Este año, el Premio Nacional de Paz, del que he sido jurado, lo recibieron dos comunidades muy especiales. En San Carlos, un pueblo antioqueño sin mucho conflicto social, pero con una historia de protesta cívica contra las empresas de energía, guerrilleros y paramilitares convirtieron a sus habitantes en víctimas o participantes forzados de su pelea por controlar una zona de paso hacia el Magdalena medio. Allí no había caldo de cultivo para la revolución, ni terribles explotadores: había ricos y pobres, que convivían sin mucha dificultad, e hidroeléctricas cuyas tarifas parecían injustas. En 1998, cuando Farc y Eln trataron de dominar la región, y los paramilitares paisas y sus amigos decidieron recuperar las zonas con influencia de guerrilla antes de que los diálogos del Caguán crearan condiciones irreversibles, este pueblo tenía 28.000 personas. En el 2005, cuando los 'paras' parecían haber ganado y estaban negociando en Ralito quedaban 15.000: los otros se habían ido sobre todo a Medellín, por las masacres, asesinatos y violencias de cinco años terribles.

Los habitantes de San Carlos decidieron volver y, con el apoyo de una administración municipal sensata, de la alcaldía de Medellín y de otras entidades públicas y privadas, están regresando a sus veredas, a sus casas sin techos ni paredes, a sus pequeñas y medianas propiedades, a vivir la vida que conocen y saben disfrutar. Ha sido ante todo un trabajo de solidaridad social: se apoya en la confianza mutua, en creerles a los demás, en la idea de que lo que ayuda a los otros acabará sirviéndole a uno, en la tozudez de maestros, tenderos o campesinos cuyo individualismo no impide el trabajo en comunidad y cuyo heroísmo está en aguantar mucho y en trabajar todos los días, sin descanso, por recuperar la paz, la modesta paz que permita sentarse en calma a ver los árboles desde el corredor embaldosado de sus casas.

En otro sitio muy distinto, algunas mujeres de un barrio lleno de desplazados y de víctimas de la violencia, en Barrancabermeja, tratan de hacer su pobreza menos agobiante, más soportable: juntan sus billeteras desprovistas para mercar juntas, encuentran la fuerza del apoyo mutuo, consiguen descuentos, ahorran unos miles de pesos cada mes y los usan para prestarlos a jóvenes que quieren estudiar o a tenderas o artesanos quebrados por las extorsiones de guerrillas o 'paras'. Como no tienen para comprar uniformes, recuerdan que pueden coser y que saben hacer muchas cosas que la economía de consumo les ha hecho olvidar. En casi 20 años de esfuerzo han apoyado a decenas de negocitos, han prestado con qué educar a centenares de jóvenes, han creado empleo y, sobre todo, han hecho que la gente descubra que tiene motivos para creer y confiar en sí misma.

Hace años, los simpatizantes del cambio social se habrían burlado de esto: ponerle paños de agua tibia al sistema ayudaba, decían, a retrasar la revolución: había que movilizar a la gente para cambiar las estructuras, para que el Estado distribuyera la propiedad, atendiera a las víctimas de una y otra desgracia, diera gratuitamente los servicios a todos. Las autoridades montaron muchos programas para crear empresas familiares y promover empleo: el dinero se perdió casi siempre por la ineficacia, el clientelismo o la corrupción estatal y la actitud mendicante de los beneficiarios, que querían mostrar lo mala que era la ayuda oficial.

Estas mujeres creyeron que había que empezar ayudándose unas a otras, asumiendo su responsabilidad y, sobre la base de lo que ya habían hecho, conseguir apoyo de la iglesia, el Estado o entidades privadas o internacionales. Hoy no están solas, pero la ayuda que reciben les sirve porque manejan sus asuntos con independencia y dignidad, y seguras de que la paz hay que basarla en la solidaridad y en el trabajo unido de todos.

Jorge Orlando Melo
Publicado en El Tiempo, 25 de noviembre de 2011