Cuando un país en guerra hace la paz, busca hacer soportable su pasado y las comisiones de verdad ayudan a eso. Donde una dictadura había impuesto el terror, las comisiones de verdad sirvieron para que, a veces sin temor a sanción, los agentes del Estado narraran los hechos. En la de Sudáfrica, que podía amnistiar, ambos lados contaron lo que habían hecho, en un ambiente de reconciliación, en el que víctimas y victimarios (y esa fue, como la nuestra, una guerra en la que muchas veces la víctima era un victimario, y el victimario una víctima) se hablaron y se perdonaron: un teatro para la catarsis. Y ayudó a entender las causas del conflicto. Fue la más exitosa de las comisiones, a pesar de sus problemas. En estos días, en el Festival de Teatro, una obra impresionante, Ubu y la comisión de la verdad, muestra cómo funcionó.

Colombia es un caso especial: es una guerra muy larga, que ha convertido a casi todos los colombianos en víctimas. Una guerra en la que, aunque la legitimidad es del Estado, los excesos de sus agentes dieron un aura positiva a unos rebeldes que, a pesar de tener un discurso político plausible, rompieron todos los cánones de la ética revolucionaria, al usar el delito común, la droga y la extorsión para financiarse, matar a sangre fría, usar la sevicia contra sus enemigos, hacer terrorismo contra civiles. Además, una guerra en la que muchísimos ayudaron, en diversos grados, a los terroristas que los defendían: pagaron cuotas a los paramilitares, apoyaron las autodefensas o defendieron los abusos del Estado.

La comisión de verdad puede servir para que los grupos que han escondido sus culpas hablen, sin asumir responsabilidad penal, pero sí moral, por lo que hicieron. Colombia necesita mucha verdad: oír a los soldados u oficiales contar cómo se aliaron con los paramilitares, cómo torturaron, cómo organizaron los ‘falsos positivos’. Y oír a los guerrilleros decir cómo planeaban los secuestros, cómo escogían a las víctimas, cómo decidían cuándo matar a los soldados o a los mayordomos de los que no pagaban la ‘vacuna’. Y escribir los nombres de todos los muertos, los desaparecidos, los secuestrados, los torturados. Algo se oyó, pero en un marco alterado por el cálculo de beneficios penales, de los paramilitares. El mayor escándalo moral del conflicto es que hasta ahora ningún mando de la guerrilla o el Ejército ha contado nada: la solidaridad de grupo ha ganado al deber ético. Una comisión de verdad –y la experiencia inteligente de la Comisión de Memoria Histórica puede servir mucho– puede hacer que muchos tengan algo de paz al saber qué pasó con sus familiares, y puedan, si les hablan con contrición, aceptar la reconciliación.

La guerrilla propone ahora, además de la comisión de verdad, otra que estudie antes “las causas y responsabilidades” del conflicto: algo que suena a la búsqueda de una “historia oficial”, de “la verdad” del conflicto. Esta no existe: la ciencia social, la historia, no establece “la verdad”: proponen explicaciones y verdades posibles. Lo que parece querer la guerrilla es una justificación teórica retroactiva.

Cuando unos guerrilleros secuestraron a Harold Eder o a Oliverio Lara, esto no tuvo, en el sentido de las ciencias sociales, causas: su muerte no fue “efecto” del “creciente conflicto agrario”, o de la “injusticia rural”. En este contexto, estas son simples frases. Unas personas, que tenían las armas y el poder, consideraron que, para sus fines, estaba bien matarlos. Lo que hay que saber hoy es cómo se decidió secuestrar o torturar, matar, actuar con sevicia, aterrorizar. Las víctimas y sus herederos no esperan teorías y explicaciones académicas: apenas quieren que les cuenten la verdad.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 10 de abril de 2014