La Constitución de 1991 creó grandes ilusiones: la descentralización daría más poder a los ciudadanos y acabaría con el asfixiante centralismo heredado de la Regeneración; la corrupción se eliminaría con el debilitamiento de los partidos tradicionales y el fin de los auxilios parlamentarios; los ciudadanos tendrían sus derechos bien definidos y respetados; el equilibrio de poderes reemplazaría la monarquía presidencial de que hablaba Alberto Lleras y la democracia sería participativa y hasta directa.

Algunos resultados fueron notables, como ocurrió con los derechos de las personas y los mecanismos para defenderlos: la tutela se convirtió en un instrumento favorito de protección y la idea de que todos tenemos los mismos derechos es aceptada por todos. Pero la descentralización produjo una nueva oleada de corrupción local, el sistema judicial siguió tan ineficiente como siempre y los mecanismos de control legal o administrativo del Estado no funcionaron: la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o la Contraloría acabaron paralizadas en un caos de competencias sobrepuestas. Y, sobre todo, el modelo político no nos llevó a una ciudadanía más activa.

Ahora los electores que se interesan por la política, apenas la mitad de los adultos, participan cada cuatro años en unas elecciones en las que tratan de adivinar, por la cara de los candidatos o su habilidad para hablar en un debate, si son honestos y serios. Como los partidos desaparecieron, y los reemplazan tiendas de campaña temporales, los ciudadanos no escogen entre programas o proyectos de sociedad. Parecen votar, ante todo, por temor a la violencia y por un sentimiento vago sobre el estado de la economía (Paz y Pan) o por promesas clientelistas, que son el sostén de la votación por candidatos locales.

Como la Constitución decepcionó, los congresistas se han empeñado en arreglarla: en menos de 25 años tiene ya más remiendos que la Constitución de USA, que va a cumplir 250 años. Y ahora, para corregir los males de la reelección, aprobada en el 2005 a pesar de todas las advertencias de que corrompería al Gobierno y haría que los recursos de todos se pusieran al servicio de los candidatos en el poder, se discute una nueva reforma que extiende el período de los alcaldes, los gobernadores y el Presidente a cinco o seis años. Para que las fechas cuadren, habrá que extender el período de los alcaldes actuales hasta 2018 (un buen premio para los bogotanos por su apoyo a la reelección), y extender después los períodos del Legislativo y de miles de cargos más. La idea es que los lentos pero buenos alcaldes o gobernadores –probablemente los menos– no logran cumplir sus programas en cuatro años, y más con leyes de garantías que no los dejan trabajar. (Aunque si se quita la reelección esto se resuelve solo.)

Pero la solución es peor que la enfermedad: los malos gobernantes tendrán más tiempo para montar sus maquinarias corruptas y exprimir el presupuesto, y los ciudadanos desesperados tendrán que esperar más para librarse de ellos. Y la participación política será reemplazada por mecanismos como la revocatoria y la destitución, poco eficaces y que cambian elecciones por tribunales.

En realidad, la propuesta hace lo que les gusta a los políticos, pues lleva a una democracia con menos pueblo. Si nos inquieta que la gente no participe, pues que participe menos. Hace años se quitaron las elecciones de mitaca, que permitían a los votantes mandar un mensaje al Gobierno cada dos años: ahora deberán esperar seis para mostrar lo que piensan. Por esto, esta reforma será aprobada con gran entusiasmo, hasta que alguien, en unos años, insista en que debemos tratar de tener una democracia con más pueblo.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 12 de agosto de 2014