Para los políticos las palabras son con frecuencia armas que se manipulan para lograr resultados. Por eso, muchas veces tratan de que su sentido cambie, buscando que quieran decir lo que a ellos les parezca, y a veces lo logran. Como lo mostró Orwell, los políticos convierten con frecuencia el idioma en un sistema enfermo de comunicación, que trata de cambiar la realidad cambiando los términos. En su sátira del comunismo, uno de los elementos centrales era la forma en que en Rusia Soviética alteraban el sentido de las palabras para hacer difícil usarlas en forma neutral e independiente.

El término “conflicto interno”, en el español normal y correcto, en el lenguaje usual de la historia y las ciencias sociales, en el lenguaje del derecho internacional, expresa un hecho, una realidad verificable: dentro del país (y eso quiere decir “interno”, aunque el conflicto tenga muchas causas y consecuencias internacionales) hay unos grupos armados, que luchan contra el estado y la sociedad, con alguna continuidad de mando y cierta capacidad de acción.

Darle ese nombre no implica aceptar que se trate de un conflicto justificado, que las guerrillas hagan algo como una guerra justa. Sabemos que es una lucha sin razones ni apoyo social, que subsiste en gran parte porque se apoya en negocios de delincuencia común, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, y que viola habitualmente el Derecho Internacional Humanitario. Y uno de los esfuerzos más frecuentes de las FARC es tratar de esconder lo que hace cambiando las palabras: los secuestros son "retenciones", la extorsión es un “impuesto revolucionario” y la negociación y liberación de un secuestrado es un “intercambio humanitario”.

En términos de derecho internacional, si hay un conflicto interno (lo que es una cuestión de hecho, que se examina objetivamente, y lo que diga cada Estados sobre su situación propia no tiene importancia para la aplicación de los Convenios de Ginebra en este punto) rigen los principios del Derecho Humanitario y es posible reclamar a la guerrilla que se atenga a sus normas, que no ataque o secuestre civiles, por ejemplo. Pero decir que hay un conflicto interno (o reconocer que los grupos armados tienen algunos objetivos políticos, como los tienen los grupos paramilitares), incluso si se pone en una ley, es algo que no da ningún derecho a las guerrillas, que no produce ningún efecto jurídico internacional, ni les permite establecer oficinas en otros países, ni les da el carácter de beligerantes. Un reciente estudio de la profesora de EAFIT Carolina Ariza, Los avatares de una guerra innominada, prueba esto en forma muy sólida.

Muchas personas, sin clara idea de los aspectos pertinentes del derecho internacional, creen que las cosas cambian cuando cambian las palabras y que la mejor manera de acabar con el conflicto interno es eliminando la palabra. Como los ideólogos de la guerrilla, suponen que al decir que hay conflicto interno se les está justificando, o se modifica su tratamiento penal o político, o se abre el camino para que reciban ayuda de otros gobiernos, o se prepara algo política y jurídicamente imposible: que algún país vecino les reconozca beligerancia.

Creen también que aceptar que hay un conflicto interno permitirá a Venezuela dar más apoyo a la guerrilla, como si no hubiera habido más tolerancia para esta cuando nuestra relación con ese país era más furiosa y paranoica. Ahora la política internacional tranquila y realista, sin fetichismos semánticos, está logrando que el gobierno vecino, no importa qué términos use, coopere con el gobierno colombiano y haga cosas que perjudican a la guerrilla.

A las FARC eso no les conviene y no les gusta, pero no pueden hacer mucho para cambiarlo. A menos que alguien les haga el favor de arruinar otra vez las relaciones con Venezuela...

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 12 de mayo de 2011