Los que, en los animados años sesenta, disfrutaban los placeres en apariencia inocentes de la marihuana no imaginaban las tragedias que traería la droga. Hubo, sin embargo, quienes vieron lo que iba a pasar. Hace 35 años, Alberto Lleras escribió un artículo en el que decía que Colombia estaba destinada a ser la corruptora de los Estados Unidos, a convertir una sociedad sana, de bebedores de leche, en un país de viciosos y drogadictos. Y Lleras veía dónde estaba el problema: la política represiva elevaba los precios y creaba un inmenso negocio, capaz de enfrentar, con corrupción o violencia, a cualquier gobierno. “La coca, que solía masticar una minoría indígena en nuestras montañas aisladas, se convirtió en artículo de lujo gracias a la política del gobierno norteamericano.” Sin prohibición, el asunto era manejable y “la mafia, claro, no puede entrar en ese negocio, porque no hay negocio”. La lógica de la prohibición, que presenta a gobiernos y políticos como defensores de la salud pública y los niños, impidió que las drogas se trataran con la sensatez con que se manejan el tabaco o el alcohol. Regulados en forma más o menos estricta, con impuestos que compensan en parte sus efectos y con mecanismos eficaces para reducir su uso, estos productos, aunque son más dañinos para la salud y matan más gente, no han producido las mafias criminales ni la violencia de la droga.

Ahora, después de 40 años de guerra, muchos reiteran lo que se sabía desde el comienzo: que la guerra contra la droga es un fracaso total, y que la prohibición es el problema. Sin embargo, no es fácil adoptar una política apropiada. En Colombia, los congresistas, impulsados por el talante autoritario del gobierno de Uribe, escribieron en la Constitución, en el 2009, la prohibición del consumo y porte de drogas. Por eso, el gobierno de Santos, que todavía en el 2011 apoyó con vigor esa norma constitucional, apenas puede ahora respaldar la propuesta inocua de permitir el uso médico de la marihuana. Esto, aunque razonable, no tiene efectos sobre el narcotráfico. Lo clave, en la yerba, es el consumo recreativo y adictivo, que solo se reduce, como lo muestran Uruguay u Holanda, con la regulación controlada del consumo.

Y el problema de fondo está en la coca, por la prohibición en Estados Unidos y Europa. Algún día cambiarán esas políticas, pero esto tomará tiempo, a pesar de las ideas sensatas de la Comisión Global sobre Drogas, de César Gaviria o Fernando H. Cardoso. Mientras tanto, lo lógico es reducir el daño de la represión y concentrar la lucha en el tráfico, venta y transporte de la hoja y sus productos, eliminando la penalización para cultivadores y consumidores. En vez de buscar que baje la oferta con la fumigación y la guerra a los cocaleros, hay que bloquear la salida de la cosecha y la llegada de compradores a las zonas de producción, tratando de quitar incentivos a los cultivadores. Y no creer que la cruzada contra la coca se gana en las ciudades, con base en mitos policiales que exageran los efectos del consumo local.

Vale la pena recordar que la peor consecuencia de la droga en Colombia fue que, desde fines de los ochenta, el negocio se convirtió en la fuente de financiación de las guerrillas y de sus enemigos locales. Sin respaldo político, las Farc han vivido treinta años con los recursos que creó esta guerra fracasada contra la droga, y encontraron una base social, pequeña, pero real, en los campesinos de las zonas de producción de coca. Si la paz se firma y las guerrillas dejan de vivir de la droga, el negocio seguirá alimentando mafias y bandas criminales. A menos que ocurra lo impensable y, como el alcohol o el tabaco, la coca se controle sin la histeria que la volvió el gran negocio del siglo XX.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 9 de septiembre de 2014