Uno de mis novelistas favoritos, J. M. Coetzee, es firme defensor de los animales, de su derecho a la libertad y la vida. En su opinión, podemos pensar en “muchas formas en que nuestras relaciones con los animales están mal, pero la industria de alimentos está por encima de todas”, con los 130 millones de animales que matan cada día los seres humanos para comérselos. Otros, por supuesto, tratan a los animales como cargueros, o crían toros de lidia, gallos de pelea, caballos y perros de carreras y de caza, o encierran pajaritos y animales como mascotas, o les disparan a los patos salvajes, o inyectan enfermedades a los curíes. Algunos animales tienen que aguantar violencias cuya descripción es de mala educación en la mesa: las langostas deben echarse vivas en el agua hirviendo para que sean más sabrosas y nadie podría comérselas después de ver sus esfuerzos angustiosos de escapar a la tortura.

Sin embargo, no es válido en sana lógica aplicar por analogía los derechos humanos a los animales y hay algo provocador pero excesivo cuando Elizabeth Costello, uno de los personajes de Coetzee, dice que la producción de carne es “una empresa de degradación, crueldad y asesinato comparable con cualquier cosa hecha por los nazis”. La mayoría de los defensores de los derechos de los animales no son tan coherentes, y los que se oponen a las corridas de toro, por ejemplo, no están contra las carreras de caballos ni protestan por la pérdida de libertad de los animales en sus criaderos, ni porque los maten para convertirlos en proteína. Y seguramente no se inquietarán si, desaparecidos los toros de lidia, las tierras en que hoy se crían se dedican a producir vacas para el matadero.

La discusión de si los animales tienen derechos,  si podemos usarlos como medios para nuestro beneficio, o si debemos combatir la crueldad hacia ellos porque hace más indiferente al hombre a la crueldad hacia otros hombres, como creía Kant, es muy compleja, y es difícil establecer una base firme para argumentar la defensa parcial de esos derechos y justificar las excepciones, que se basan en la utilidad de los animales para la alimentación, la investigación científica o la recreación.  El tema se decide, finalmente, no por argumentos filosóficos o jurídicos sólidos, sino por valores culturales.

Por eso, me parece que imponer a todos, por ley y con sanciones penales, las creencias éticas de un grupo de la sociedad sobre una conducta que no hace ningún daño a otro ser humano es contrario a los valores básicos de la democracia moderna, que se apoya ante todo en el reconocimiento de la libertad para hacer lo que no dañe a otra persona. Un reconocimiento que llega a admitir, como han hecho nuestros jueces, que ni siquiera el Congreso tiene derecho a prohibir que la persona corra ciertos riesgos privados, como cuando usa alucinógenos o se emborracha, y que, unido al reconocimiento de los derechos culturales, llevó a la Corte Constitucional a aceptar formas de castigo a los seres humanos que muchos consideramos crueles, como el “cepo” o el látigo, porque “la comunidad” no las considera crueles.

En todo caso, mientras nuestra constitución no declare que los animales tienen el derecho a la vida o a la libertad, o a no ser objetos de placer, imponer las opiniones de algunos equivale a abandonar las bases fundamentales de nuestro sistema político y a regresar a la época en la que los que practicaban formas de sexo contra natura, con animales o en ciertas partes del cuerpo, podían terminar en la prisión o el cadalso.

Yo no voy a corridas y me molesta el maltrato que sufren los toros en ellas, como me horrorizan los métodos para criar algunos animales, pero me parece que sería muy arrogante pretender que mis convicciones se conviertan en norma legal, y que un país que no tiene suficientes recursos para impedir la violencia contra los seres humanos desvíe sus esfuerzos a prohibir el derecho de algunos a ir a las corridas de toros. Me gustaría que la educación contra la crueldad, el cambio en los valores culturales y en la ética, acaben con ellas, pero me inquietan el autoritarismo y la arbitrariedad de querer regularlo todo mediante la ley, la justicia y la represión.

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ambito Jurídico No. 303, 9 de agosto de 2010