La Fiscalía ha anunciado que investigará a algunos políticos y  periodistas, porque “hay indicios de presuntos vínculos con las FARC”. Esta acusación es muy vaga. En efecto, los vínculos con las FARC no son un delito, y la tarea de la fiscalía es investigar delitos. Puede haber vínculos delictivos, cuando se hacen para cometer actos de terrorismo, financiar la guerrilla, negociar drogas. Pero puede haber vínculos no delictivos, e incluso meritorios y encomiables, como contactar a las FARC para gestionar la libertad de un secuestrado o pedirles que abandonen la lucha armada. Si la fiscalía no tiene todavía indicios serios de que los investigados cometieron un delito concreto, actúa con precipitación. Y si investiga delitos reales, debe decirlo.

Otras informaciones son igual de vagas, como que  “asesoraron a las FARC en distintas situaciones, es especial las que se referían al intercambio humanitario”. Tampoco existe el delito de asesoramiento. El delito es secuestrar, no liberar, y ayudar a liberar los secuestrados no puede tampoco serlo. Otros dicen que sus vínculos van “más allá de una simple afinidad”, “jugaron a favor de las FARC”, y otra cantidad de vaguedades, que si sirvieran para incoar procesos legales llevarían al delirio de acusar al presidente Pastrana, por haber autorizado la zona de distención que pudo jugar a favor de las FARC, o a los familiares que han pagado un secuestro, pues tuvieron un vínculo con las FARC que aumentó sus recursos económicos.

Ante acusaciones tan imprecisas, la impresión es que la fiscalía busca mostrar que no solo es capaz de investigar a los amigos de los paramilitares, aunque dentro de unos meses o años, cuando ya no importe mucho a la opinión, se llegue a la conclusión de que no había bases para el proceso. Por supuesto, es esencial que la fiscalía investigue también las relaciones entre políticos y grupos guerrilleros, donde se cometieron probablemente delitos muy parecidos: busca de beneficios electorales, amedrentamiento y ataques a los opositores, filtración de recursos públicos a los grupos armados. Pero en todos estos casos debe investigar delitos y no vaguedades. Y es evidente es que los políticos de uno y otro lado se aliaron con grupos armados para beneficiarse y hacer su carrera política, mientras que los acusados de estos días no buscaban un beneficio privado.

Y sobre todo, va contra los principios políticos básicos de la democracia que se investigue o sancione a personas por sus opiniones. Es posible que algunos de los acusados hayan expresado en sus correos simpatía por la guerrilla, o, para ganar la mínima confianza que se requiere para negociar un intercambio humanitario, hayan usado un lenguaje cordial y amistoso, o hayan subrayado los beneficios políticos que puede ganar las FARC si libera a los secuestrados, y muchas cosas que pueden ser leídas como asesoría, vínculo o simpatía, pero que no pueden ser delitos en una democracia bien constituida, pues esto restringiría indebidamente el ámbito político y convierten los debates políticos en procesos judiciales.

La ley colombiana no tipifica delitos de opinión. Uno puede creer que la guerrilla es la salvación de Colombia, y decirlo: en ese caso la opinión debe saberlo y ojalá censure y rechace opiniones tan absurdas e irresponsables, pero no puede meter a la cárcel a los que lo  crean o lo digan. En el siglo XX hubo al menos cuatro intentos de establecer delitos de opinión y todos dejaron un mal sabor y se derogaron pronto: la Ley Heroica de 1928, la propuesta constitucional de 1952, la ilegalización del Partido Comunista en 1954, revocada por el masivo plebiscito de 1958, el Estatuto de Seguridad en 1978. La tradición colombiana es que no hay delitos de opinión, y no debería romperse. Si los acusados cometieron delitos, deben responder por ellos, pero no tienen que responder por sus opiniones.

La tarea más urgente de la sociedad colombiana es derrotar a las FARC, pero para hacerlo no debe recortar la democracia o restringir el espacio político. El gobierno actual le ha dado golpes importantes a las FARC. Hoy, más que nunca, están cerca de la derrota. Pero es importante que al mismo tiempo que se debilita militarmente las FARC se les derrote políticamente, y para ello es esencial que se consolide la democracia. El gobierno ha dado el nombre de “seguridad democrática” a su política, y el segundo término de la ecuación es tan importante como el primero: la búsqueda de la seguridad se debe hacer mediante métodos democráticos, respetando los principios fundamentales de la democracia, ampliando los espacios políticos. En América Latina, el delito de opinión existe sólo en Cuba, y ese no es un ejemplo que debamos seguir.

Jorge Orlando Melo

29 de mayo de 2008