Entrevista de Jorge Orlando Melo para El Tiempo

El funcionario pide, como condición, que las denuncias sean completas y aporten suficiente evidencia para abrir una investigación. Las denuncias de Los Extraditables sobre eventuales atropellos a sus derechos no son para el Gobierno un tema tabú.

La Consejería Presidencial para la Protección, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos está dispuesta a escuchar las denuncias de los narcotraficantes, con la simple condición de que sean completas y aporten los elementos suficientes para propiciar una investigación de fondo.

Jorge Orlando Melo, jefe de ese despacho, dice que está dispuesto a enviar a Medellín un funcionario que escuche las quejas, las procese e impulse las averiguaciones necesarias. En su opinión, no basta con los comunicados escuetos que cada cierto tiempo emiten Los Extraditables. Hay que ir mucho más allá: recorrer un camino que conduzca a las verdades comprobadas.

La tarea de esa especie de veeduría será asegurar que esas denuncias trasciendan el plano de las afirmaciones aventuradas, los rumores y las consejas. El delegado por la consejería presidencial estaría revestido de facultades amplias y su permanencia en Medellín sería ilimitada, en la medida en que las circunstancias lo demandaran.

A juicio del consejero presidencial las investigaciones son saludables para el propio Estado, dispuesto como está a descorrer el velo de las dudas sobre el comportamiento de sus instituciones en el frente del respeto a los derechos humanos. La situación de los derechos humanos se dibuja ahora sobre perfiles nuevos:

Los Extraditables dicen que sus garantías individuales están siendo violadas. La Procuraduría anuncia que investigará a fondo esas quejas. ¿Cuál es la posición de su despacho?

-El ordenamiento legal y constitucional garantiza a todos los derechos fundamentales. Esos derechos son extensivos también a las personas que han sido acusadas de crímenes. Todos tienen derecho al debido proceso y a que toda la investigación se haga dentro de claros límites legales. Esta consejería ha sido creada para garantizar que todos los colombianos puedan recibir protección ante cualquier amenaza de que sus derechos sean violados, incluso cuando esta violación se hace con la presunción de que la víctima, a su vez, ha violado los derechos de otros ciudadanos.

En relación con las acusaciones de Los Extraditables, tengo que decir que la Consejería no ha recibido denuncias concretas significativas sobre este tema y que probablemente muchas de las cosas que se dicen corresponden a rumores. Medellín es una ciudad dominada por el rumor, por la conseja. Creo que es clave que todas las acusaciones que se hagan sean investigadas y que no perdure la situación de incertidumbre como la que se ha tratado de crear.

Como se está creando una incertidumbre que está afectando la credibilidad de las instituciones públicas, en el caso de Medellín estamos dispuestos incluso a enviar un funcionario especial para que reciba todas las denuncias.

¿Ese funcionario tendría un carácter accidental o su tarea sería permanente?

-Eso se decidirá sobre la marcha. No hay elementos suficientes para evaluar la magnitud del problema de Medellín. No hay bases sólidas para conocer si se trata o no de rumores injustificados o de acusaciones temerarias. Estamos en una situación de relativa incertidumbre. Lo primero es pedir que los están sintiéndose afectados hagan sus denuncias concretas y con buen sustento. Estas recibirán un trámite adecuado de acuerdo con su contenido. Si se prueba que algunas de esas quejas tienen alguna base real, esas investigaciones deben conducir al castigo de los funcionarios que hayan tenido culpa.

¿A pesar del peso de la conseja o el rumor, usted cree que aun así es viable revisar los mecanismos que está utilizando el Estado para combatir a los narcotraficantes?

-Si la pregunta se refiere a que nosotros tengamos claro que los procedimientos empleados actualmente resultan violadores de los derechos humanos, creo que no es así. Los procedimientos que institucionalmente están empleando las Fuerzas Militares y los que usa el sistema judicial para procesar y perseguir a los acusados de delitos de narcotráfico y otros afines, son en principio correctos. Lo que puede ocurrir en algunas ocasiones es que se presentan excesos. En lo que tiene que ver con la competencia de la consejería, no se trata entonces de sugerir una modificación importante de los métodos usuales, pero sí de vigilar y de colaborar para que esas políticas y mecanismos se desarrollen dentro de normas muy claras de respeto a los derechos de los individuos.

¿En su opinión, instrumentos como el Estatuto para la Defensa de la Democracia y otras normas de estado de sitio son compatibles con la vigencia plena de los derechos humanos en el país?

