La justicia colombiana se somete periódicamente, en un ritual predecible, a reformas con las que se espera resolver el atraso y la congestión, la demora de los procesos, la alta impunidad, el hacinamiento en las cárceles y la falta de confianza en los jueces. Años después los problemas siguen iguales y las medidas que se tomaron con gran esperanza se cambian otra vez, a veces para volver a lo anterior.

Algunas reformas razonables han buscado esquemas alternativos de solución de conflictos, justicia oral, separar la instrucción criminal y el juicio penal, quitar o reducir las funciones administrativas del gobierno. Otras han provenido de situaciones políticas o del afán de satisfacer a la opinión reemplazando el castigo efectivo de los responsables por amenazas incumplidas de penas más drásticas. Casi siempre tienen un elevado costo, por las distorsiones que provocan, la falta de proporcionalidad que producen entre penas y delitos, el proceso de aprendizaje  necesario para aplicar normas siempre cambiantes.

La propuesta de poner al fiscal bajo la orientación del ejecutivo es otra respuesta improvisada a una coyuntura difícil. Los argumentos se limitan a señalar que así es en otros países, sin que se vea que va a cambiar, ni cómo evitar el mayor defecto de la propuesta: hacer que la investigación de los delitos cometidos por funcionarios públicos dependa en buena parte de la visión política del ejecutivo. Las violaciones de derechos humanos, la corrupción, el abuso de poder, aunque normalmente no se hacen en desarrollo de políticas de las autoridades más altas, generalmente se investigan contra el deseo de presidentes y ministros, que tienden a ver las acusaciones como promovidas por delincuentes o subversivos.

Lo que no se ha ensayado con suficiente fuerza es simplemente dar al sistema judicial  herramientas adecuadas para que funcione e intentar que las normas vigentes funcionen en la práctica. El problema es en gran parte de gerencia y administración, y algo que hace mucha falta para que las reformas tengan impacto es simplemente saber qué pasa. Es inconcebible que la calidad de la información con que cuentan la sociedad y la justicia sea tan pobre.

Para dar un ejemplo, el del homicidio (pero podrían ofrecerse ejemplos aún más patéticos en relación con el secuestro o la desaparición forzada), es escasa la información que podría servir para diseñar políticas serias para prevenirlo, enfrentarlo y sancionarlo. Aunque hay esfuerzos valiosos, como los de la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal, la información sobre homicidios sigue siendo ante todo un reporte histórico, que se divulga meses después de los hechos, y con un diseño estadístico pobre, que ayuda poco a que sirva como herramienta de decisión. Los mejores ensayos, con un criterio epidemiológico y criminológico serio, como los que publicaban Medellín y Bogotá, han perdido calidad. Todavía parece imposible saber qué está pasando con los procesos sobre este delito: cuantas investigaciones comienza la fiscalía, cuantas imputaciones o acusaciones produce, cuantas sentencias dictan los jueces, mes a mes, año a año.

Aunque los datos sobre justicia sean pobres, la información sobre el delito es razonable, y algo debería enseñar.  Después de la gran disminución de homicidios de 2002 a 2006, los datos de Medicina Legal para 2009 muestran cifras iguales a las de hace tres años, y unos cambios fuertes en la distribución del homicidio, que justificarían una revisión de la forma de enfrentarlo.

¿Qué implicaciones debería tener, para la política de seguridad, saber que el homicidio se concentra cada vez más en las ciudades, que en 2008 el 45% de los homicidios se dieron en las principales áreas urbanas, mientras que en 2009 las mismas ciudades (las 38 con el mayor número de homicidios) tenían ya el 55% de ellos? Según los último datos disponibles, Caquetá, Putumayo, Casanare, Córdoba, Cauca o Nariño son comparativamente pacíficos, con tasas menores que el promedio nacional, y la peor situación se encuentra  en Antioquia, Risaralda, Quindio y  Valle, pero la seguridad urbana y ciudadana no es aún la prioridad.
Si queremos justicia y seguridad es mejor no seguir cambiando las leyes: lo que necesitamos son instituciones de justicia y seguridad bien gerenciadas, que usen la información y el conocimiento para definir y aplicar sus políticas.

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ambito Jurídico No. 301, 12 de julio de 2010