Colombia ha avanzado bastante en los últimos años en la superación de la violencia, pero casi siempre a los trancazos. La Ley de Justicia y Paz salió más enérgica -y más justa- de lo que inicialmente se buscaba, en buena parte por gracia de la Corte Constitucional. El Gobierno aceptó algunas ideas que no había compartido en otros momentos y descubrió pronto las ventajas de tener normas más estrictas.

Algo similar pasa con la ley de reparación de las víctimas: el Gobierno ha ido acogiendo, con flexibilidad, propuestas que en otros momentos rechazó. La ley es muy compleja y tiene muchos puntos discutibles. La reparación económica de las víctimas es un tema difícil. Es razonable evitar decisiones que puedan destruir el programa al hacerlo demasiado costoso, que por intentar cubrirlo todo acaben indemnizando igual al que perdió el empleo que al que perdió a sus padres, o que ofrezcan oportunidades para que algunos empresarios ingeniosos se apropien de lo que corresponde a las víctimas, en un país en el que sobra talento para estafar a nombre del bien ajeno.

En este momento, todos parecen de acuerdo en lo que parecía más difícil: que todos los ciudadanos paguemos, con recursos públicos, sin sentencia judicial, la reparación por lo que los paramilitares hicieron a personas que creían afines a la guerrilla.

Se abandonó el principio de que sean los responsables los que hagan la reparación, con razón, para que todos respondamos por hechos cometidos ante la indiferencia, si no la simpatía vergonzante, de toda la nación. El afán de derrotar a la guerrilla cegó a los colombianos a la barbarie, y por eso es justo que aceptemos una responsabilidad política y ética colectiva.

Pero si se aceptó lo más difícil y se avanzó hacia un sistema de reparación comprensivo y amplio, sorprende que no se acepte dar a las víctimas de actos cometidos por agentes del Estado un tratamiento igual, como lo exigen los principios del derecho internacional, que ordenan hacer las reparaciones "con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación".

Formalmente habría sido más lógico que los paramilitares pagaran a sus víctimas y el Estado respondiera por lo que hicieron sus agentes. Pero se aceptó que todos paguemos a las víctimas del paramilitarismo para evitar un mare mágnum de demandas. Según el Presidente, "si todo se va a ir a demandas, es un camino tortuoso para las víctimas. Y un camino que puede traer unos resultados imponderablemente graves para el Estado". Y Eduardo Pizarro señaló que, en un país en el que se desconoce a los responsables en el 95 por ciento de los casos, "por la vía judicial solo podría repararse al 5 por ciento de las víctimas".

Esto se aplica con mayor fuerza a los casos de agentes estatales. La posibilidad de que se falle contra el Estado en casos en que participen sus agentes es mayor que cuando los culpables son grupos ilegales, y las indemnizaciones mucho más altas que en un sistema de compensación administrativa. Los casos con responsabilidad principal de agentes estatales son comparativamente pocos y existe más información para desvirtuar y sancionar fraudes. Y aceptar la compensación no requiere fijar responsabilidades penales individuales.

Cerrar la puerta a la reparación administrativa de estos casos y obligarlos al proceso judicial para recibir -de acuerdo con el perverso e injurioso artículo aprobado por la Cámara- una compensación que no podrá superar la que reciban los que se ahorren todo el calvario judicial, contradice la lógica, la equidad, el derecho internacional y los argumentos del mismo Gobierno. Y si vamos a pagar por haber elegido gobiernos que no impidieron la acción paramilitar, con mayor razón debemos hacerlo por haber elegido a quienes no pudieron impedir los delitos de sus propios funcionarios, o sancionarlos oportunamente.

Jorge Orlando Melo
Publicada en El Tiempo, 11 de diciembre de 2009