En Colombia los estudios muestran un problema grave de alcoholismo, y uno de drogadicción menos serio. La Encuesta de Consumo de 2008 dice que 86% de las personas de 12 a 60 años consumió al menos una vez en el último año alcohol, el 2,3% marihuana y menos del 1% cocaína y bazuco. Otro estudio de 2008 con adolescentes presos mostró que hay relación entre la adicción a la marihuana o el bazuco y la delincuencia. No es raro: son jóvenes que están en bandas o galladas en las que ambas actividades están asociadas. Pero el mismo estudio afirma que "el alcohol es la sustancia que ha presentado la relación más estrecha y visible con la comisión de delitos violentos". Y algo se sabe de los costos del alcohol: miles de víctimas de accidentes fatales, la pérdida anual de unas 20.000 vidas por motivos de salud, efectos sobre el trabajo, la vida familiar, el trato a los niños. Si es así, es lógico prohibir que la cerveza patrocine el fútbol o reducir la venta del aguardiente que el Estado produce. Pero no que se presente el consumo de drogas distintas al alcohol como el más dañino y se busque penalizar a los consumidores.

El gobierno anterior logró que el congreso prohibiera en la constitución el consumo de marihuana o cocaína (aunque no de alcohol). Ahora, con base en la dudosa afirmación de que el consumo de droga aumento substancialmente entre 1994 y 2008 a causa de la despenalización (las razones probables son otras), y que de las 560.000 personas que consumieron alguna droga en el último año unas 300.000 son adictas (una cifra engañosa e improbable, pues la encuesta indica que la mayoría consumen marihuana, poco adictiva), se está intentando obligarlas a que se internen para recibir un tratamiento.

El Ministro Fabio Valencia presentó en 2010 un proyecto de ley en ese sentido que no logró aprobarse. En una intervención ante la Corte, el nuevo Viceministro de Justicia dijo que era "causa de la inminente inviabilidad financiera del sistema de salud el hecho de que... el sistema de salud tuvo que asumir de un momento a otro la atención de eventos relacionados con la dependencia de sustancias psicoactivas". Si el problema es tan grave como lo pintan, los tratamientos ordenados en la ley, en su mayoría ineficaces, arruinarían el sistema de salud. El intento de aterrorizar a la población con el peligro de la droga, además, explica las teorías policiales inverosímiles y sin bases sólidas sobre el llamado "microtráfico", al que se atribuye buena parte de la violencia del país, tras inflar el consumo hasta cifras que supondrían que marihuanos o coqueros desempleados están llenos de plata para comprar droga.

El proyecto de Valencia fue presentado otra vez hace unos días por el senador Juan Carlos Vélez, que lo transcribe casi todo al pie de la letra y copia más del 90% de la exposición de motivos, firmada antes por Valencia y ahora por Vélez, como si no hubiera que respetar los derechos morales de autor.

La esencia del proyecto es la autorización para internar y tratar a los que se consideren drogadictos en Centros de Atención, por tiempos que no se definen y por decisión de una autoridad que no se precisa. La primera versión daba este poder de restringir la libertad a un juez, con base en un diagnóstico médico. El actual, que supone que habrá un psiquiatra disponible, 24 horas al día y en todo el país, para evaluar a los detenidos, no dice quien ordena que sean internados y no menciona la obligación de pedir el consentimiento del paciente, que está en la Constitución. Y si se pide consentimiento, entramos al mundo de Cantinflas: el castigo por drogadicción será un tratamiento obligatorio pero voluntario.

Lo que prueba que el absurdo no tiene límites y que lo malo es siempre susceptible de empeorar, sobre todo si cae en manos de un senador bueno para "copiar y pegar".

Jorge Orlando Melo
Publicado en Ámbito Jurídico, 5 de septiembre de 2011.