En la revista The Atlantic, Jonathan Rauch escribió el mes pasado ‘En defensa de la corrupción’. En su opinión, lo que se ha logrado en Estados Unidos, al impedir que el presupuesto se distribuya con criterios políticos, es debilitar la democracia: en vez de políticos hábiles, capaces de negociar el presupuesto considerando las ventajas de todos, la obsesión ética llevó el sistema al caos y paralizó el gobierno federal.

Rauch recuerda a George Washington Plunkitt, el gran jefe clientelista de Nueva York hace 100 años, que distinguía entre los chanchullos honestos y los deshonestos. En los deshonestos no se considera el interés público y la plata es para beneficio propio; los chanchulleros honestos “defienden sus intereses, los intereses del partido y los de la ciudad al mismo tiempo”. La conclusión de Rauch es que, en la mayoría de los sistemas políticos, el nivel de corrupción debe ser superior a cero: los dirigentes necesitan favorecer a sus electores, llevar obras a sus regiones e imponer disciplina a sus partidos, lo que se hace con plata. Si esto no ocurre, los ideólogos y puritanos extremistas que tratan de imponer políticas rígidas de impuestos o seguridad se toman los partidos. Y en vez del nivel adecuado de corrupción, en el que los dineros se asignan a los políticos como inversión pública para sus circunscripciones, la corrupción tiende a ser oculta y a llenar los bolsillos privados.

En la Colombia del clientelismo, desde los años gloriosos de Rafael Arredondo, que escribió en los treinta un manual para ganar elecciones, con instrucciones de cómo usar becas e “inteligenciamientos” y obtener recursos de los empleados liberales, hasta 1991, la distribución de presupuesto para beneficiar a los políticos fue la energía que movió el sistema. El aumento de la corrupción que vino con la droga llevó a un esfuerzo serio para frenarla. Aunque Julio César Turbay sostuvo que había que reducir la corrupción a “sus justas proporciones”, Carlos Lleras Restrepo, Luis Carlos Galán y Antanas Mockus intentaron más bien impedirla del todo.

La prohibición de los auxilios, que se logró en 1991, fue un gran golpe y Mockus gobernó a Bogotá buscando corrupción cero. Pero, sin auxilios, los políticos se pasaron a sacar tajada de los contratos y los electores de Bogotá, con su tradición de cultura clientelista y favores personales, votaron contra la tecnocracia y la pureza y por los herederos políticos del único presidente del siglo XX condenado por corrupción.

En Medellín, donde las cosas parecían mejores, la frase informal era que, aunque los políticos robaban, hacían las obras, y un dirigente se desacreditó porque la chismografía, probablemente inexacta, le atribuyó haber subido el ‘serrucho’ o el ‘CVY’ del 10 al 15 por ciento.

Ahora el presidente Santos ha dado su apoyo a esta teoría: la ‘mermelada’, la distribución del presupuesto para atender las sugerencias de los políticos, les permite mostrar a sus electores lo que han hecho, “capitalizar políticamente” su influencia. En vez de repartir el presupuesto con criterios de tecnócratas, se les entrega a los parlamentarios para que el sistema funcione: los congresistas consiguen con qué favorecer a sus electores, y el Gobierno distribuye el presupuesto (y quizás los puestos) a cambio de apoyo para sus programas o sus propios intereses políticos. Lo que no es aceptable, señaló el Presidente, “es que se roben la plata... para beneficio personal”.

El problema es que las cosas no son tan claras y aquí se combina la corrupción buena aceptada por Turbay o Santos con otras formas de robarse la plata de todos, aunque sea para pagar las campañas y comprar votos. Lo difícil es creer que podamos, en nuestra cultura, reducir la corrupción a sus justas proporciones.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 27 de marzo de 2014