El reciente fallo del Consejo de Estado por el que se condena a la nación a una fuerte indemnización por las torturas realizadas por algunos miembros de las Fuerzas Armadas ha provocada muy variadas reacciones. Es lógico que así sea. La tortura, ese cáncer de que hablaba Henry Alleg en la década del 60, es un delito peculiar.

Lo realizan habitualmente miembros de colectividades, de organismos estatales o antigubernamentales. Quien la ejecuta, haya recibido órdenes o no, lo hace creyendo que conviene al organismo del que hace parte, o a los objetivos de largo plazo de la nación misma o de un proyecto revolucionario. Se parece bastante en esto a los delitos políticos; el torturador cree servir altos ideales, contribuir a derrotar, en servicio del país o de su población sana, a los representantes de una amenaza subversiva o de una forma ciega de violencia.                                

Cuando aparecen las torturas, quienes comparten los ideales oficiales pero tienen objeciones éticas a los métodos del torturador, se niegan a aceptar que esta pueda estar ocurriendo. Puede tratarse, creen, de acusaciones hechas por los enemigos del sistema para desacreditar a este. ¿Cómo dar fe a la palabra de quienes están vinculados a movimientos que no vacilan en utilizar la violencia, el secuestro, el engaño para sus fines políticos? Y en el peor de los casos,  pueden darse algunos excesos en el trato a los detenidos, que se exageran, y, cuidadosamente orquestados, entran a hacer parte del  arsenal de propaganda de quienes se presentan como víctimas de los malos tratos policiales o militares. 

Así ocurrió en Colombia en los años inmediatos al robo del Cantón Norte. ¿No se dijo entonces que las torturas habían sido auto inflingidas? ¿No se trató de desvalorizar todo testimonio y toda protesta de personas o grupos independientes, reclamando a quienes protestaban por las posibles torturas que dirigieran más bien su atención a las violaciones de derechos humanos que se presentaban en Afganistán, Polonia o Cuba? ¿No se trató de presentar como absurda y sesgada toda protesta por maltratos e torturas a guerrilleros, cuando lo importante era defender los derechos de las personas que estos grupos guerrilleros secuestraban o a las que daban muerte? 

Pronto, en el clima de confrontación total creado por la lucha entre guerrilleros y gobierno, la denuncia misma de la tortura se convertía en una prueba de connivencia con los guerrilleros y los defensores de los derechos humanos, por centrarse en la violación estatal de estos y no en las violaciones del orden jurídico y los derechos ajenos que ejecuta todo delincuente, y quienes denunciaban hacían parte del brazo ideológico de la subversión misma. 

En tales situaciones, determinar la realidad o falsedad de las torturas es casi imposible. La lógica de lo imaginario empieza a dominar todo discurso, y para el hombre de izquierda toda acusación de torturas es por principio verdadera, y si no existen pruebas de ella es porque este es un rasgo característico de las torturas: la ausencia de evidencias se va convirtiendo en la evidencia por excelencia. Para el defensor a ultranza del gobierno, toda acusación de torturas resulta de una alianza entre el denunciante y el guerrillero, en la que aquel es un simple instrumento ciego de este. 

Casos de casos 

El ambiente de intimidación y temor que se genera inhibe, por otra parte, la posibilidad de las denuncias: las víctimas prefieren callar, sea porque su visión paranoica del sistema les hace creer qué el aparato judicial resultará impotente contra las presiones del gobierno y de los medios de comunicación, sea porque temen peores represalias. 

En el caso que se discute, por supuesto, el proceso judicial ha concluido, y por lo tanto sería temerario emitir un juicio definitivo sobre la inexistencia o ausencia de torturas. Pero existen pocos colombianos que no sepan, con absoluta certeza moral, que en los años en cuestión hubo torturas, y que estas fueron numerosas y ejecutadas a conciencia. El caso actual no servirá de prueba, si se confirma, ni eliminará, en caso contrario, las vejaciones que se cometieron en contra de centenares de ciudadanos colombianos. 

El caso actual tiene otra importancia, y es la que puede servir para mostrar al país que vivimos en un régimen donde, a pesar de todas las limitaciones y restricciones, la justicia puede lograrse mediante  el uso de los recursos legales, donde a pesar de las presiones a la justicia y las fallas intrínsecas de esta, vale la pena recurrir a ella, para obtener la reparación de una injusticia individual y para reafirmar un orden legal que a todos interesa conservar. 

Como muchos colombianos, y en mi carácter de funcionario público, y a título privado, tuve que ver con personas torturadas, y con algunas que no tenían  ni las más remota vinculación con actividades subversivas e inclusive eran absolutamente  ajenas a toda actividad política, victimas de simples confusiones, de indicios casuales. Personas a las que sus vínculos con funcionarios altos del gobierno y con familias poderosas, alertadas oportunamente, no les sirvieron para evitar los choques eléctricos u otras técnicas similares. Ahora bien, nadie puede razonablemente imaginarse que el Presidente de la República, los ministros o los altos jefes militares hubieran ordenado a los mandos inferiores o medios el uso de la tortura.  Sin embargo, y esto es lo preocupante, la tortura se daba, y en una institución en la que en principio solo se hace lo que está ordenado. 

