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Los tres referendos
 

El principio central de la democracia es que el poder viene del pueblo, y que las mayorías deciden los programas de gobierno. Pero este principio está limitado por otro: que los derechos de las minorías deben respetarse.

En Colombia, entre 1886 y 1910, las mayorías hicieron normas electorales que impedían la representación de las minorías. Esto llevó a la guerra de los Mil Días y a la pérdida de Panamá. La Constitución de 1910 limitó el poder de las mayorías, reduciendo la duración del período presidencial, prohibiendo la reelección y ordenando la  representación de las minorías. En este freno a las mayorías se basó ese largo período de paz, brevemente interrumpido en 1932, que vivió Colombia hasta 1947.

En 1991 los constituyentes se dejaron arrastrar por la moda de la democracia directa y la teoría del constituyente primario, que en el fondo afirma que el pueblo no está sujeto a las reglas que él mismo ha fijado y puede, por ejemplo, reformar la constitución violando las normas establecidas.

La democracia directa se concreta en mecanismos como el referendo y el plebiscito, que pretenden expresar la voluntad popular mejor que los sistemas de representación, pero que en la práctica han servido más para consolidar dictaduras o caudillismos que para ampliar la democracia. El pueblo se equivoca con frecuencia, aunque aprende también de sus errores. Elige congresos y gobiernos en los que no cree y a los que quiere destituir, y se deja arrastrar por los políticos, que saben que tener o inventar enemigos logra el apoyo del pueblo. Los alemanes respaldaron a Hitler y casi todos los dictadores del siglo XX -Mussolini, Franco, Mao y Castro-,  tuvieron el apoyo entusiasta de sus pueblos. La droga, el imperialismo, los judíos, los terroristas o los asesinos de niños impulsan el miedo o la histeria popular.

Hoy los colombianos discuten tres referendos, y defensores de la democracia directa afirman que, en un país con casi 29 millones de adultos, el Congreso no puede limitar o regular la voluntad del pueblo, expresada en unos millones de firmas. A nombre de la democracia Colombia quitará, como Venezuela, la prudente restricción a la reelección indefinida. Y a nombre del pueblo aumentará los castigos para los delitos sexuales contra menores de 14 –cuando el problema de fondo es que no se aplican- , declarará que el agua es un derecho fundamental y prohibirá que los particulares creen empresas para tratar aguas sucias o saladas.

El ministro de gobierno reafirmó la política del gobierno sobre cadena perpetua, y se ve como tolerante con los delincuentes. Los que creen que la democracia necesita controles y se oponen a la reelección indefinida aparecen como enemigos de la democracia. Y los que piensan que debe regularse el agua teniendo en cuenta el interés de la sociedad, pero sin dar siempre su administración a un estado a veces corrupto, se oponen al bien común.

En el afán de aprobar los referendos, sus requisitos pueden disminuir, y el pueblo tendrá cada vez menos ciudadanos. Del censo electoral saldrán no solo los muertos, como es lógico, sino los abstencionistas: los que no han querido votar en los últimos años pueden desaparecer, y dejar de contar el derecho a rechazar algo no votando.

Afortunadamente, nadie recoge firmas, apoyado en los prejuicios populares, para eliminar el IVA, fijar los intereses de los bancos, enseñar en las escuelas las fábulas bíblicas sobre la creación del mundo o hacer obligatorios los tratamientos alternativos de salud.

Desafortunadamente, es probable que de los 27 o 28 millones con derecho a voto, 6 o 7 respalden estos proyectos y que por cuenta de la democracia directa, tengamos menos democracia real, y que, por unos referendos mal redactados e imprecisos, los niños resulten menos protegidos y se acabe antes el agua.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 2 de abril de 2009

Ver sobre el referendo del agua, El agua: entre el derecho y la política, El Tiempo, 21 de agosto de 2108

 
 
 

 

 

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