Los anuncios de paz traen repeticiones. El Gobierno, como cada vez que empiezan negociaciones, reitera que no se cometerán los errores de antes. Esto quiere decir que no se volverá al Caguán, ni se suspenderán las acciones militares para facilitar el diálogo, ni se liberarán guerrilleros presos a cambio de ilusiones grandes o pequeñas, y que el apoyo a los militares no estará unido a mensajes equívocos sobre derechos humanos, como los que sugerían que el Ejército no podía ganar la guerra porque la "procuraduría" o los "derechos humanos" no lo dejaban actuar con impunidad y eficacia. Y ojalá que, como pasó en 1993 y el 2002, no se rompan los diálogos porque la guerrilla hizo algo que no se había comprometido a no hacer. Pero puede (si el documento de La Habana de febrero sirve de indicación) que se repita el error de discutir problemas substanciales en la mesa de diálogo, lo que da a la guerrilla una representación política que no tiene.

Basta que se anuncien las conversaciones para que reaparezcan los argumentos de siempre: las columnas estridentes que insisten en que toda conversación es una traición, un gesto pacifista que da ventajas a la guerrilla, o las que convierten la necesidad de paz del país en argumento a favor de sus posibilidades. Y no es sino empezar conversaciones secretas para que sus detalles aparezcan en toda parte.

La idea de unas conversaciones reservadas parece exótica para los negociadores colombianos, que nunca resisten la tentación de soltar algo para sus amigos periodistas.

Las negociaciones de paz son difíciles y de resultados inciertos: nadie sabe qué piensan las diversas fracciones de las Farc (y casi todos los análisis las tratan como una guerrilla monolítica), ni cómo van a reaccionar ante la negociación: mientras que esta puede ser una oportunidad de reincorporarse a la sociedad para los dirigentes más políticos y con una visión realista de la derrota histórica de la guerrilla, para los sectores militaristas puede ser una nueva ocasión de medir la fuerza del Estado o lograr ventajas para la guerra o la droga.

Y es complicado calcular el impacto en las guerrillas de propuestas de cumplimiento inmediato de las normas de derecho internacional humanitario o de creación de mecanismos para verificar asuntos como el secuestro de civiles o el reclutamiento de menores. En los procesos anteriores muchos se opusieron a cualquier acuerdo en este sentido dizque porque esto equivalía a "regularizar" la guerra y aceptar que se prolongaría, como si, no importa lo que se demore lograr la paz, no sea mejor una guerra menos sucia y menos cruel. Y muchos argumentaron que por definición toda guerra es sucia, como si no existieran diferencias entre ellas.

El ruido y la alharaca son parte del estilo habitual del país, y seguramente las negociaciones se harán en un ambiente de insultos, acusaciones y denuncias retóricas. Esto es inevitable, pero por lo menos valdría la pena que quienes discutan e informen acerca del proceso traten de mantenerse en el mundo de los argumentos, de la evaluación de posibilidades, de las realidades más que de las percepciones, de los hechos más que de los sentimientos y las suposiciones.

Y que el Gobierno dé una información confiable sobre la violencia, la frecuencia de los actos guerrilleros y su impacto en la población -secuestros, amenazas, extorsiones, homicidios-, para que la discusión sobre seguridad no dependa de los que promueven la sensación de inseguridad y después usan esta percepción como prueba de que la seguridad está decayendo.

En las negociaciones de paz las apariencias tienden a volverse parte de la realidad. Pero lo sano es mantener la calma, la paciencia, la tranquilidad ante un proceso que puede tomar años, pero que es mejor comenzar de una vez, sin ilusiones pero sin desesperación.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 30 de agosto de 2012