Mi hipótesis es sencilla. Los elementos señalados al comienzo hicieron que las primeras violaciones de las normas usuales de trato a prisioneros y retenidos fueran sistemáticamente desmentidas, que no se investigaran con seriedad. Esto generó un clima de tolerancia implícita,  que alentaba a los responsables a perfeccionar y refinar los métodos para obtener información que resultaba muy útil en la lucha contra guerrilla. Y cuando rápidamente resultó que quienes denunciaban estaban aliados con la guerrilla, las denuncias de quienes podían haberse hecho oír, de quienes tenían pruebas, no se presentaron. Así se generó una situación en la que, sin autorizarla, se alentaba la tortura. Y ante la opinión pública, se creó inadvertidamente un sistema que impidió enfrentar razonablemente el problema. Pues, ¿cómo hacerlo, si, como ya se dijo quienes denunciaban la tortura estaban cohonestando la violencia de los guerrilleros, si quienes rechazaban la violación dé derechos en Colombia estaban actuando inmoralmente, al no preocuparse más bien por los derechos violados por los regímenes comunistas? 

Luego cambiaron las cosas. El nuevo gobierno abrió un espacio político y  moral en el que ya no cabía la tortura. Es posible que esta haya vuelto a ocurrir ocasionalmente, pero quienes la ejecutan no podían tener la sensación equívoca de que actuaban de acuerdo con los fines del Estado y siguiendo prácticas al menos tolerables. El país recuperó en este aspecto su tono moral, algo que era indispensable para evitar una caída paulatina en prácticas más y más destructoras de la mínima civilización política que requiere una democracia para sobrevivir. 

Ética y lógica 

Pese a la nueva actitud oficial, amplios sectores guerrilleros continuaron una estrategia de lucha frontal contra el sistema, de difícil justificación política y ética. No es objetable, dada la lógica guerrillera, que continúen en armas contra el gobierno. Lo que sigue violando principios fundamentales, que son comunes y deben ser comunes al gobierno y a quienes se plantean objetivos revolucionarios, son acciones como el chantaje a costa de los indefensos, de los niños, de las mujeres y la población civil, el secuestro, la guerra no contra el agente del Estado sino contra sus familiares, contra los no comprometidos. Es posible, repito, comprender la lógica del enfrentamiento armado con el ejército. Pero lo que el país simplemente no puede admitir es la barbarie. Y es barbarie la del ejército que tortura a nombre del Estado, de la represión del delito, de la eliminación del terrorismo, como es barbarie la de la guerrilla que se aprovecha de la debilidad de los indefensos y secuestra a quienes siguen tratando de desarrollar sus actividades usuales sin recurrir a las armas.  

Y la supuesta eficacia que ambos buscan es autodestructiva: la tortura engendra incertidumbre y odios, disminuye la legitimidad del Estado, divide a quienes defienden los valores que se pretende conservar paradójicamente con su uso. Por otro lado, ninguno de los movimientos que han hecho uso del secuestro y del terrorismo indiscriminado o motivado económicamente su forma de acción, ha triunfado en este siglo 

Las revoluciones del siglo XX, de Lenin a Castro, han evitado la ruptura con el pueblo de su nación que inevitablemente generan el terrorismo y el uso de los métodos de la delincuencia común. Los Tupamaros, los Montoneros, cuántos otros, muestran la locura de una acción política que renuncia a la fuerza de los valores éticos y no reconoce que la barbarie no puede ser el heraldo de una nueva vida política 

Esto, que debía ser claro, se vuelve oscuro con frecuencia. Otra vez en este momento, cuando se trata de las torturas atribuidas a miembros del ejército, en vez de buscar claridad, o de ayudar a que se establezca qué ha ocurrido realmente, a que se reconozca la inocencia de quienes lo sean y se identifique a los responsables, a que se separen los culpables de una institución a la que no hacen ningún bien los torturadores, vuelve a aflorar el clima de 1979: se trata otra vez., se dice, de una conjura, de un ataque a la institución militar. Todo lo contrario. Y quienes mezclan su homenaje al Ejército con la protesta porque se trate de castigar a quienes hayan violado sus normas, contribuyen de nuevo a que mandos inferiores entiendan que la institución les servirá de protección cuando, en busca una falsa eficacia, excedan sus atribuciones y reinstauren la tolerancia a la barbarie. 

Jorge Orlando Melo
El Tiempo, Lecturas Dominicales, 1 de septiembre de 1985