Tener una política apropiada contra el delito es difícil. Hay que definir con cuidado los tipos penales, aplicar sanciones proporcionales al daño causado, tener un sistema de investigación que encuentre los responsables, una justicia que sancione a buena parte de los culpables, cárceles y formas de rehabilitación que permitan encerrar a los peores delincuentes y devolver una proporción alta a la sociedad, como ciudadanos que respetarán en adelante la ley.

Además, una buena política contra el delito se apoya en la prevención, que requiere buena policía y el mensaje de que el crimen no paga, pero también iluminación pública, cerraduras eficaces, control de armas, reducción del consumo de alcohol y un fuerte rechazo social al crimen. Y en el plazo mediano, son esenciales políticas sociales que eviten a ciertos grupos sociales la tentación de caer en el delito. Tener a los jóvenes estudiando o trabajando, evitar el maltrato a los niños que produce, décadas después, conductas vengativas y psicópatas, atender a los niños que han visto o vivido la violencia, para que cicatricen sus heridas morales y no entren en la lógica de la venganza infinita que tanto ha pesado en Colombia.

Todo esto es muy lógico, pero poco se hace en esa dirección. En nuestra sociedad, agobiada por un elevado número de delitos (durante medio siglo hemos estado entre los países con un nivel más alto de homicidios y secuestros, y aunque esto ha disminuido bastante, ahora probablemente ocupamos un buen puesto en corrupción, violencia intrafamiliar, narcotráfico y quien sabe que más. La impunidad es la regla en los delitos graves, la policía no alcanza a estar donde se van a cometer los homicidios, las cárceles son, como se repite mucho, escuelas del delito, la proporción de jóvenes sin empleo es agobiante.

En estas condiciones, las respuestas son desesperadas e irreflexivas. Una muy típica, muy colombiana, es hacer una nueva ley, para crear delitos, cambiar sus tipos, subir las penas que se deberían aplicar a los culpables. No importa si se van a aplicar a no –incluso es probable que las penas más duras se apliquen a menos delincuentes- pero con ellas se lucen los gobernantes, en especial el Congreso, pues muestran a la población que toman en serio el problema, que están luchando contra él, que le pondrán cadena perpetua o más a algunos delincuentes, mientras otros delitos, temporalmente olvidados, esperan otra ola de emociones para que sus penas también suban.

La otra es mostrar con palabras enérgicas y firmes la voluntad de luchar contra el mal. El año pasado la fiscalía y la procuraduría, que en 20 años no han logrado aclarar casi ningún crimen cuyo responsable no se supiera desde el comienzo, en una típica leguleyada, se pusieron de acuerdo para definir como crímenes de “lesa humanidad” los delitos graves contra políticos y periodistas que estaban a punto de prescribir. Ahora, el presidente Uribe ha sostenido que el “narcotráfico” es un delito de lesa humanidad. Que se sepa, esta idea solo rige en Venezuela, donde los tribunales se apoyan en la Constitución Bolivariana de 1999, que incorporó a la Carta los delitos de lesa humanidad.

Lo grave es que nadie parece ver las consecuencias de esto. Cuando se definió a algunos delitos como de lesa humanidad se buscaba mostrar su diferencia. Si todo delito grave se vuelve de lesa humanidad, todo acaba en la misma sopa, como los derechos fundamentales en Colombia, donde la prioridad que quería darse a algunos se ha ido anulando porque todos son fundamentales. Y si la Corte Penal Internacional llegara a aceptar –hipótesis absurda, pues los mismos tratados prohíben extender la definición por analogía-, que el narcotráfico es un crimen de lesa humanidad, acabaría juzgando subsidiariamente no solo a los paramilitares culpables de masacres sino a los políticos que se beneficiaron de los recursos de la droga. Y como esto es imprescriptible, la Caja de Pandora que se abriría sería impredecible.

Por supuesto, la corte penal internacional no se someterá a la arbitraria interpretación colombiana. Pero es un gesto, y aquí son a veces más importantes los gestos que los hechos.

Jorge Orlando Melo
Publicada en Ambito Jurídico No. 297, 17 de mayo de 2010