-En toda situación de conflicto hay algunas restricciones a los derechos humanos. Estas normas generan algunas de ellas y tengo que decir que si fuera a participar en su redacción o si tuviera oportunidad de discutir su renovación o su modificación, sugeriría algunos cambios.

De todas maneras, puede haber discusión sobre puntos concretos, puede haber opiniones diferentes en distintas entidades del Estado. Yo estoy mucho más pendiente del aspecto de defensa de los derechos de los ciudadanos y estoy mucho más tentado a solicitar que se busquen mecanismos que generen menores peligros de violación. En relación con decretos expedidos el año pasado y el antepasado, estoy en desacuerdo con la drasticidad de las sanciones. Estoy de acuerdo, sí, en que en los casos de mayor gravedad la drasticidad sea la más alta posible. Probablemente estos aspectos serán revisados en este proceso de ajuste legal y de enfrentamiento a una situación más abierta como la que plantea la Constituyente.

¿A qué atribuye el hecho de que el Decreto 2047, el cual ofrece rebaja de penas y limita la extradición, no haya tenido una acogida?

No ha tenido acogida por razones que pertenecen a una estrategia global y política. Creo que el decreto es bastante generoso, que corresponde a lo que es la conciencia colombiana de que es posible buscar un mecanismo relativamente represivo, para una situación en la que se cometieron delitos bastante graves. El país no puede olvidar completamente y tiene que castigar de algún modo. Me parece que el decreto es adecuado, que habrá que ver cómo se desarrolla la situación para hacerle modificaciones y ajustes, pero sigo creyendo que aunque temporalmente haya reticencia para acogerse a él, esta es una de las mejores alternativas que tienen los que hayan cometido los delitos cubiertos por ese decreto para reintegrarse a la vida colombiana.

¿Atender las quejas de los narcotraficantes plantea eventualmente un tema tabú? Cómo cree usted que el país y la opinión respondan?

-Colombia está cada vez más madura en este sentido y lo que hay que evitar de todas maneras es movernos en un terreno en el cual las simples afirmaciones contra actos del Estado se puedan tomar como hechos reales. Debemos estar suficientemente maduros para escuchar cualquier denuncia, analizarla y hacer las investigaciones con la mayor seriedad posible y si estas investigaciones demuestran la inocencia, estar listos también a aceptar esta situación, tanto como la contraria. Si el país y el Estado no investigan lo que se denuncia, dejan que siga corriendo sobre sus instituciones una sombra de dudas.

El Tiempo, 22 de noviembre de 1990

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-9054)

[Esta entrevista y la creación de la oficina de derechos humanos de Medellín fue el resultado de una serie de discusiones con miembros de las familias de personas que se encontraban en ese momento secuestradas por Pablo Escobar, que señalaron que parte de las acciones contra ellos podían ser respuesta a actos ilegales cometidos por agentes del Estado. Se consideró también el efecto sobre la eficacia de la acción del Estado de una percepción generalizada de que este estaba usando métodos ilegales en sus acciones contra los narcotraficantes. Por ello, sin entrar en ninguna conversación con representantes de los extraditables, como un simple ejercicio de la obligación pública de respeto a la ley, el Gobierno decidió aceptar la propuesta del Consejero Presidencial de crear una oficina, temporal pero indefinida, en Medellín, dependiente de la Procuraduría General de la Nación. La publicación de la entrevista fue acordada con los familiares como un “mensaje” de legalidad a los secuestradore, que en su opiniòn ayudaría a lograr las liberaciones. Poco después algunos de los secuestrados fueron liberados y Escobar se entregó. La “Historia de un Secuestro” de Gabriel García Márquez da una idea del contexto en el que se tomó esta decisiòn, aunque la reserva sobre la estrategia seguida fue total.
La acción de la oficina fue eficaz y positiva y ayudó a disminuir la tensión en la ciudad, y su modelo se copió por la Procuraduría en Cúcuta y Valledupar. La oficina fue cerrada a comienzos de 1996.

Contribuyó a que se creara, en 1992, el Centro de Identificación de Víctimas N.N. y Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ya habìa sido anunciado en 1991, y que puso en marcha el primer sistema integral de búsqueda de desaparecidos e identificación de cadáveres, y que sirvió de modelo al que estableció en 1993 la Fiscalía general de la Nación y que desafortunadamente se abandonó años después, para retomarse luego del 2003, cuando comenzaron las confesiones de los beneficiados de la ley de 2 de febrero de 1991, “Habrá un archivo nacional de desaparecidos”:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-19568