En los pasados procesos de paz (1982, 1988, 1998, para mencionar los claves), y en las actuales conversaciones, la opinión pública cambia con cada noticiero. Si uno cree en las encuestas, pasa fácilmente de un apoyo entusiasta al desencanto y la desesperación. Cuando parece que hay posibilidades de acuerdo, los negociadores anuncian avances, las guerrillas hacen cara de corderos mansos, el Gobierno responde con calma y energía a los rugidos de los grupos armados, la gente se tranquiliza y confía en que puede haber una salida a 50 años de guerra. Cuando crece la tensión, los avances son lentos, la guerrilla da la impresión de usar las conversaciones para protegerse o aumentar su capacidad militar; cuando el Gobierno parece débil y cede a las presiones, el apoyo de la población decae bruscamente. Como la información es escasa –y esto es ahora el resultado de una decisión prudente y conveniente–, son los pequeños gestos, los incidentes, las confrontaciones menores los que producen el cambio: no es fácil saber qué está pasando.

En realidad, tampoco los negociadores saben bien qué están pensando los otros. Un diálogo de paz es una forma de enfrentamiento, una confrontación en la que cada lado busca ganar algo, en la que lo que no se dice lo que se piensa. Todos, en principio, quieren la paz, pero pensar que la mutua “voluntad de paz” es lo importante es ingenuo. Una guerrilla acepta negociar cuando espera obtener más de lo que tiene que dar, y lo mismo hace el Gobierno. Cuando las guerrillas creían que tenían grandes posibilidades de aumentar su fuerza política o militar, como ocurrió con el M-19 en 1983-85, o con las Farc de 1998 al 2001, se sentaban a la mesa para usar los discursos de paz para fortalecer sus guerras. Buscaban promover diálogos nacionales sobre la economía, la desigualdad social o las limitaciones de la democracia, invitando a todos los grupos del país –los sindicatos, el pueblo, los empresarios, la “sociedad civil”– a participar, confiando en que servirían para presionar al Gobierno. Y reforzaban sus estructuras militares, creaban nuevos frentes, establecían milicias populares en las ciudades, mientras hablaban de la solución política del conflicto. Cuando, en 1988-1991, algunas perdieron su fe en un triunfo militar y vieron que podían ganar espacio político dejando las armas, lo hicieron: las ventajas de la vida civil eran mayores que los costos de una guerra sin esperanzas.

Las Farc han perdido fuerza y su presencia se ha ido reduciendo a donde el complejo social y económico de la droga favorece su supervivencia: mucho dinero, mucha ilegalidad, autoridades débiles y corruptas. Pero aunque los cinco jefes que firmaron el Acuerdo de la Uribe en 1984 han muerto, aunque solo sobreviva uno de los que firmaron el Tratado de 1986, todavía hay un grupo que se formó en medio de las utopías revolucionarias, de los confusos anhelos de lograr una sociedad justa. Por eso, los dirigentes históricos de las Farc no pueden resignarse a perder esta última oportunidad de dedicar su vida a hacer política, antes de que una generación formada en medio de la droga los reemplace. Aunque busquen reforzar su credibilidad política y protegerse, aunque crean que deben aprovechar la razonable negativa oficial a un cese mutuo del fuego para ganar batallas locales y consolidar su poder armado, lo que ha pasado en La Habana muestra que están más cerca de llegar a un acuerdo final que antes. Y aunque la firma de la paz no acabe con el narcotráfico ni con la violencia, no resuelva los problemas de la economía o la injusticia social ni funde una nueva democracia, aunque no sepamos ni nos imaginemos cómo sería vivir en un país sin guerra, vale la pena ensayarlo.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 21 de noviembre de 2013