Desconcentrar el poder político

Las sugerencias de Alberto Lleras merecen atención y un debate más serio y amplio

Después de que Darío Echandía, al comparar las realizaciones y realidades del liberalismo con los ideales que impulsó en otro tiempo en otro tiempo, encontrara solo motivos de vergüenza. Alberto Lleras, en su  discurso de Medellín, emprendió similar comparación y juzgó necesario proponer que el liberalismo retorne a algunos de sus principios originales, abandonados en el ejercicio del poder.

Sus análisis, apoyados en una visión del pasado nacional sin duda menos arbitraria de la que gustan promover Alfonso López Michelsen e Indalecio Liévano Aguirre, lo llevan a afirmar que existe en el país una 'monarquía institucionalizada”, un "régimen aparentemente liberal y con un disfraz de democracia organizada", y a subrayar las tendencias al autoritarismo del ejecutivo, a la pérdida del poder de los órganos legislativos y a la reducción del papel de los ciudadanos en el manejo del país.

Sería fácil descartar los puntos de vista de Lleras, en vista de que constituyen lo que podría llamarse el vestido dominguero del liberalismo, su traje de fiesta, tan distinto al atuendo de trabajo de los gobiernos liberales. Pues no es solo el gobierno de Turbay el que ha renunciado a toda genuina inspiración liberal, ni los radicales mencionados por el ex presidente los únicos que a nombre del liberalismo violaron derechos ciudadanos: la misma presidencia de Alberto Lleras podría contrastarse con los ideales democráticos y antipresidencialistas retomados ahora.

Pero lo cierto es que los aspectos democráticos y liberales del partido liberal, así hayan encontrado limitada realización, han llegado a incorporarse a nuestra tradición política, y una de las principales exigencias del proceso político actual es precisamente la de poner en práctica y hacer reales las promesas democráticas tantas veces frustradas. Y dentro de esta perspectiva, las sugerencias de Lleras merecen la más cuidadosa atención y el más amplio y serio debate.

 Estas propuestas se refieren únicamente a aspectos de organización del Estado y, como lo señaló Alberto Mendoza en El Espectador, nada se dice de los problemas económicos o sociales del país. Pero no sería conveniente que quienes defienden un cambio democrático y una transformación de la sociedad colombiana volvieran a caer en el ingenuo economismo de los años 70, cuando todas las cuestiones políticas se consideraban apenas reflejo secundario de unas estructuras y problemas económicos no siempre bien comprendidos. Solo a través de una acción política y de una intervención activa en los problemas derivados del poder estatal podrá promoverse el cambio económico o social.

Incluso, como lo señalé en otra ocasión, más grave que la desigual distribución del ingreso resulta en estos momentos la más concentrada distribución del poder político, que deja por fuera de toda participación en la orientación de la política nacional a la inmensa mayoría de la población y ha institucionalizado un sistema político que impide y obstaculiza el desarrollo de toda forma real de democracia.(1)

CONCENTRACIÓN DE PODERES

Las propuestas de Lleras están orientadas a disminuir el poder "monárquico" del presidente, a aumentar la participación ciudadana en la vida política, y a dar nuevos poderes al legislativo.

Sugiere en concreto establecer algún tipo de régimen parlamentario, con un jefe de gobierno que responda a las mayorías del Congreso y este sujeto a votos de censura. Las elecciones populares de alcaldes y gobernadores contribuirían simultáneamente a reducir los poderes del presidente y a permitir a los colombianos un ejercicio mayor de sus poderes políticos

Y reformas al sistema electoral, para reemplazar el sistema de listas por el de circunscripciones unipersonales mas reducidas y para introducir algún proceso previo electoral en la escogencia de los mismos candidatos de los partidos. Por último, sugiere plebiscitos sobre "ciertas cuestiones vitales, dentro del régimen municipal, del departamental, del nacional”, para que tales asuntos sean sometidos a consideración de todo el país.

Es evidente que si se adoptaran tales mecanismos se reducirían algunos de los vicios más notables del sistema político actual, aún si no se tiene mucha fe en los textos constitucionales. Carlos Lleras Restrepo comentó que buena parte de los vicios del clientelismo eran atribuibles, no al régimen presidencialista establecido por la Constitución, sino a las prácticas políticas, y puso como ejemplo la autonomía que deberían tener gobernadores y alcaldes para nombrar sus colaboradores, sin interferencia presidencial.

