Hace cuatro años, los indios del Cauca intentaron echar de sus tierras a guerrilleros y militares. El presidente Uribe dijo que no toleraría republiquetas de delincuentes y después de algún forcejeo los indios se resignaron a convivir con una fuerza pública que está allí "para protegerlos", pero que de hecho no ataja a la guerrilla: son grupos pequeños, símbolos de soberanía estatal que están a veces en los pueblos porque en zonas más estratégicas, en los pasos de montaña que usa la guerrilla, no lograrían defenderse. La guerrilla vacila antes de atacarlos, por el costo político de golpear a la población civil: los vecinos se vuelven más hostiles y la opinión rechaza la barbarie guerrillera. Aunque se busca que Policía y Ejército protejan a la población, de hecho esta les sirve de escudo.

Cuatro años antes, las guardias indígenas sacaron a la guerrilla de varios lugares y recibieron por ello el Premio Nacional de Paz del 2004: al adoptar un pacifismo radical -no queremos a nadie armado y estamos dispuestos a enfrentarnos sin armas a las Farc-, pusieron contra la pared a una guerrilla desacreditada (no estaba muy lejos la catástrofe de Bojayá), que no se animaba a disparar contra indios armados de palos. Pero ocho años de desgaste los han endurecido y desilusionado: los puestos de policía y una presencia militar insuficiente son tentadores bocados para una guerrilla que necesita elevar su moral y quiere mantener en disputa una zona útil para el narcotráfico. Los indios alegan otra vez su autonomía y anuncian que sacarán a todos los grupos armados -legales o ilegales- de sus tierras: si lo que ganamos con tener Policía y Ejército es más guerra, renunciaremos a la protección del Estado y asumiremos nuestra propia defensa. Se apoyan en las normas que les dan un estatus especial, en las formas recientes de autonomía que les prometen un futuro como comunidades y culturas, en la idea de que han sido víctimas durante 500 años, y en la experiencia de que la retórica de protección los mete en una guerra que no es de ellos.

El Gobierno no puede aceptar estos argumentos. Tiene que proteger a todos los ciudadanos, y estos no pueden alegar la incapacidad oficial para expulsar a los representantes del Estado y defenderse solos, aunque en este caso sea, a diferencia de otras formas de autodefensa, sin armas. El Estado sabe que la guerrilla no se someterá a un tratamiento igual y que tarde o temprano el retiro de la Fuerza Pública llevará al control de la guerrilla, que los indígenas no podrán evitar. Por eso, tiene razón en insistir en que no se retirará.

¿Cómo manejar dos razones válidas, pero contrapuestas? Es posible que se busque una solución judicial, pero sanciones y fallos que respalden el argumento del Gobierno producirán solo resentimiento y odio, y la infiltración del narco o la guerrilla, menor entre los indios que en el resto del país y en el mismo Estado, se volverá real. Nada sirve más a la guerrilla que una ruptura entre las comunidades y el Gobierno, que además haría daño inmenso a la imagen del país. Por otra parte, los indios, aun si sacan a los soldados usando sus manos solas, verán cómo su triunfo los derrota ante la opinión, que terminará apoyando a esos soldados estoicos que no contestan las ofensas de los indígenas con balas, y reviviendo sus prejuicios contra la barbarie y la prepotencia de los indios.

Hay que encontrar, de común acuerdo y apoyándose en las autoridades indígenas, una solución a fondo, que reemplace la presencia simbólica del Estado, los gestos y declaraciones retóricas, por una presencia real, social y de seguridad, convenida entre Gobierno y comunidades, y que baje el riesgo a los particulares. La soberanía se recupera sacando la guerrilla de la zona, y en esto el interés del Gobierno y el de los indios coincide.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 19 de julio de 2012