La decisión de la Corte de La Haya sobre San Andrés ha hecho que muchos se pregunten quién tuvo la culpa de lo que pasó.
Como es más fácil predecir el pasado que el futuro, ahora todos saben lo que se debía hacer. Sin embargo, las propuestas de líneas diferentes de acción, en 1969, 1980 o el 2001, están llenas de vacilaciones e incertidumbres. Los que escogieron, seguramente de buena fe, ir a la Corte y defendieron al país con seriedad y profesionalismo sabían que se corrían riesgos pero que negarse a ir podía llevar a resultados peores. Hoy sabemos lo que pasó, pero no qué habría ocurrido si en el 2001 nos negamos a ir a la Corte: quizás, al no podernos defender, estaríamos llorando hoy la pérdida de algún islote más.

El problema es que mientras nuestra posición era fuerte en relación con las islas, era muy débil en cuanto a la zona económica. Probablemente el peor error colombiano fue creer que el tratado de 1928 le daba derecho a una zona marítima distinta de las aguas territoriales. Sabemos qué decía ese tratado: que las islas del archipiélago eran de Colombia y que ese archipiélago no iba más allá del meridiano 82. Para todo el mundo se estaba hablando de territorios e islas y no de plataformas submarinas o zonas exclusivas económicas, conceptos que no existían.

No he podido encontrar, de 1930 a 1969, ningún documento colombiano que diga que el tratado Esguerra-Bárcenas da una zona económica exclusiva a Colombia o delimita la frontera marina. Todavía en 1972 el canciller Vázquez Carrizosa entendía que el tratado y su nota hablaban de las "islas, islotes y cayos" al occidente del meridiano 82, y no de delimitaciones marítimas.

La versión más antigua que he visto de esta fantasía es de 1969.
El embajador Alfonso Angarita, en nota al gobierno de Nicaragua, dice que Colombia quiere hacer "una formal declaración de soberanía en las áreas marítimas situadas al oriente del meridiano 82, en especial para los efectos de exploración o explotación de la plataforma submarina y de los recursos vivos del mar". El clarividente canciller que podía estar detrás de esto era Alfonso López Michelsen, que en 1977 dijo que el tratado de 1928 era una "delimitación anticipada de las áreas marítimas" de los dos Estados. López le atribuía al tratado un carácter profético que podía cambiar retrospectivamente su significado. Y Colombia estaba tan lejos de pensar en esto que en 1970, cuando ya peleábamos con Nicaragua por ese mar, y en forma incoherente con la solemne declaración del embajador, no firmó la declaración de Montevideo a favor de la zona económica de 200 millas.

Solo en 1979 y 1980, parece, a alguien se le ocurrió gritar con entusiasmo que éramos dueños de un mar inmenso. Nadie se preocupó por leer el tratado, que no menciona aguas, y nos creímos esa ilusión que produce ahora grandes decepciones.

Por esto es absurdo que ahora se proponga no sólo ver quién cometió los errores, sino procesarlos y hasta castigarlos. Quizás podamos sancionar a los culpables, a los ministros y presidentes que por más de 30 años se equivocaron y fueron a la Corte. Pero no hay que olvidar que el fallo no cambió ninguna frontera, pues esa frontera (si es que es frontera, como la que separa el mar territorial de la alta mar) era una fantasía, quizás imaginada por Angarita o López.

Y hay que recordar que las constituciones no obligan a otras naciones. Nicaragua puede decir en la suya que es dueña de la plataforma submarina, sin que esto le dé derecho contra Colombia. Que la Constitución no permita modificar las fronteras sino por tratados es algo que tenemos que cumplir, pero no podemos alegar una norma interna y perseguir a los presuntos violadores de ella para no cumplir el fallo. Eso sería entrar en nuevos mares, más agitados que los que ya hemos navegado en estos años. 

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 20 de diciembre de 2012