Pero justamente en el texto constitucional que permite al presidente nombrar y remover libremente a los gobernadores se encuentra la base real de la práctica mencionada, pues en un contexto político como el actual un gobernador que no interprete los deseos del presidente en cuanto a la repartición burocrática sabe que no puede permanecer en su cargo. En realidad, la elección popular de alcaldes y gobernadores constituiría una descentralización real de poderes y una limitación al poder presidencial. Es práctica casi universal en los regímenes democráticos, y ha demostrado que conduce a administraciones más responsables y sujetas al control de los ciudadanos.

PLURALISMO GENUINO

Abriría además la posibilidad de una diversificación mayor de las opciones políticas del país, de un genuino pluralismo, al coexistir administraciones locales de diversa orientación política e incluso, lo que hoy es imposible, (pues hasta los gobernadores u alcaldes de filiación política distinta a la del presidente son sus agentes) divergentes de la del ejecutivo nacional. Las objeciones hechas a esta propuesta han sido superficiales o basadas en una visión antidemocrática de la política: la comparación con el régimen federal, hecha por varios columnistas, es del todo inválida, pues la propuesta no conlleva necesariamente los amplios poderes entonces conferidos a los estados; la sugerencia de que no se elegirían los "más honestos y capaces", como afirmó Turbay, puede ser cierta, como lo prueba la elección presidencial de 1978, pero sobre esa base no podría establecerse nunca un régimen democrático»

A la larga, por supuesto, los riesgos de que un alcalde sea controlado y elegido por procedimientos clientelistas son similares a los que existen para la elección de cualquier funcionario público, con la diferencia de que su gestión, por corresponder en forma más inmediata a los intereses de los ciudadanos, estaría obligada a exhibir resultados más visibles que los parlamentarios escogidos por los sistemas actuales, y de que por la misma razón constituiría un ejercicio de educación en la participación política, más productiva a la larga que el actual rito cuatrienal de confirmar un presidente y elegir unos parlamentarios que el votante no conoce y a los que no puede exigir ninguna responsabilidad.

No se ven tampoco las razones para proponer que sólo las capitales de departamento tengan alcaldes elegidos por el voto de sus ciudadanos. También en los demás municipios del país es conveniente que la administración refleje un consenso local, y que los ciudadanos aprendan, aún mediante sus errores, a tomar parte en las decisiones políticas, sin contar con que se crearía una desigualdad de derechos constitucionales entre los capitalinos, titulares de un nuevo derecho que se niega a los demás.

FORMAS DÉ AUTOGOBIERNO

Señala Alberto Lleras que la elección de alcaldes y gobernadores “resolvería el problema de la descentralización, que se viene tratando sin esperanza" Ayudaría, pero para que este tipo de elecciones no conduzca a conflictos insolubles sería preciso modificar simultáneamente las atribuciones de los organismos municipales, departamentales y nacionales, para que alcaldes y concejos municipales, gobernadores y asambleas puedan obrar dentro de un margen razonable de autonomía y sin que un gobierno nacional de diferente orientación haga su acción imposible. Sin una verdadera descentralización, en buena parte administrativa y también política, la reforma sería inocua, cuando no contraproducente: ¿cómo podría elegirse razonablemente a un alcalde de un sector opuesto al gobierno, si este sigue controlando la mayor parte de los recursos y si continua vigente en todas sus formas el centralismo actual?   

En este tema, sobre el cual podrían hacerse amplias consideraciones adiciónales, la experiencia italiana debería tenerse en cuenta, pues allí la autonomía regional y municipal ha conducido a administraciones más eficientes, así como al desarrollo de formas que podríamos llamar de autogobierno con una amplia participación popular en la toma de decisiones sobre asuntos locales 

En cuanto a los asuntos electorales es evidente que la democratización interna de los partidos políticos es un presupuesto de la democratización política del país, pero esta es una responsabilidad que corresponde directamente a los partidos, en la cual no es conveniente que intervenga el Estado o la ley. El sistema de planchas, con partidos que son en el fondo juntas de notables que seleccionan los candidatos y luego, mediante procedimientos del tipo más diverso y en los cada vez pesan más los menos democráticos, buscan una confirmación más o menos pasiva de los electores, contribuye a la apatía ciudadana, permite la llegada al Congreso de candidatos por los que nadie votaría, etc. 

