de movimientos subversivos o clandestinos los que reciben asilo, mientras que países como Panamá han ido creando una tradición alternativa: el asilo es para los gobernantes en desgracia, para los dictadores derribados por sus pueblos, como Raoul Cedras o el sha de Irán. Hasta ahora se había negado el asilo a los que, como Vladimiro Montesinos, usaron su poder para violar los derechos de los ciudadanos, y entidades como la CIDH (en el caso del ecuatoriano Alberto Dahik, por ejemplo) han insistido en que los funcionarios públicos deben agotar los procedimientos judiciales en su propio país.

Ahora el expresidente Uribe, en relación con Luis Carlos Restrepo, ha decidido "avalar que cualquiera de mis compañeros que sientan (sic) persecución en Colombia busquen (sic) una medida legal como el asilo". Sorprende que quienes propusieron someter la Fiscalía a la dirección del gobierno y se esforzaron por reducir la independencia de la justicia, crean que ella, con una estructura dispersa y casi caótica, con una fiscalía separada de los jueces, sea capaz de actuar coordinadamente, como una organización delictiva y montar una conspiración para perseguir a un grupo político. Y que el asilo político pueda verse como una "medida legal" alterna, que el acusado escoge a su gusto cuando "siente" que la justicia puede perjudicarlo, en vez de agotar los recursos internos, en vez de controvertir la acusación en el juzgado o presentar una apelación, muestra para dónde va esta institución. Ya no es tanto un recurso final de desobediencia civil, como un sistema de protección de funcionarios y políticos, que siempre tendrán opositores y gente en contra.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 16 de febrero de 2012