La reciente ampliación del pico y placa para reducir el embotellamiento de la ciudad en las horas de menor circulación no es una medida afortunada. Hay razones para pensar que tendrá consecuencias contrarias a lo que busca: los que tienen mucho dinero o dependen del carro para su trabajo comprarán otro, si pueden hacerlo;  ya no hay un mecanismo que presione a algunos a sacar su carro en horas de menos tráfico, pues la prohibición se aplica en forma igual durante todo el día; es muy probable que se inventen excepciones, que producirán más clientelismo y sobornos.  Y no se hizo ningún esfuerzo para convencer a las personas de que compartan el carro, usen el transporte público o la bicicleta,  o caminen cuando puedan.

Es evidente que hay mecanismos para reducir la congestión, además de las soluciones de largo plazo, que son el mejoramiento de vías y un sistema eficiente de transporte masivo. En una ciudad que no tiene con que tapar los huecos, en la que arreglar las calles comunes vale centenares de veces más de lo que ha costado arreglar las placas de Transmilenio, que tanto escándalo produjo, y donde todos se quejan por la falta de vías, es sorprendente que tantas calles de alto tráfico se conviertan en parqueaderos gratuitos. La gente se queja de que no se hacen vías, pero después de gastar cifras inmensas en hacerlas, unos cuantos ciudadanos abusadores se aprovechan de ellas impidiendo que se usen para lo que se hicieron.  Si uno pudiera mágicamente quitar los carros estacionados en las calles y los que paran durante 10 o 15 minutos, con las luces intermitentes, a esperar que alguien haga una compra o baje de una oficina, probablemente reduciría la congestión mucho más que la criticada medida de estos días.

En esta situación hay dos cosas sorprendentes. Lo primero es que gente que gasta con gusto cien millones en un carro no tenga los 10,000 pesos para pagar un parqueadero.  Probablemente esas mismas personas de opulencia mezquina son las que más protestan por el trancón, y las que se quejan con más furia de que no se hagan más calles. Usan la estrategia,  cada vez más común, de buscar ventajas privadas, aunque sean chichigüas, aprovechándose de los bienes públicos. El mismo tipo de conducta se ve en la creciente invasión de los antejardines en los nuevos edificios de lujo de la ciudad, cercados para volverlos parqueaderos internos, en el esfuerzo de aprovecharse de las separaciones obligatorias entre edificios o en los finqueros millonarios que corren sus cercas junto a las carreteras hasta el asfalto, y se roban las bermas en muchas de las zonas rurales elegantes del país.

Lo segundo que sorprende es la tolerancia de las autoridades, que no quieren molestar a los que parquean cerca de restaurantes, almacenes u oficinas públicas, ni crear tensiones con los constructores que corren los edificios hasta las aceras o se apropian de unos metros de espacio público.

La combinación de estas actitudes lleva a que la ley pierda eficacia: los ciudadanos se acostumbran a que las normas que protegen los derechos y bienes comunes no se cumplan, porque muchos consideran aceptable violar las normas si al hacerlo uno se beneficia, y porque no hay una estrategia de sanciones continuas, que recuerde en la práctica que las leyes existen sobre todo para proteger el conjunto de la sociedad contra los intentos de algunos individuos de obtener ventajas haciendo daño a los demás.

En estos casos el problema no es la falta de buenas normas, ni la solución es cambiarlas cada rato. Lo que falta es que se cumplan. Y sin una combinación del esfuerzo de que la mayoría de los ciudadanos obedezca las normas porque cree en ellas y sabe que a la larga esto beneficia a todos, y de la aplicación de sanciones a los pocos que las violen, no lograremos una ciudad en la que podamos vivir bien. Las autoridades, sin embargo, parecen estar renunciando a su tarea central, y no quieren hacer lo que les corresponde: educar y castigar. 

Jorge Orlando Melo
Publicado en Ámbito Jurídico, marzo 9 de 2008