Pero, como argumenta Lleras Restrepo, constituye la base de un sistema de representación proporcional que permite la expresión de las minorías y hace que los órganos legislativos reproduzcan en forma aproximada la situación de la opinión política. La creación de circunscripciones uninominales, es cierto, haría más responsables a los parlamentarios y establecería una relación más fuerte entre estos y sus electores, pero con ello un partido que tuviera el 10 o 15 por ciento de la opinión nacional podría quedar sin representación alguna en el Congreso. 

Como lo advierte Carlos Lleras, son muchas las fórmulas que pueden discutirse para mejorar en algo el sistema actual, pero la única que no introduciría una ruptura muy fuerte con la realidad política sería la simple fragmentación de circunscripciones muy amplias, quizás creando circunscripciones especiales para las áreas metropolitanas o urbanas que por su población tengan derecho a más de cierto número de congresistas. Esta división sería completamente natural, y corresponde ya a prácticas reales, al menos en el caso de las asambleas departamentales. 

 Por otro lado, un elemental gesto democrático sería aprobar el censo de 1973, pues los cambios demográficos de los últimos años han convertido a ciertos departamentos en verdaderos "feudos podridos", mientras otras regiones no tienen la presentación que les correspondería: Boyacá, Bolívar y Cesar, juntos, eligen tantos representantes como Bogotá y Cundinamarca, que tienen el doble de la población de aquellos.

LAS LLAVES DE LA CORRUPCIÓN

La idea de establecer un régimen parlamentario parece, por el momento. demasiado alejada de la tradición nacional. Parece más simple, menos envuelto, reducir los poderes presidenciales que más se prestan al abuso; dar una verdadera estabilidad a todos los empleados del Estado que no tengan "jurisdicción y mando" para cerrar una de las llaves de la corrupción política; buscar un sistema que impida a los presidentes declarar el estado de sitio ante conmociones menores; y reforzar el papel de control de los cuerpos electivos, quizás incluso especializando las funciones de los cuerpos del Congreso. En fin, adoptar una serie de medidas que todos los políticos colombianos saben cuáles son, pero nunca quieren aprobar.

Por último, no sobra insistir sobre la baja probabilidad de que tales reformas sean impulsadas por los partidos tradicionales. Estos han reforzado su mentalidad antidemocrática y manipuladora, con el auge del clientelismo y sus secuelas. Todo proceso real de democratización es una amenaza para el nuevo tipo de político que se ha ido imponiendo, y la pasividad que existe en el país ha sido en buena parte impuesta por un sistema político que penaliza el desacuerdo, la protesta, la movilización popular, y que puede hacerlo justamente por la plenitud de poderes políticos de que goza. 

No hay que olvidar que vivimos en un país con 30 años de estado de sitio, en el que la Constitución todavía da ventajas expresas a ciertos partidos políticos, en el que la acción política de grupos populares está obstaculizada por la extraordinaria concentración de la riqueza, del poder político e incluso de la información: no sólo, como lo señaló Carlos Lleras, la televisión lava el cerebro de los televidentes para endiosar a Turbay; la prensa también lo hace -sólo hay un diario que puede considerarse independiente— y la concentración de la riqueza está ayudando a concentrar la propiedad de los medios de comunicación, en especial de la prensa y la radio. Corresponde pues ante todo a los grupos políticos no tradicionales impulsar la democratización de las estructuras políticas del país. En esta tarea se empeñarán sin duda corrientes minoritarias del liberalismo e incluso del conservatismo. Con ellas deberán cooperar los nuevos sectores democráticos. Pero a estas alturas es poco probable que la liberalización del país sea asumida por el conjunto del partido liberal

Jorge Orlando Melo
Bogotá, ALTERNATIVA No. 252/80 23-25

(1) J. O. Melo, "El Frente Nacional", en Sobre Historia y Política, (Medellín 1979).