Como en dos casos anteriores –en 1992 y en el 2002–, un secuestro ha interrumpido las negociaciones de paz con las Farc. Esta vez parecía que el compromiso mutuo era que, puesto que la guerra seguía, nadie se levantaría de la mesa por ese hecho. El Gobierno, con razón, no ha aceptado la repetida propuesta guerrillera de un cese del fuego mutuo: no podía dar a las acosadas Farc dos o tres años de tregua que las fortalecieran, suspendiendo las operaciones contra ellas mientras duraran las negociaciones.

Sin embargo, en las bien pensadas reglas acordadas para la negociación no se definieron, en forma clara y solemne, las obligaciones de respeto al Derecho Internacional Humanitario, ni se precisó qué tipo de acciones militares –secuestros, ataques a civiles– se juzgarían inadmisibles. Una razón, tal vez, fue no molestar a los militares: después de ocho años de negar que hubiera conflicto interno, invocar las reglas internacionales para el conflicto interno podía ser irritante. Y pactar de modo expreso el fin de los secuestros de civiles, sin aclarar qué pasaría con los soldados retenidos en acciones militares, podía parecer una invitación oficial a que la guerrilla los tomara como blanco legítimo. Por esto, muchos quedamos con la impresión de que había faltado algo: decir que las Farc renunciaban por completo al secuestro de civiles y de militares por fuera de combate y que esto era parte de las reglas de la negociación.

Al levantarse de la mesa, el Gobierno, en sentido estricto, se aparta del acuerdo implícito establecido y que reiteró en varias ocasiones, pero lo hace porque la situación política no le permite seguir apareciendo como tolerante de actos de las Farc que van contra las reglas de la guerra. La opinión puede ponerse fácilmente contra las negociaciones, como en el 2002, y las Farc parecen hacer lo posible para lograrlo.

En todo caso, vale la pena recordar que la negociación no les da razón a las guerrillas. Si hoy se negocia con ellas no es porque el país haya aceptado que hicieron bien al comenzar esta guerra, que tanto ha costado. Es posible que entre los textos de la comisión que estudia las causas del conflicto alguno intente justificar este medio siglo de violencia, alegando que la guerrilla actuó obligada por las injusticias que había en el país. Pero esto ya no convence a nadie: las injusticias existían, y algunas existirán por mucho tiempo, sin que esto haga legítimo que algunas personas agarren un fusil y se lancen a una guerra sin fin. La lucha armada fue una respuesta absurda a problemas reales, que produjo decenas de miles de víctimas, que hizo que los recursos que habrían podido dedicarse al avance social tuvieran que servir para fortalecer las Fuerzas Militares, que debilitó la democracia y destruyó casi por completo las organizaciones populares. Y produjo respuestas igual de dañinas: el paramilitarismo, las desapariciones, las torturas, las formas de guerra sucia, que a su vez han servido de excusa para las razones irracionales de la guerrilla.

El martes en la noche, en un acto conmovedor, la Ruta Pacífica de las Mujeres, un grupo que hace 18 años lucha contra la guerra, recibió el Premio Nacional de Paz. Piden que la negociación siga, y que ojalá este impasse sirva para acordar unas reglas humanitarias más precisas para los dos o tres años de conversaciones que pueden quedar. Lo hacen no porque crean que la guerrilla tiene algo de razón, sino porque saben que, en un país con nuestra geografía y con los recursos del narcotráfico, las guerrillas pueden sobrevivir mucho tiempo, y una o dos décadas más de lucha armada la pagarán sus hijos, con muertes y sufrimiento. Y por eso repiten en coro: “No parir más hijos para la guerra”.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 20 de noviembre de 2014