El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, acaba de presentar el informe correspondiente a su último año de gestión. Como antes, es un extenso documento, lleno de erratas gramaticales y de imprenta, en el que se pueden encontrar muchas cosas interesantes, pero en los que se buscará en vano lo que muchos  lectores quieren saber.

La fiscalía existe para investigar los delitos, encontrar los posibles responsables, y acusarlos ante los jueces, que se encargan de sancionarlos. Quien quiera saber que ocurre con el delito en Colombia, cual es el resultado de las investigaciones para determinar sus responsables, cuántos de ellos son acusados y cuántos son condenados, esperaría encontrar estos datos en las 350 páginas del informe de gestión o en las más de 200 páginas de información que se publican anualmente en el Anuario Estadístico que acompaña al informe.  

Pero la esperanza es vana: uno encontrará allí la información más barroca e inesperada (alguna de ella útil, aunque mucha superflua) y sabrá a qué seminarios asistieron los funcionarios de la fiscalía, cuanta plata se gasto cada seccional (pero sin una tabla que consolide y compare), qué procedimientos se surtieron, las compulsas y salidas, el número de computadores en las fiscalías y mil cosas más.

Pero cuántos homicidios, secuestros o atracos bancarios se cometieron, cuántos investigó la fiscalía, en cuantos identificó un responsable, a cuantos acusó ante los jueces: esos datos son imposibles de encontrar. A veces hay algún dato suelto pero sin orden ni sistema. Nada que permita saber que tan bien hace el trabajo la fiscalía o como ha cambiado su eficacia de año en año.  Y casi nada presentado en forma adecuada, con un buen manejo de los instrumentos estadísticos, por períodos de tiempo homogéneos, discriminando los datos para que las cifras no incluyan dobles recuentos, con las tablas apropiadas de porcentajes, de manera que se puedan comparar las series principales a lo largo del tiempo.

Un ejemplo servirá, el de homicidios, para mostrar esto. La estadística de delitos que reporta la “cantidad de investigaciones iniciadas”  y que aparecía en los Anuarios Estadísticos de 1993 a 2004, solo da el dato de homicidio en unas pocas seccionales y para algunos años, distintos en cada seccional. De 2004 en adelante aparecen además los totales de investigaciones comenzadas por la fiscalía: entre 2000 y 2006 fueron más de 300.000. Este desaparece en el anuario de 2007.

Sabemos, de todos modos, que entre 2000 y 2008 hubo unos 195.000 homicidios. ¿Cuántas investigaciones llevaron a acusar a alguien por este delito? ¿Cuántas de estas acusaciones terminaron en la condena de los responsables? Imposible saberlo. En el informe de este año se dice que en 2008 hubo 670 condenas por homicidio y 238 en los tres primeros meses del 2009 y se dan algunas cifras sobre acusaciones y sentencias condenatorias en casos especiales, como cuando el acusado es funcionario del Estado. En el 2007 el Anuario da varios datos sueltos que permiten pensar que hubo un poco más de 1000 condenas, pero siempre en forma desordenada y caótica.

Por lo que uno puede adivinar en medio de este humero de información confusa, la fiscalía comienza muchas más investigaciones sobre homicidios de los que hay, acusa menos del 20% de los responsables y logra que se condene quizás el 5% de ellos. Desafortunadamente, no se puede analizar si la situación ha venido mejorando en los últimos años, aunque la fiscalía ha crecido, su presupuesto ha aumentado, y se ve que hace grandes esfuerzos para preparar a su personal.

Pero es evidente que hace falta capacitar a la fiscalía en algo elemental: llevar estadísticas que sean útiles y pertinentes para el país y no desperdiciar esfuerzos y recursos en información casera, irrelevante y mal presentada. Un simple cuadro con los delitos de mayor impacto cometidos cada año, seguidos de unas columnas con el número de investigaciones abiertas, de personas acusadas, y de condenas logradas en esos casos, sería una gran contribución. Pero estoy seguro de que la fiscalía ni siquiera tiene estos datos.

Jorge Orlando Melo

Publicado en Ámbito Jurídico, 10 de agosto 2009