La ley de víctimas cambia radicalmente la forma como la sociedad colombiana trata a las víctimas de la violencia política. Compensar con recursos públicos a quienes sufrían por actos de la guerrilla o de los paramilitares era algo que parecía antes absurdo: solo de modo excepcional, si había una clara omisión de deberes del Estado, un largo y difícil proceso llevaba a una reparación. En 1992, la Presidencia de la República puso en marcha, en convenio con la Cruz Roja, un proyecto piloto, que hoy nadie recuerda, que permitía dar atención inmediata y sin sentencia previa a los familiares de víctimas de violencia, y para muchos este era un peligroso precedente que llevaría a indemnizar, con dinero del Estado, todos los actos de violencia, incluso si los cometían los enemigos del Estado.

La ley aprobada es amplia y ambiciosa: permitirá, si funciona, que millones de colombianos, víctimas de grupos armados ilegales y de agentes estatales, reciban, además de una reparación moral, una reparación económica pagada por sus compatriotas, por todos nosotros. Insisto en este punto: como el Estado no hace plata, sino que usa recursos que recoge mediante impuestos, es la sociedad en conjunto la que asumirá los costos de la ley, que saldrán de mayores tributos o de dineros que podrían haber servido para otras obras útiles.
Pero esto es justo y apropiado y no podemos pretender que otros paguen por nosotros. Todos tenemos alguna culpa en lo que pasó en Colombia, unos más que otros, es cierto. En una democracia hay una solidaridad fundamental: todos somos responsables de la marcha del Estado, de no haber sido capaces de detener la catástrofe vivida por Colombia, que aún no termina.

Y por esto está bien que no se distinga entre las víctimas de agentes del Estado y de particulares. Incluso, si hubiera que escoger, lo lógico sería compensar primero a las víctimas del Estado, pues la responsabilidad de los ciudadanos, que elegimos gobiernos y respaldamos políticas de paz o de guerra, es obviamente mucho mayor cuando nuestras autoridades violan la ley que cuando un civil armado mata a otro o se apropia de la finca de un campesino. Por supuesto, en gran parte de los casos, la distinción es algo irrelevante: las autodefensas, los paramilitares, actuaron casi siempre en alianza con funcionarios del Estado, y los agentes estatales se 'torcieron' por la presión y con el apoyo de miembros de la sociedad civil que veían en la violencia el recurso ideal para enfrentar a la guerrilla y lograr sus objetivos, políticos o de otro tipo.

La aplicación de la ley va a ser difícil y, como en las catástrofes, muchos falsos damnificados buscarán aprovecharse de ella. Es difícil hacer una ley perfecta y esta no lo será, y basta que funcione en forma razonable, se ajuste sobre la marcha y dé a las víctimas un mensaje de mínima solidaridad de los demás colombianos.

Una parte que no es para aplicar es el artículo mágico que dice que no habrá reconocimiento de beligerancia a la guerrilla. Como este lo hacen solo los gobiernos extranjeros, parecería que los congresistas creen que su competencia se extiende al Universo, más allá de las fronteras de Colombia, y que los demás gobiernos obedecerán las leyes colombianas. Pero los congresistas, en su sabiduría superior y su clara inteligencia, saben que ese texto es simbólico. Como tantas leyes, como las que suben las penas a crímenes que no se sancionan, como el galimatías que declaró que era delito usar drogas, pero que, como es una enfermedad, no se podrá castigar, ese artículo es una colombina, un golpecito cariñoso en los hombros para calmar, como paráclito consolador, a los inquietos. No es muy grave, excepto porque sigue mandando el mensaje de que las leyes no son para cumplirlas y aplicarlas.

Y si hay una ley que valga la pena que se cumpla es esta.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 26 de mayo de 2011